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Los audios de Villarejo y Cospedal contra Podemos: las cloacas del poder

Los audios de Villarejo y Cospedal demuestran la existencia de una trama a través de la cual Villarejo vendía información falsa sobre Podemos al Ministerio de Interior. Un episodio más de las cloacas del Estado, la colaboración de periodistas afines y su guerra sucia contra Podemos que también se ha utilizado, pero de forma mucho más extrema, contra los independentistas catalanes.

Elías Lavín

Viernes 8 de julio
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El 5 de mayo de 2017 el excomisario José Manuel Villarejo afirmaba en una conversación con la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que tenía “un tema de la hostia” contra Podemos procedente de un “coronel del servicio secreto venezolano” el cual le habría facilitado unas actas “donde había reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y los de Podemos” en Venezuela. A lo que la ministra le responde que eso es “una bomba” y “yo eso sí que lo quiero”. Villarejo responde que “esa línea, que te la podía yo reconstruir, claro, todo eso vale pasta”.
Si bien las investigaciones judiciales nunca han acreditado las delirantes afirmaciones del excomisario, los audios muestran como este y todo un grupo secreto de policías ofrecía, montaba y vendía información falsa al Gobierno para atacar y desprestigiar a Podemos. Todo ello comenzó en cuanto la formación morada comenzó a obtener sus primeros éxitos electorales en mayo de 2014, tal y como confirma el diario incautado a José Manuel Villarejo.

El objetivo era airear toda esa información falsa en la prensa. En este mismo diario consta que, el 30 de octubre de 2014 a iniciativa del número dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, la Policía Patriótica mantuvo reuniones con periodistas para facilitarles información que se sabía falsa. A través de estas reuniones se entregaban informes sin firma que aparecían en medios como “filtraciones” a la prensa. Es el mismo modus operandi que el de los informes sobre el proceso independentista en Catalunya en 2012, o con el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre Podemos. Dicho informe que el propio Villarejo define como falso comenzó a filtrarse a prensa, precisamente, en enero de 2016, una vez que Podemos obtuvo 69 diputados y después de que Iglesias propusiera al PSOE e IU un gobierno de coalición.

El informe PISA fue elaborado por la unidad de otro comisario, Eugenio Pino, principal mando policial del Ministerio, para intentar que fuera investigado por la UDEF. El informe estuvo largo tiempo en las portadas de los periódicos, de este modo en diciembre de 2015: “La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado dos millones a Iglesias y su entorno desde 2013”, tituló OK Diario. “La UDEF investiga a Podemos por financiarse con cinco millones de euros de Irán”, fue el titular de El Confidencial. El caso tuvo que ser desdeñado por el Tribunal Supremo cuando fue llevado a tribunales por la asociación Manos Limpias. Es de hecho que debido al informe PISA, que Villarejo califica como una “basura” que no ha funcionado, que el excomisario decidió ofrecer a la líder del PP un montaje más suculento. En grabaciones de otras conversaciones con Cospedal e Ignacio del Hierro, su marido, estos ya le habían pedido que el precio por los montajes no fueran muy altos, “baratito, que estamos tiesos”.

Falta en esta trama una cuarta pata. Además de la policía, el Gobierno, y los medios de comunicación era fundamental la colaboración de la jueces como Manuel García Castellón, que realizaron numerosas diligencias durante varios años contra Podemos. Recientemente se ha archivado, precisamente, una investigación contra la supuesta financiación irregular del partido. El juez tuvo que ser advertido por parte de la Sala de lo Penal, debido a lo escandaloso y sin fundamento de sus investigaciones. Las diligencias, sin embargo, dieron lugar a infinidad de titulares, como afirma Villarejo “a quien se le haya ocurrido darle la documentación de Podemos falsa a Inda, ha hecho una jugada buena. De carambola, pero la ha hecho buena”. Además de Eduardo Inda, Terradillos, Ferreras, Alsina, Griso, Ana Rosa, son otros periodistas que llenaron de titulares falsos sus programas.

