Este miércoles 22 de junio acuden a Bruselas distintos colectivos que buscan verdad, justicia y reparación ante los crímenes que se cometieron en el Estado español durante la dictadura franquista y los primeros años de la Transición, y que todavía hoy se mantienen en total impunidad.
En el final de la dictadura y durante la Transición se estableció la Ley de Amnistía de 1977, que garantizó la impunidad de las torturas, asesinatos y crímenes franquistas. Impunidad que fue pactada por el tardofranquismo y la oposición a la dictadura que lideró el PSOE y el Partido Comunista de España (PCE), y que se ha mantenido en vigor desde entonces gracias a los sucesivos gobiernos de PSOE y PP.
Durante todos estos años el Estado español ha rechazado la investigación de unas 70 querellas presentadas en todo el país por distintas individualidades y colectivos. Siendo una fecha clave 2010, cuando el Tribunal Supremo español anuló todas las posibilidades de abrir el acceso a la justicia a las víctimas del franquismo.
Frente a esta total impunidad, comenzó ese mismo año la querella argentina llevada adelante por los abogados Eduardo Fachal, Luis Calcagno, Julieta Bandirali, Gerardo Caviglia y Verónica Heredia.
La jueza argentina Servini llegó a imputar a Rodolfo Martín Villa quién participó de la sangrienta dictadura franquista y luego, en el período de la Transición ocupó altos cargos. Fue ministro de Relaciones Sindicales, ministro de la Gobernación y ministro del Interior, desde donde continuó dirigiendo el aparato represivo. Sin embargo, esta resolución judicial quedó anulada por falta de pruebas en la acusación.
Y llegamos a un 2022 donde el Gobierno del PSOE, Podemos y el PCE, continúa garantizando y siendo responsable de la impunidad de estos crímenes. La judicatura apoyada e impulsada por su Gobierno bloquea las querellas, apoyada además en la vigencia de la Ley de Amnistía o la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, firmada por Franco, que da cobertura legal a la ocultación de estos crímenes de Estado.
Frente a esta situación colectivos memorialistas llevan la denuncia ante el Parlamento Europeo y tratan de sentar de nuevo a Martín Villa ante un tribunal, así como a otros funcionarios responsables de los crímenes: exministros, policías, jueces, etc.
