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EDUCACIÓN SOCIAL

La precariedad laboral del sector social, un atentado contra trabajadores y usuarios

Las condiciones de precariedad de los educadores sociales impactan también sobre la calidad del trabajo que llevan a delante con sectores en situación de exclusión o vulnerabilidad. El modelo de externalización favorece a las grandes empresas y a un enfoque asistencial.

Marc Ferrer

Barcelona

Viernes 30 de octubre de 2015

Foto: EFE

La precarización laboral en el sector social se está dando de diferentes formas. La más común es mediante una contratación a “precio de saldo”. Es común que las distintas patronales del sector intenten aplicar el convenio más bajo posible. Por ejemplo en Catalunya hay una tendencia a contratar según el convenio estatal en vez del convenio de acción social regional que tiene mejores salarios y más días festivos.

Pero la práctica más común es la contratación en fraude de ley consentida por la administración. Hay miles de trabajadores del sector que realizando la misma faena padecen una desigualdad salarial y de derechos abrumadoras. Esta brecha se debe en la mayoría de los casos a que muchos de los educadores sociales se los contrata como monitores, cuidadores u otros perfiles laborales con convenios mucho más bajos. Paradójicamente, algunos educadores sociales con los actuales sueldos son dignos a ser usuarios también de los servicios sociales.

Está precarización se ve agudizada por la tremenda hegemonía de la empresa privada en la llamada “cuarta pata del Estado del Bienestar”. Las patronales del sector, como la Associació Empresarials de la Iniciativa Social en Catalunya, tienen un interés puramente económico y trasladan los recortes de la administración pública a los trabajadores y usuarios, mediante el detrimento de sus condiciones laborales y la calidad de su servicio y prestaciones. Las empresas más explotadoras se han visto reforzadas en los últimos años, pues con la crisis la política de los concursos prima a las más económicas, es decir, a las empresas más explotadoras.

Esto lleva a una desmoralización temprana de muchos profesionales, al síndrome del “quemado”, una altísima temporalidad... algo que repercute negativamente sobre los usuarios.

Ante esta situación, y como sucede en la gran mayoría de los sectores en precario, la burocracia sindical de los grandes sindicatos no mueve un dedo. Si bien CCOO y UGT han logrado hacerse con la mayoría de representantes del sector, estos vienen dejando pasar la mayor parte de los abusos.

No es una situación fácil para aquellos educadores que quieren plantar cara. Hablamos de un sector muy atomizado, con una media de entre 10 y 40 trabajadores por centro de trabajo y que está controlado por un puñado de fundaciones y en algunos casos auténticas multinacionales que comparten intereses con la administración pública.

Estas empresas son una parte del problema, el otro foco está en las mismas administraciones públicas y en el Estado capitalista. Ellos fijan los presupuestos y los recortes, que recaen con más fuerza en los colectivos más desfavorecidos y los trabajadores. En el caso de la educación social es mínima la presencia de trabajadores públicos, pues es un sector que nació ya bajo la fórmula de la externalización.

En este contexto, han proliferado empresas con planteamientos puramente lucrativos, que tratan de hacer negocio con los sectores de la sociedad más indefensos y excluidos: menores de edad, tercera edad, inmigrantes, personas con problemas económicos etc. Haciendo de estas personas objetos y no sujetos de derechos, negando la posibilidad de cambio real y de su situación.

Estas empresas se disfrazan tras una máscara “social”, muchas veces bajo la forma jurídica de fundaciones. Además su filosofía no pasa de la vertiente más asistencialista de la educación social, sin cuestionar nada de las razones estructurales de las realidades en las que se trabaja. Algo lógico si tomamos en cuenta que muchas de estas fundaciones forman parte de las Iglesia Católica. La caridad y el paternalismo lleva siglos funcionando como una tapadera para cubrir las verdaderas causas de la pobreza y de la exclusión de aquellas persones que el sistema económico considera improductivas.

Todo lo contrario de lo que busca un enfoque crítico y cuestionador de la educación social, el de empoderar a las personas desfavorecidas, para que puedan transformar sus vidas y su entorno mediante la acción colectiva y política.

Para poder conseguir unas condiciones de trabajo dignas, un servicio suficiente y de calidad y un enfoque transformador de la práctica de los profesionales del sector es necesario combatir el actual modelo de externalización, recortes y precarización. Los educadores sociales, junto con el resto de trabajadores del sector social, tenemos que luchar por la inclusión en el sistema público de estos servicios, el pase a plantilla pública de todos nosotros, la dotación de presupuestos y medios suficientes y el control de todas las políticas y programas por los mismos trabajadores y usuarios.






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