Pablo Iglesias, afirmaba para Público que es preocupante "que este tipo de informaciones estén en manos de periodistas que deciden qué se saca y cuándo". "Es gravísimo lo que estamos viendo, una ministra de Defensa y un policía conspirar junto a periodistas para acabar con una fuerza política y de sus líderes", afirma Iglesias. "A pesar de que esas informaciones eran basura y de que ninguna causa ha prosperado, sirvieron para que durante horas se creara un relato para criminalizar a Podemos en los medios de comunicación".

Estas cloacas del Estado son usadas por todos los agentes del Régimen del 78 para su propio beneficio, siendo los partidos del régimen y el Gobierno, los principales interesados en mantenerlas. Esto es así ya que les permite realizar corruptelas, favores y chantajes entre las empresas del IBEX, Gobierno, Fuerzas de Seguridad, Judicatura y Monarquía, pero también para perseguir al independentismo catalán, a los movimientos sociales y a los que luchan. Es el mismo régimen al que Podemos decía que venía a poner fin, pero al que optó por integrarse formando parte del Gobierno con el PSOE. La estrategia de Podemos de que se podía entrar poco a poco en las instituciones y cambiarlas desde dentro se demostró totalmente errada. Un ejemplo reciente es el del caso Pegasus especialmente utilizado contra los independentistas catalanes, que se prolongó hasta el 2022 con ya varios años de ejecutivo “progresista”, y cuando el propio Pablo Iglesias formaba parte de la Comisión que controlaba el CNI desde marzo de 2020.

El silencio de Podemos, o su complicidad abierta, con la persecución del Estado hacia el movimiento independentista catalán, con decenas de presos y encausados, lo paga el partido morado como bumerang, porque son esos mismos poderes los que utilizan estos mecanismos de “montajes” y fake news contra Podemos.

Hay que denunciar todo este tipo de prácticas que se emplean desde el Estado para criminalizar a los independentistas catalanes y a todos aquellos luchadores sociales que cuestionan el régimen. Sin embargo, para terminar con estas cloacas, hay que tocar los intereses reales de los grandes grupos de poder que están detrás de las mismas, y no adaptarse a ellos: la prensa manejada por grandes grupos empresariales, la impunidad policial, los secretos del servicio de inteligencia, el aparato represivo, etc. Para imponer medidas como la apertura de todos los “secretos oficiales” y los archivos armados contra los independentistas catalanes y los luchadores, exigir la anulación de todas las causas judiciales contra estos, así como terminar con la casta de jueces mediante la elección de los jueces por sufragio universal, y jurados populares, sin puestos vitalicios, sino que puedan ser revocados por sus electores, entre otras medidas. Así como la disolución de los aparatos policiales, que son armas de represión para el pueblo y verdaderos nichos del crimen organizado desde el Estado. Solo así se podrá evitar que estos aparatos sean utilizados contra el pueblo trabajador, contra el derecho a la autodeterminación o contra partidos políticos enteros, como le ha ocurrido a Podemos en su momento.

Pero, para eso, hace falta lucha en las calles y organización en los centros de estudio y de trabajo, y no ser parte de un gobierno que aumenta los gastos militares, que avala la masacre de migrantes en las fronteras de Melilla, que vende al Sáhara o que acoge con los brazos abiertos la cumbre de la OTAN. Iglesias afirma que con estas prácticas es “difícil hablar de democracia plena”. Sin embargo, los audios de Villarejo, la colaboración de los periodistas y el Gobierno, y la continuidad de estas prácticas bajo el Ejecutivo progresista, demuestran que no son algo anómalo en el funcionamiento del régimen del 78, sino que están en su ADN. La “democracia plena” de la que habla Iglesias es la democracia de la monarquía y del IBEX35, la cual recurre a estas prácticas de forma normal para salvaguardar los intereses de los partidos que representan a los grandes empresarios del Estado español, y por tanto, salvaguardar los negocios de los capitalistas.


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Elías Lavín

Madrid

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