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Macrogranjas: contaminación y explotación permitida por todos los gobiernos

Las declaraciones del ministro Alberto Garzón para The Guardian sobre la industria cárnica en nuestro país han generado todo un debate público en el que se mezclan bulos, desinformación y los intereses económicos de los grandes empresarios de la carne. Pero la verdad es que en el Estado español una parte importante de la carne consumida viene de macrogranjas, la industria cárnica tiene un enorme impacto ambiental y la coalición PSOE-UP es la que ha abierto la puerta a algunos de los empresarios que más interés tienen en que todo siga igual.

Irene Olano

Jueves 13 de enero
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Durante la última semana se ha declarado la guerra entre quienes defienden las declaraciones del ministro de Unidas Podemos y quienes defienden a los empresarios de la carne. No han faltado los bulos absurdos, como el que ha difundido el PP sobre que no existen las macrogranjas, pese a que hace años se manifestó contra ellas.

Pero el problema de la carne en el Estado Español tiene una larga historia larga y no tiene nada que ver con el patriotismo, que es hacia donde la derecha trata de dirigirlo. Y los partidos que integran el gobierno “progresista” han tenido también algo que ver en la progresiva conversión de esta industria en un sector donde la explotación laboral y la catástrofe ambiental se dan la mano.

La patronal de la carne, un sector en auge

En nuestro país se sacrifican 50 millones de cerdos al año. Es decir, 22 cerdos por minuto. De un tiempo a esta parte, la industria cárnica se ha convertido en una carrera para producir y sacrificar el mayor número de animales posible. Sin embargo, el consumo de carne por persona ha bajado más de un 9% desde 2002, año en el que se consumían unos 55kg de carne por persona y año. El consumo actual es de 49,86kg por persona y sigue por encima de las recomendaciones sanitarias, lo que hace que el problema no sea sólo ambiental.

Los datos de consumo según el tipo de carne invitan a pensar que esta caída no se ha producido solamente por la emergencia de una nueva conciencia ambiental o animalista, sino que tiene un factor económico. El consumo que más ha descendido es el de ternera (un 44%), mientras que el de pollo ha aumentado un 8% entre 2007 y 2018 según la ONG Amigos de la Tierra. Por lo tanto, parece que más bien ha disminuido el consumo de las carnes más caras en el mismo periodo en el que las sucesivas crisis económicas se han descargado sobre los hombros de la clase trabajadora y han hecho que chuletón al punto no sea “imbatible”, sino impagable.

La disminución en el consumo por persona no ha puesto en peligro al sector cárnico y sus beneficios, como argumenta argumento muy esgrimido por la derecha. Se trata de un sector en auge por el aumento de las exportaciones. Actualmente, la industria de la carne supone el 2,24% del PIB total de nuestro país y el 22,6% de todo el sector alimentario, llegando a generar 26.882 millones de euros anuales. Por lo tanto, aunque el consumo total de carne ha descendido, el volumen de negocio de la industria es superior cada año.

El modelo intensivo y de macrogranja avanza sin freno contra el medio rural

Frente a la clásica imagen de animales pastando por el campo que puede venirnos a la cabeza cuando pensamos en ganadería, las explotaciones a las que se debe este aumento son las de mayor tamaño y con un modelo intensivo. Este tipo de granja es aquel donde los animales no están en semilibertad, sino hacinados unos al lado de otros, sin espacio entre ellos y son alimentados con piensos para abaratar costes. En el caso de las explotaciones porcinas, sólo el 16,5% son extensivas (14.598 granjas), el 1,4% son mixtas (1.240) y hasta el 82,1% de ellas son intensivas (68.836), haciendo que la mayor parte de la carne de cerdo consumida en nuestro país provenga de estas últimas.

Desde 2009, han desaparecido 21.417 granjas de todo tipo de animales, lo que supone un 37,5% del total, y todas ellas eran pequeñas explotaciones. Por su parte, las explotaciones de mayor tamaño han aumentado más de un 50% en el mismo periodo. Las macrogranjas no sólo existen, contrariamente a lo que dice ahora el PP, sino que son el mayor peligro al que se enfrentan las explotaciones pequeñas. Un informe de 2019 de Greenpeace reveló que la producción del 93,7% de la carne de cerdo que consumimos, así como el 94,7% de la carne de aves de corral, se concentra en granjas grandes o muy grandes.

