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Helena Maleno denuncia su deportación y la colaboración represiva de Marruecos y el Estado español

La periodista y activista por los derechos de las personas migrantes, Helena Maleno, denuncia públicamente, hoy en redes y en un acto la semana pasada, la persecución orquestada por el Estado Español en colaboración con Marruecos para impedirle reunirse con su familia en el país africano después de haber sido deportada el 23 de Enero durante 32 días.

Lunes 12 de abril | 08:28

Tras un viaje de trabajo, Maleno no pudo volver a cruzar la frontera, siendo expulsada de forma violenta por las autoridades marroquíes. Esto ocurre tras un año en el que ha sufrido múltiples ataques y violaciones de sus derechos: amenazas de muerte, espionaje, seguimiento y dos asaltos a su vivienda perpetrados por los cuerpos policiales.

Maleno es fundadora del Colectivo Caminando Fronteras, una organización que desde el 2002 ha servido de apoyo y defensora de los inmigrantes que cada día lucha por cruzar la frontera, escapando de la miseria y las guerras imperialistas en sus respectivos países. El mismo Colectivo, con Maleno a la cabeza, ha redactado informes internacionales, donde ha denunciado la trata de personas y las redes criminales que, en colaboración con los Estados, extorsiona y negocia con la vida de los más desesperados.

Su labor como defensora de los inmigrantes y los derechos humanos ha sido tan reconocida y alabada internacionalmente como perseguida. Ha denunciado que el inicio de su actual deportación data de 2017, cuando las autoridades marroquíes la acusaron de “tráfico de inmigrantes y de favorecer la inmigración ilegal” en base a unos dosieres ilegalmente entregados por el Ministerio de Interior de España, más concretamente de la UCRIF (Unidad Centra de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales). Tales documentos fueron desestimados por la misma Audiencia Nacional, pero el Ministerio optó por traspasar tales informes al país africano para que colaborase en su montaje para acabar con la activista.

Lo cierto es que la colaboración del gobierno español y marroquí en materia de inmigración tiene tristes y profundos precedentes. Ambos Estados han sostenido un férreo control de la frontera, apoyándose mutuamente para reprimir, acosar y asesinar a miles de desesperados refugiados que tratan de salir del continente africano. Sirva de ejemplo el Plan África I, que establecía una colaboración represiva contra los inmigrantes por parte de ambos países. Sirva de ejemplo el reforzamiento de las fronteras en Ceuta y Melilla con dispositivos ilegales que atentan contra la dignidad humana (como las concertinas). Sirvan en el mejor caso las múltiples omisiones de socorro; en el peor, descarados tiroteos y matanzas a las que nos tienen tristemente acostumbrados la policía marroquí y la Guardia Civil española.

A pesar de que el Tribunal de Apelación de Tánger absolvió a Maleno, ella ha denunciado el innegable daño recibido por estas acusaciones. Desde entonces ha sido perseguida y hostigada, tanto ella como su familia. El último ataque ha sido su deportación, injustificada y violenta en Enero de este año. Maleno no ha dudado en señalar al Ministerio del Interior como articulador de esta medida por parte de las autoridades marroquíes. Caminando Fronteras ha denunciado la criminal separación de Maleno de su familia (con una hija menor de edad) y del desamparo y falta de protección de la misma frente a las autoridades estatales que pretenden acabar con la activista.

En su anuncio público y a través de su organización, ha habido una petición al Gobierno español para reconocer su labor en los derechos humanos, al mismo tiempo que exige una depuración de responsabilidad y una petición de protección para ella y su familia y una reparación por los daños sufridos.

La paradoja es que este reconocimiento y actitud por parte del Gobierno de Sánchez es tan exigible como contradictorio, y no por Caminando Fronteras, sino para el mismo Gobierno. A pesar de que se señalado la fuente de la persecución en una “cloaca” del Estado, el origen de las criminales e inhumanas políticas de inmigración han sido orquestadas, sobre todo, por el PSOE en sus distintos gobiernos.

El PSOE y el racismo: no olvidamos, no perdonamos

Debemos recordar que fueron los gobiernos de González y Zapatero los que promovieron las principales políticas xenófobas de inmigración, las deportaciones en caliente, las concertinas, la creación de CIEs, la persecución marítima de las pateras y los que ocultaron las torturas y vejaciones a los llegados a nuestras costas. Resulta difícil “escurrir el bulto” y acusar a una cloaca del Estado como se pretende para sostener su máscara progresista.

Por eso, no podemos estar más de acuerdo con crítica y radical depuración de responsabilidad, la cual tiene que ampliarse a una denuncia abierta al Gobierno que se niega a la derogación de las leyes de extranjería y a acabar con el negocio imperialista entre Estado que juega cada año con miles de vidas que mueren en el Mediterráneo, son maltratados por las instituciones o son entregados como mano de obra intercambiable a los terratenientes y capitalistas.






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