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La crisis Covid y la inflación hunden los salarios más bajos

Según un estudio de la Fundación La Caixa las rentas más bajas vuelven a caer, empeorando su evolución desde la crisis de 2008. El golpe a los salarios provocado por la inflación de 2021 profundiza la desigualdad en el Estado español.

Juan Carlos Arias

Martes 18 de enero
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Según el estudio realizado por la UNED para la Fundación La Caixa la desigualdad social dibujaba un panorama devastador en los sectores sociales más humildes, que no se había cerrado tras la brecha abierta en la crisis de 2008. Y, sobre esa brecha, se ha superpuesto la gran recesión consecuencia de la covid-19 que ha cronificado los males endémicos de desigualdad y precariedad. Así, los dos profesores responsables del estudio, Olga Cantó y Luis Ayala, han destacado que “la peor evolución la han registrado las rentas más bajas y la mejor las más altas”.

La crisis sanitaria añadió leña al fuego y el golpe del virus sobre la economía agrandó la fractura. El estudio enfoca el análisis en que la inequidad creció con fuerza en el Estado español y a mayor ritmo que en el resto de los estados europeos. Así, el bloque de población que cuenta con ingresos medios se ha reducido respecto a hace 30 años. Siendo muy inferior, además, al tamaño que tiene ese bloque de población respecto a los países más ricos de la UE, lo que ha generado una situación de rentas más polarizadas.

Como contraposición, las rentas del capital no han parado de crecer de manera acelerada. Así las empresas del IBEX 35 ganaron hasta noviembre de 2021 40.300 millones, duplicando los beneficios de 2019.Ya en el primer trimestre de 2021 se habían recuperado del golpe de la crisis sanitaria y ganaban 12.750 millones. Y los resultados obtenidos en las Bolsa no han parado de crecer en ningún momento de la pandemia, alimentados, entre otras cosas, por las políticas monetarias expansivas del BCE.

Por otra parte, ingentes fondos públicos han sido destinados por el Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos para regar el tejido productivo, con la excusa de que no se cerrasen empresas, con miles de millones –unos 150.000 millones–. Ayudas destinadas a préstamos subvencionados y avalados, exoneraciones de cuotas de Seguridad Social, ERTEs y ayudas directas a empresas y sectores estratégicos. Esto ha servido también para que las empresas, sobre todo las grandes, capeasen el temporal sin mayores inconvenientes y prácticamente sin contrapartidas. Y los fondos europeos del Next Generation por 140.000 millones –72.000 a fondo perdido–, también se dirigirán hacia las empresas que harán de locomotoras de los grandes proyectos estratégicos denominados PERTE.

Frente a esa realidad las trabajadoras y los trabajadores apenas han recibido ayudas de este Gobierno, “el más progresista de la historia” que dijo que no dejaría a nadie atrás por la pandemia. El Ingreso Mínimo Vital tenía presupuestados tan solo una partida de 2.728 millones de euros para 2021, un gasto claramente insuficiente para atender las necesidades sociales de ingresos generadas por la pandemia, de los cuales hasta septiembre solo había ejecutado 1.402 millones (51,39%), pese a haberse producido millón y medio de solicitudes. Por otra parte, los ERTE, en realidad una ayuda a las empresas sin apenas condiciones para servirse de mano de obra a barra libre, supone para las y los trabajadores una reducción del 30% de salario.

La encuesta de estructura salarial del INE pone negro sobre blanco esta gran diferencia social que viene de atrás. En 2007 el salario más bajo registrado era de 14.000 euros anuales brutos (1.000 euros mensuales), lo que suponía un 31% menos que la media de los salarios. En 2019, último año del que se dispone de datos y, por lo tanto, antes del tsunami económico desencadenado por el coronavirus, el salario menor apenas había variado a los 14.561 euros (1.040 euros mensuales). Pero lo que sí había aumentado considerablemente era la diferencia con la media que se agrandó al 40%. Es decir, los salarios más bajos se vieron considerablemente lastrados, incluso antes de la pandemia, por no crecer apenas respecto a los sueldos más altos y medios. Esto se agravó con la crisis por el gran confinamiento, que atacó fundamentalmente a la economía sumergida y a los empleos temporales y precarios de sectores en los que no era posible implantar el teletrabajo. Sectores sobre los que se descargaron los ERTE y los despidos que atacaron directamente sus medios de vida. Solo en los primeros meses –hasta finales de abril– se despidieron a 947.896 afiliados, a los que habría que agregar los que trabajaban en la economía sumergida que no quedaron registrados. Por otra parte, 3,6 millones estaban en situación de ERTE total o parcial.

