NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Más restricciones en el nuevo examen de “españolidad” para conseguir la nacionalidad

El pasado 15 de octubre se implementó una nueva “Prueba para la obtención de la nacionalidad española”, sumándose a las numerosas barreras que encuentran las personas migrantes en el Estado español.

Mario Olivo

Zaragoza

Martes 20 de octubre de 2015

Así, a los interminables procedimientos para adquirir la nacionalidad que incluye “prometer fidelidad al Rey”, se suman estas pruebas, destinadas a los casos de obtención de la nacionalidad por residencia, es decir, tras haber residido en el territorio al menos diez años. Introducen un examen de español y una prueba de CCSE (Conocimiento Constitucional y Sociocultural de España).

Tras pagar una tasa de 85 euros, se puede acceder a las nuevas convocatorias de la prueba, siendo la primera este 26 de noviembre, en la que se evalúa un nivel A2 de castellano con los exámenes DELE y la prueba de CCSE. Esta prueba consta de 25 preguntas tipo test en las que hay que acertar 15 para aprobar, tratándose un 60% de las preguntas sobre “Gobierno, legislación y participación ciudadana en España” y otro 40% restante sobre “Cultura, historia y sociedad españolas”.

Tras dos intentos sin aprobar el examen, se debe volver a pagar la tasa si se quiere optar a la nacionalidad. Estas pruebas, que aparecían desde 2011 en el programa electoral del PP, fueron redactadas por el Instituto Cervantes, organismo dependiente del Estado que regula “la promoción y la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales y la difusión de la cultura española e hispanoamericana”.

Algunas de las preguntas que aparecen en el modelo de examen son “¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz?” o “¿Cómo se llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece en directo a las 15:00 y a las 21:00 horas?”.

El gobierno español pretende con esta medida emular las iniciativas de muchos otros países para bloquear los derechos de los inmigrantes. Por ejemplo, en Alemania se exigen un grado de acierto en los exámenes tan elevado que resulta muy difícil aprobar. En el caso de Francia, junto a los exámenes se debe firmar un “Contrato de acogida e integración" (CAI) para asegurarse de que los extranjeros que quieran vivir en Francia “asimilen” valores y costumbres de la sociedad francesa.

Un sistema burocrático que pone cada vez más restricciones a las ya existentes

La implantación de esta prueba es una traba más en el sistema de acceso a la nacionalidad que puede fácilmente calificarse de excluyente, restrictivo y que no se corresponde en la práctica con la situación de los inmigrantes.

Un sistema falto de recursos y medios, donde las oficinas de Extranjería están por lo general saturadas, con escaso personal que no puede dar abasto a las diferentes solicitudes y peticiones de información. Oficinas donde hay que hacer filas desde muy temprano en la mañana para recién obtener un número a las 9.00 am (que es el horario de apertura) para ser atendido unas dos o tres horas más tarde.

A la hora de la presentación de papeles en la mayor parte de los casos es necesario disponer de un contrato de trabajo de una duración anual, para comenzar el proceso de regularización. Una exigencia ridícula cuando muchos inmigrantes pierden sus permisos de residencia justamente debido a la falta de cotizaciones salariales por encontrarse sin trabajo. Además, cualquier problema con la Justicia puede generar graves inconvenientes en el proceso de regularización, renovación de los permisos y acceso a la nacionalidad.

Reagrupar una familia o invitar a un familiar puede salir muy caro

Para comenzar a reagrupar una familia se establece que se debe disponer de una serie de recursos y medios, en función de la Ley de Extranjería. Las condiciones para los inmigrantes no comunitarios son aún más onerosas que para los ciudadanos europeos. Dentro de una extensa lista, los requerimientos económicos son muy difíciles, sino imposibles, de asumir para muchos inmigrantes.

Además, se ha llegado a un extremo ridículo por parte de la Administración y la normativa de Extranjería en el que se solicitan “cartas de invitación” para los familiares de inmigrantes que vienen de paso o están de vacaciones dentro del Estado español, exigiéndoles disponer al que invita de un domicilio en régimen de propiedad o alquiler, añadiéndose a esto un pago de una tasa de 72,12 euros para el primer invitado, y 6,30 euros más por cada invitación extra.

Al calor de la crisis capitalista, la situación para las personas migrantes se endurece cada día más, de la mano de las políticas del PP y antes del PSOE. El Decretazo que dejó sin tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes en 2012, el aumento de la persecución a los “manteros” en Barcelona son muestra de esto.

La nueva “Prueba para la obtención de la nacionalidad española”, es un nuevo engranaje en este perverso sistema que busca limitar al máximo los derechos de los inmigrantes en el Estado español.






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