Pese a estos aplastantes datos, en 2020, una campaña publicitaria impulsada por Provacuno y financiada por la Unión Europea, asociaba el consumo de carne de vaca con prácticas de ganadería extensiva y con la repoblación del medio rural. Pero lo cierto es que ambas cosas son falsas. La tendencia en el sector está siendo a la concentración de la mayor parte de la riqueza y de cabezas de ganado en cada vez menos manos y en un modelo intensivo. Esta industria tampoco está favoreciendo la repoblación, tal y como han mostrado numerosos informes de Ecologistas en Acción.

Una patronal campeona de la explotación laboral y la depredación ambiental

Más bien se trata de una industria que favorece la explotación laboral y que se nutre de mano de obra barata, generalmente migrante, condenada por su situación irregular a una vulneración de sus derechos sindicales y menores oportunidades de conseguir un empleo con mejores condiciones.

Pero, pese a estas dificultades para organizarse, esta reestructuración del sector no ha pasado sin denuncia y luchas por parte de los trabajadores que sufren estas durísimas condicioens de explotación en estas granjas, así como en los mataderos.

Durante 2016 y 2017 los trabajadores del sector cárnico se pusieron en pie para exigir el fin de la precariedad en el sector, a lo que los empresarios del sector, como Josep Ramisa, miembro del consejo de administración de Esfosa, respondió con la amenaza de “os voy a pegar cuatro tiros” y con otras amenazas de deportación a los trabajadores: “ya tengo preparados los papeles para que te vuelvas a África a morirte de hambre”.

El problema laboral se suma al problema ecológico que suponen las macrogranjas en el entorno rural, muy parecido al que se deriva de la proliferación de grandes cultivos. En enormes zonas despobladas se instalan granjas contaminantes de gran tamaño, así como cultivos de regadío en zonas donde los acuíferos cada vez cuentan con menos agua o donde el agua está en riesgo de ser contaminada por los purines del ganado.

En todas partes la historia es la misma: las administraciones de distintos signos hacen oídos sordos a un problema ambiental provocado por anteponer el interés de los grandes propietarios al interés general, hasta el punto de que la industria alimentaria se ha convertido en una de las más contaminantes de nuestro país y la segunda más contaminante del mundo, sólo después de la energética.

Tal y como escribía el antropólogo Ramón J. Soria en ctxt “Se trata de un expolio, invasión o nuevo uso de los recursos y el territorio de la España Vacía que solo puede entenderse por la enorme rentabilidad de estos nuevos negocios extractivos a corto y medio plazo. Una enorme rentabilidad desde la filosofía del ‘toma el dinero y corre’ o su versión de ‘toma el dinero y enmierda, destroza, arrasa’ que nadie va a protestar”.

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Gobiernos de derecha y “progresistas” abren las puertas a las macrogranjas

El éxito de la industria de la carne en nuestro país se cimenta, no sólo en el maltrato animal, que se acusa enormemente en el modelo intensivo, sino en un modelo de macrogranjas bendecido por los diferentes gobiernos, tras la excusa de los puestos de trabajo que genera, pero que, en la práctica no mejora las condiciones de vida y empleo en el medio rural y tiene un enorme impacto ambiental.

Un caso muy sangrante ha sido el caso del matadero de Binéfar, en la provincia de Huesca, propiedad de la multinacional italiana Pini. Se trata de una empresa que salió huyendo de Hungría y Polonia cuando sus gobiernos descubrieron las condiciones de explotación laboral de sus plantas y una treintena de empresas falsas en Italia con las que estaban llevando a cabo fraude fiscal en Polonia.

Pese a que estos escándalos salieron a la luz en 2016, un año más tarde y con procesos judiciales aún abiertos, el gobierno aragonés conformado por PSOE, PAR, Podemos e Izquierda Unida acogió a la empresa con las manos abiertas. En mayo de 2020, el matadero fue el responsable de una cadena de contagio de COVID-19 de más de un millar de personas entre trabajadores y familiares porque forzaron a sus operarios a acudir al puesto de trabajo enfermos y a ocultar diagnósticos positivos.

No cabe esperar que la solución a la crisis climática, o a uno de sus desencadenantes venga de la mano de los mismos partidos que, como hemos visto en Aragón o presume el PSOE de García-Page en Castilla La Mancha, abren la puerta a los grandes empresarios de la carne.