Posteriormente, con el levantamiento de las restricciones por la pandemia vino la recuperación de la actividad económica en 2021, aunque sin alcanzar todavía el PIB de antes de la pandemia que se encuentra casi un 6% por debajo, pero superando las cifras de empleo de 2019 y reduciendo el paro a un nivel del 14%. Sin embargo, toda esta mejora se ha hecho sobre la base de las ayudas públicas a las empresas, los bajos salarios y la precariedad que no se ha reducido, con muchas horas de trabajo perdidas, y el ataque a los salarios y los derechos de las y los trabajadores amparados en las reformas laborales de Rajoy y Zapatero que continúan vigentes y la complicidad de las burocracias sindicales de CCOO y UGT que no han parado de firmar acuerdos con la patronal y el Gobierno central.

Inflación disparada y pérdida de poder adquisitivo con la connivencia de la burocracia sindical

Sobre este panorama se ha instalado una inflación que ha concluido el año 2021 en el 6,5% interanual, la más elevada en 30 años. Y con una inflación media a lo largo del año del 3,1%, también la más elevada en una década. Y frente a ese desbocamiento de los precios, entre los que los que destacan especialmente los de servicios y productos tan esenciales como: la electricidad (41% subida según la OCU), el gas (22%), la gasolina (25,7%), o los alimentos (24% según la FAO).

Frente a esto, la revalorización salarial media del conjunto de los convenios firmados en 2021 ha sido del 1,47%. Es decir, con una pérdida de poder adquisitivo de más de 5 puntos en términos interanuales. Teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de Trabajo tan solo 1,2 millones de empleados tenían en su convenio cláusula de revisión salarial. Esto implica a tan solo un 15,65% de los trabajadores con convenio laboral. Un ataque que vino desde muy lejos porque en 2008 el 70% de los trabajadores con convenio tenía esa salvaguarda, algo perdido gracias a los sindicatos de CCOO y UGT firmantes de convenios en los que se ha fulminado este derecho.

Los salarios han quedado muy rezagados. La Agencia Tributaria cuantifica en un 10,2% el crecimiento medio de las retribuciones entre 2007 y 2020, frente a la inflación producida que ha sido según el INE de un 20,3%. Por lo tanto, una pérdida media de poder adquisitivo para los salarios del 10,1%.

De hecho, CCOO calcula que el poder de compra de los salarios ha caído un 6,2% en los últimos 11 años. Retroceso del que culpa a la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Rajoy, según Chema Martínez, secretario general de la división de servicios de CCOO. Dejando de lado que CCOO ha firmado junto a UGT y la patronal todos los acuerdos salariales desde hace décadas, ajustándose a la moderación salarial. Además, se han limitado a hacer dos huelgas generales desganadas y sin una convicción de lucha decidida contra ese ataque brutal a los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores que fue la reforma laboral de Rajoy.
Ahora han llegado a un acuerdo que blinda los ataques esenciales y las prerrogativas de los empresarios en aspectos tan centrales como la barra libre y barata de los despidos, el descuelgue de los convenios unilateral y los ERTE y los ERE sin control administrativo, entre otros abusos. Y que, además, se oponen a cualquier mejora de derechos en la reforma laboral pactada con la CEOE que se pudiera producir en el Parlamento.

Hay que plantear movilizaciones en la calle de forma unitaria, comenzando por impulsar acciones de toda la izquierda sindical, junto a organizaciones políticas y barriales. Esto permitiría desarrollar asambleas en los centros de trabajo, estudio y en los barrios populares, llamando a las bases de CCOO y UGT para que se sumen, para comenzar a organizarse para tirar abajo la reforma laboral pactada con el Gobierno “progresista” y la CEOE junto con las reformas laborales de Rajoy y Zapatero. El objetivo tiene que ser también la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y hacer frente a la precariedad laboral. En la perspectiva de un plan de emergencia social contra la crisis, para que la crisis la paguen los capitalistas.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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