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La demagogia de los puestos de trabajo para justificar la escalada militarista del imperialismo español

“Pan o paz”: un dilema falso y reaccionario. La clase trabajadora no tenemos nada que ganar con la opresión de otros pueblos y la producción puede reorientarse a otras necesidades sociales urgentes.

Santiago Lupe

Jueves 15 de septiembre
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El aumento del gasto militar acordado por el gobierno de coalición en la Cumbre de la OTAN ya es un hecho. Los Presupuestos generales del Estado 2023 (PGE2023) incluirán un incremento del 20% por medio de los Programas Especiales de Armamento que se implementan junto a empresas como Indra, Airbus, Navantia o Santa Bárbara.

Uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para justificarlo es la necesidad de garantizar e impulsar el empleo en los centros productivos de estas compañías, que mantienen una fuerte implantación en regiones como Andalucía, Galicia o Castilla o León, y de ellas depende una potente industria auxiliar.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiró de este argumentario para censurar la oposición al aumento del gasto militar de la de Trabajo, Yolanda Díaz, y Unidas Podemos, aunque siga siendo un "no" solo de boquilla. El gobierno ha llegado a decir que están protegiendo 100.000 puestos de trabajo de la industria armamentística.

El pase de este aumento a partidas de los PGE2023 que están por fuera del techo de gasto apunta a que será la maniobra con la que pretenden justificar los “síes” de Podemos, el PCE y otros socios de investidura como ERC, BNG o EH-Bildu. Pero además, este supuesto dilema entre la defensa de fuentes de trabajo y la oposición, también promete que va a seguir explotándose y, seguramente, será comprado por la izquierda reformista y la burocracia sindical.

Sin embargo, se trata de una disyuntiva falsa y que conduce a las y los trabajadores a vernos reducidos a meros peones de políticas reaccionarias e imperialistas.

No se trata de elegir “entre el pan o la paz”

En 2018 esta discusión se planteó en torno a los astilleros de Navantia en Cádiz. La amenaza de la dictadura de Arabia Saudí de suspender su contrato para la fabricación de cinco corbetas si se suspendía la venta de 400 bombas de precisión, llevó a que tanto las direcciones sindicales como hasta el mismo alcalde de Cádiz, el dirigente de Anticapitalistas Jose María González “Kichi”, salieran con el discurso de que “entre defender el pan o la paz”, había que defender el pan.

Sin embargo, los 100.000 supuestos puestos de la industria armamentística y auxiliares no pueden defenderse a costa de engordar la maquinaria militarista del imperialismo hispano. El Ejército español, junto con los del resto de países de la OTAN, están en medio de una escalada sin precedentes de la Segunda Guerra Mundial que no persigue ningún objetivo humanitario ni de “defensa de la libertad”.

La hoja de ruta aprobada en la Cumbre de la OTAN definió claramente los objetivos: prepararse para una disputa mucho más dura por mercados y zonas de influencia para las multinacionales europeas y estadounidenses, armarse para nuevos choques entre potencias y blindar la frontera sur de la UE para ahogar o asesinar, como vimos en Melilla, a quienes huyen del expolio de nuestros Estados y sus gobiernos cipayos.

Que la izquierda y las organizaciones obreras hagan frente común con su propio imperialismo solo pueden engordar nuestras propias cadenas y sembrar el camino para que nos conduzcan a nuevas y peores guerras y crisis, como la que ya azota Europa.

Contra esto es necesario oponerse frontalmente a los planes de rearme, y por lo tanto a los nuevos PGE2023 que son un gran primer paso de ellos. A la vez defender esos 100.0000 puestos de trabajo pero peleando por otra salida, por la nacionalización completa de todas las industrias del complejo armamentístico español, y no para que las sigan gestionando los burócratas Defensa y el Ejército, sino para que lo hagan sus trabajadores y trabajadoras a fin de poder iniciar la reconversión necesaria para que su producción esté orientada a satisfacer las necesidades sociales y no los planes de nuevas guerras, intervenciones y ocupaciones del Estado español y la OTAN.

Los pueblos oprimidos por el Estado español y sus aliados tienen todo el derecho a la “paz”, es decir a liberarse de su yugo económico y militar. Las plantillas de Indra, Airbus, Navantia o Santa Bárbara, tienen todo el derecho al “pan”, a su fuente de empleo. Como también lo tienen a que su trabajo pueda reorientarse a la fabricación de sistemas de telecomunicaciones para mejorar los servicios públicos, medios de transporte colectivo sostenibles, navíos de rescate o de protección de las costas u otros muchos equipamientos diferentes a, por ejemplo, las corbetas de Navantia que hoy participan del bloqueo saudí contra el pueblo yemení que ha causado ya más de 9000 muertes civiles.


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Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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