Juventud

DERECHO AL OCIO

La juventud que no tenía donde divertirse libremente

Porque también tiene derecho al ocio y a las alternativas la juventud, harta de represión policial nocturna, si no puede o no quiere dar enormes beneficios a la patronal hostelera.

Lunes 27 de marzo de 2017 | 17:56

Tras generaciones de explotación, precariedad y manipulación de las escasas alternativas de ocio, hemos llegado a una situación en la que la juventud no tiene de facto derecho a divertirse.

Cuando hablamos de este derecho negado, nos referimos al derecho de jóvenes y demás sectores populares a poder disfrutar del ocio independientemente de su condición u origen, sin miedo a la represión policial, libres de agresiones machistas y homófobas y sin tener que poder y querer permitirse un ocio de precios prohibitivos y hecho a medida de la patronal hostelera.

Hoy en día para garantizar este panorama se conjugan los propios precios y medidas impuestas por los empresarios de la noche, que perpetúan en ocasiones criterios de admisión racistas, sexistas y LGBTIfóbicos, así como las ordenanzas municipales que obligan con la desigual concesión de licencias a concentrar la oferta en menos locales y de precio más elevado según avanza la noche, dando lugar a una auténtica gentrificación de las zonas y horas de ocio.

Sin embargo, otro de los elementos de mayor relevancia es la represión policial en la calle. El ocio instaurado en estas décadas deja por fuera y criminaliza a la juventud en general y a aquella que no puede pagarse las consumiciones en bares o discotecas en particular, que es a la que no le queda otra opción que quedarse en casa o pasar las horas en el parque o en la calle con los ojos bien abiertos para no ser multados o registrados por la Policía de uniforme o secreta por estar tomando algo.

Miles de jóvenes beben en la calle, ante la falta de alternativas de ocio asequibles, sufriendo en ocasiones un trato discriminatorio por el color de piel o ropa que lleven cuando son sorprendidos por la Policía. Es esta juventud precaria la que expulsa el precio de los bares al tiempo que la Policía lo hace de las calles cuando trata de divertirse, persiguiendo el derecho al ocio al aire libre.

Al merodeo de la Policía se suma la sucesión de ordenanzas municipales, que desde hace años además obligar a cerrar horas antes a muchos locales, también prohibiendo formas de expresión cultural que no encajen en el gusto de los Ayuntamientos, restringiendo la música callejera a lugares no habilitados para ello, pero sí limitados y bajo pago previo de una tasa,

Lejos de revertir esta situación, los Ayuntamientos tanto de la “vieja política” como del “cambio”, de quienes dependen la mayoría de las fuerzas policiales que vigilan las zonas de fiesta, no han movido un dedo para frenar este acoso nocturno a la juventud, ni en su vertiente más cruda como es en las operaciones racistas contra la venta ambulante.

Tampoco está en la agenda de los consistorios la facilitación de espacios para el ocio juvenil autogestionado (aunque sí el ataque hacia los Centros Sociales Okupados, los cuales tratan de ofrecer alternativas), ni aumentar el servicio nocturno de buses o tranvía para facilitar la vuelta a casa, ni la financiación de centros culturales y deportivos de acceso gratuito en todos los barrios, financiados por el Estado.

Mientras los problemas que esta situación ocasiona se achacan de forma criminalizadora a la juventud y se pone el grito en el cielo al hablar del consumo de alcohol en la calle, sabemos que para los medios de comunicación del poder que lo hacen no habría nada de malo si el consumo de alcohol se hiciese de forma abusiva dentro de grandes macrodiscotecas, pubs, o recintos diseñados a tal efecto. Para ellos el problema no es que para miles de jóvenes el único ocio accesible sea emborracharse, sino que no se hace en el lugar adecuado.

No somos ajenos a la terrible realidad que viven miles de jóvenes, sobre todo pobres; a los cuales este sistema les quita la posibilidad de un futuro y caen en fuertes adicciones escapando de las miserias que nos ofrece este sistema, mientras el uso de las drogas es ilegalizado y disminuida su calidad en función del costo más beneficioso.

Los capitalistas quieren que la juventud obrera y estudiantil sea sumisa y obediente, prefiriendo antes adictos y dependientes antes que organizadores de la rebeldía. Por eso el Estado no garantiza en forma totalmente gratuita políticas sanitarias y no represivas ni compulsivas para las y los adictos, ni tampoco la legalización de las drogas con control de calidad e información veraz y científica sobre las cualidades y peligros de cada droga, la que incluye las gravamente perjudiciales y actualmente legales, como la nicotina o el alcohol o numerosos fármacos consumidos a nivel de masas.

De esta forma las distintas barreras que impone este sistema al derecho a divertirse configuran un panorama caracterizado por la permisividad a todos los niveles hacia jóvenes de clase privilegiada y la condenación a un ocio alienante y en muchas ocasiones perjudicial para la mayoría popular, que trata de mitigar la dureza de las opresiones de este sistema sorteando las múltiples prohibiciones.






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