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Ley franquista de secretos oficiales: impunidad garantizada para el espionaje

La ley franquista de secretos oficiales del 5 de abril de 1968, modificada parcialmente en octubre de 1978, y todavía en pleno vigor en sus aspectos más represivos y oscuros, se ha mantenido básicamente para facilitar la impunidad a los crímenes del franquismo y el control político de los activistas en democracia.

Juan Carlos Arias

Martes 3 de mayo
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Hasta día de hoy se ha mantenido en secreto y bajo siete llaves la actuación de las cloacas del Estado que heredó el Régimen del 78. Además, ha seguido siendo funcional para dar cobertura a las escuchas antidemocráticas de independentistas y activistas sociales y políticos de todo tipo.

Parece ser materia imposible para el Congreso de los Diputados modificar la franquista Ley de secretos oficiales, pese a haber transcurrido más de 54 años desde su publicación. Esta breve ley de secretos oficiales propia de una dictadura fascista dejaba negro sobre blanco que la decisión para determinar lo que era secreto o no y su calificación (materia secreta o reservada) “corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor” (artículo cuarto). Además, dejaba también muy claro que prácticamente cualquier documento o materia podía ser calificada como secreta o reservada, puesto que la definición de la misma era tan amplia que cualquier cosa lo podía ser. Así, establecía que era secreto oficial todo lo que “pudiera dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” (artículo segundo).

Estos artículos, aunque matizados con la reforma de octubre del año 1978 ya en el período de la Transición, antes de aprobarse la Constitución de diciembre de ese año, mantuvieron su esencia represiva fundamental. Así, siguió siendo muy amplia bajo el régimen “democrático” la definición de la materia secreta o reservada señalando que afectaría a los casos en que se “comprometa los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional».

Estos elementos y la excepcionalidad establecida en el artículo diez según el cual “La declaración de “las materias clasificadas” no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a la información que reclamen” son los aspectos más relevantes de la ley franquista del año 68 con su ligero lavado de cara de la reforma durante la Transición a partir del 78 que han sobrevivido hasta día de hoy.

La posibilidad de que el Congreso tuviera conocimiento directo de la materia reservada, se ha mantenido hasta hoy, gracias a la posibilidad de acceder a los secretos a través de la “Comisión de Secretos Oficiales” que se constituye con los componentes de los grupos parlamentarios del propio Congreso, aunque este puede limitar el acceso a la misma a determinados grupos políticos minoritarios.

La modificación legislativa empantanada en el Congreso

En el debate mantenido el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, a propósito de las escuchas masivas realizadas con el software de Pegasus se produjo un debate entre la ministra responsable del CNI Margarita Robles y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en la que aquella le espetó: “Me consta que usted tiene mucho interés en modificar la ley de secretos oficiales, pero no me consta que lo tenga en modificar la ley del CNI”.

Lo que resulta realmente increíble es que Margarita Robles, como ministra del “Gobierno más progresista de la historia” destaque como un interés particular de un diputado del PNV la voluntad política de modificar una ley tan antidemocrática y restrictiva sobre los secretos oficiales, que incluso impide el conocimiento histórico de los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, después de transcurridos más de 50 años.

Siendo que muchos documentos en la actualidad siguen sin ser desclasificados y que, por lo tanto, se impide el acceso incluso a estudiosos e historiadores de ese período histórico. La derogación de la Ley de secretos oficiales y la desclasifición de todos los documentos históricos, incluidos los del golpe de Estado del 23 F, es tarea elemental para terminar con la impunidad y desvelar los crímenes del franquismo, pero también del Estado a partir de entonces.

El PNV propuso y logró que el Congreso de los Diputados aceptara la tramitación de una proposición de ley en este sentido en junio de 2020, siendo ya la tercera vez que se intenta en el período democrático modificar el marco normativo de los secretos oficiales. Sin embargo, todavía permanece estancada en el Congreso sin que su contenido sea desarrollado y aprobado. Es evidente el nulo interés del Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos, por la parte que le toca al PSOE, sobre todo, en modificar definitivamente esta ley franquista. A pesar de que en el año 2021 el Gobierno anunció una comisión formada por los principales ministerios de Estado encargada de redactar un texto legislativo que homologue la ley a los países del entorno y que cumpla con los parámetros de las organizaciones internacionales a las que pertenece, todo el proceso ha seguido bloqueado. Sin que todavía, y ya va quedando menos tiempo para que finalice la legislatura actual, se hayan dado pasos decisivos en este sentido.

El planteamiento del PNV es dejar una ley con un solo artículo marcando una ley de plazos para que se conozcan los secretos con un tope máximo que alcanzaría los 25 años. Además, se establece otro plazo, 10 años para las materias consideradas como “reservadas”. Se fijaría, además la posibilidad de un periodo extra de otros diez años para los temas que el Consejo de Ministros considerara especialmente sensibles.

El procedimiento de discusión política en el Congreso se paralizó con la excusa de la situación de grave crisis económica y social producida por la pandemia de Covid-19. Aunque parece que ha habido reuniones discretas para avanzar en una nueva ley que se estaría denominando como Ley de Información Clasificada. Una ley que por el nombre ya suena muy descafeinado dado que dejaría fuera de su ámbito la regulación del Centro Nacional de Inteligencia, actual CNI, un aspecto esencial para controlar mínimamente las cloacas del Estado, e incluso el control de la venta de armas a terceros.

El PSOE y el PP vienen obstaculizando cualquier regulación de los secretos oficiales y el CNI. Y ahora, vuelven a hacerlo, negándose a investigar públicamente el masivo espionaje a los independentistas catalanes, cuando ya la propia ministra Margarita Robles sabía que incluso ella misma y Pedro Sánchez habían sido objeto de escuchas con Pegasus. Esto muestra que todo va a seguir bajo el manto de la opacidad más absoluta.

Si queremos realmente terminar con las cloacas del estado, las únicas medidas democráticas realistas pasan en primer lugar por la disolución del reaccionario CNI, la derogación la Ley de Secretos Oficiales franquista y la desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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