Y es que el caso de Binéfar esta lejos de ser anecdótico, es parte de lo que hemos visto en dos años de coalición “progresista” en el gobierno es que es incapaz de anteponer el interés de la clase trabajadora y los sectores populares al de las grandes empresas. Lo hemos visto con la no derogación de la reforma laboral, que más bien ha sido un maquillaje de las anteriores, también con su incapacidad para derogar leyes como la de extranjería o la ley mordaza. Y en materia ambiental, la labor del Ministerio de Transición Ecológica puede considerarse el fracaso esperable de un gobierno con el PSOE, que es un partido que lleva décadas al servicio del IBEX 35 y del que han salido dirigentes derechos al consejo de administración de algunas de las eléctricas más contaminantes del país.

Lo cierto es que la industria cárnica genera una problemática ambiental en el Estado español lo bastante grave como para que se abra el debate sobre ella. Sólo en materia de emisiones, y pese a que la tendencia en la Unión Europea es al descenso de las emisiones de amoníaco, en nuestro país ascendieron un 6,13% entre 2014 y 2016, debido al crecimiento exponencial del sector, y de hecho, más del 80% de emisiones al aire de amoníaco agrícola son por efecto del ganado. Y los purines del ganado generan emisiones al agua de nitrógeno que están contaminando los principales acuíferos del país. El sector agropecuario emite ya el 50% del nitrógeno vertido al agua, lo cual propicia la aparición de zonas muertas en océanos, ríos y lagos, como la tragedia del Mar Menor.

La emergencia climática es real y en nuestro país el auge de la industria de la carne juega un papel fundamental en el proceso de convertirnos en un país-granja, parte de un planeta-granja, como lo denominó el biólogo Rob Wallace. Esto tiene efectos incluso a muy corto plazo, porque las condiciones de salubridad de las granjas son una bomba de relojería epidemiológica, como Wallace explicó en su libro “Grandes granjas, grandes gripes”, que podría desembocar en nuevas pandemias iguales o peores que la de la COVID-19 por las deplorables condiciones en que se crían a los animales.

Necesitamos una verdadera “rebelión en la granja”

La solución a esta crisis no vendrá de los mismos gobiernos y empresas que la han generado y que no están dispuestos a detener la generación de beneficio económico para ellas y emprender una transición ecológica. Ni el gobierno capitalista más “progresista” imaginable puede hacer algo así dentro del orden de este sistema.
Lo que hace falta es una verdadera “rebelión en la granja” en el sector de la carne.

Una movilización que aúne los intereses de los trabajadores del sector, a menudo víctimas de una gran explotación laboral, con otros sectores como el ecologista y los movimientos vecinales. Debemos seguir ejemplos como la lucha contra las macrogranjas en Argentina, donde el acuerdo entre el gobierno argentino y el chino para abrir varias instalaciones porcinas de este tipo ha desembocado en una movilización popular y obrera en contra de estos planes, que podrían acelerar el deterioro ecológico del país y traer empleos-basura.

O el de la lucha de Total de Granpuits en Francia, donde los trabajadores de la refinería de petróleo de esta multinacional iniciaron hace un año un proceso de huelgas en contra del despido de cientos de trabajadores bajo la excusa de la transición ecológica. Estos trabajadores lograron, con la ayuda de ONG ambientalistas, demostrar que la empresa seguiría produciendo energía contaminante, pero abaratando costes.

Porque ese el camino que toman los empresarios del lobby fósil y contaminante y es el que tomarían el de los empresarios de la carne si la transición ecológica dependiera de ellos: abaratar costes para ganar más sin cambiar nada.

Sólo mediante la movilización popular, pero, sobre todo, la imposición de los métodos de lucha de la clase trabajadora, como la huelga y las cajas de resistencia, se pueden cambiar las condiciones laborales de un sector como es el cárnico que adolece de una brutal precariedad laboral deshumanizante. Pero además, la reconversión del sector abandonando el contaminante modelo de la macrogranja y el macromatadero sólo puede llevarse a cabo si las reformas son impuestas con un plan de lucha propio de la clase trabajadora, que abandone cualquier esperanza de encontrar en los empresarios un aliado.

El ministro Garzón forma parte de un gobierno que reprime la movilización obrera con tanquetas y represión, no la favorece. Por tanto, la movilización tendrá que ser necesariamente en contra también de este gobierno al que le encanta hablar de feminismo, progresismo y ecologismo pero que sólo sabe tomar medidas que maquillan el sistema y no transforman nada.


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