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México: violencia y narcotráfico en tiempos del Gobierno de López Obrador

Los niveles de la violencia que se está viviendo en el país, y que involucran el accionar del narcotráfico y de las fuerzas armadas, son materia de distintas controversias y debates, en los cuales intervienen desde voces afines a la oposición derechista y al propio gobierno, como analistas y periodistas independientes y de investigación.

Pablo Oprinari

Martes 22 de marzo
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Cada semana estalla un nuevo hecho que muestra la gravedad de la situación en diversos estados, los cuales son los eslabones más débiles de un panorama, extendido a la mayoría del territorio nacional, que recuerda al que vivió México durante el sexenio de Felipe Calderón. Aunque es complejo dilucidar en las estadísticas oficiales sobre la violencia el peso alcanzado por el accionar del narcotráfico, es posible aproximarse a ello si consideramos, por ejemplo que, de lo poco más de 2000 asesinatos ocurridos en enero de 2022, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas —tres de los estados con mayor actividad del llamado crimen organizado— están entre las entidades con cifras más altas de muertes violentas.

En este contexto, resalta dramáticamente la situación que enfrenta el gremio periodístico. En lo que va del año, seis comunicadores fueron asesinados. Los periodistas están en una condición de peligro e indefensión muy similar a la que afrontan los corresponsales de guerra. Situación que ha sido ya señalada por los medios internacionales y de la cual se intentó colgar de manera oportunista el Parlamento Europeo mientras aprobaba mociones de censura a la prensa en sus países.
Como explicamos antes en otros artículos, junto a las mujeres —que enfrentan el alza de los feminicidios a más de 10 por día—, los periodistas son quienes más sufren las consecuencias de la descomposición política y social que se vive en el país.

Del “militares a sus cuarteles” a la Guardia Nacional

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo campaña en 2012 y 2018 anunciando que regresaría el ejército a los cuarteles. Esta postura le granjeó gran simpatía social, en un contexto donde la protesta social tuvo unas de sus mayores expresiones en los movimientos democráticos de la década previa, como las movilizaciones contra la militarización, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el movimiento por Ayotzinapa.

Sin embargo, después del triunfo electoral, sus promesas dejaron paso a una política no sólo distinta sino también opuesta. El Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado en noviembre de 2018, dejó en claro que se buscaba que la seguridad y el combate al narcotráfico quedasen bajo la responsabilidad directa de los militares.

Esto se concretó con la creación de la Guardia Nacional, conformada centralmente por integrantes de la Marina y del Ejército en un proceso que pasó por varios momentos —incluyendo el debate sobre si el mando de la misma sería militar o civil—, que culminó en la asignación de esta nueva corporación a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), y que fue acompañado de una férrea centralización de la seguridad en las Fuerzas armadas.

Además, el gobierno incluyó a éstas en labores de tipo civil y en su proyecto político, mediante su participación en funciones tales como la administración de puertos y aduanas y en distintos programas sociales, como la construcción de los Bancos del Bienestar y el Nuevo Aeropuerto. Lo cual supuso una profundización de la militarización, por la vía de un mayor protagonismo de los militares en las tareas de seguridad y en distintos ámbitos de la vida social.

Como dice un articulista, “durante el periodo de transición, López Obrador y su equipo mantuvieron su compromiso con una nueva estrategia de pacificación. Además de incluir un paquete de políticas sociales enfocado especialmente a los jóvenes, dicha estrategia contemplaba cambios en las políticas de regulación de las drogas, así como una batería de penas alternativas y amnistías. Aunque muchas de estas propuestas fueron bien recibidas por la opinión pública, no era fácil saber si serían compatibles con las prioridades de seguridad de Washington y menos anticipar su viabilidad en el contexto de la inseguridad y la violencia que envolvían al país”.

Efectivamente, desde su llegada al gobierno, lo que primó fue una orientación acorde a los dictados de la Casa Blanca —primero ocupada por el republicano Donald Trump y luego por el demócrata Joe Biden, lo cual no cambió el carácter de las relaciones entre ambos gobiernos—, tanto en el terreno de la seguridad como en cuanto a la política frente a las drogas. Si bien AMLO ha utilizado en numerosas ocasiones la frase “abrazos, no balazos” para sintetizar su política en este terreno, y ha dicho que busca atacar las causas sociales de la violencia, lo cierto es que la GN apunta a tener 170,000 efectivos (incluso superando los que llegó a desplegar Calderón) y está lejos de atacar desde la raíz las causas de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad social.

Siguiendo la tradición de los gobiernos neoliberales previos, la militarización es presentada como la respuesta necesaria ante el narcotráfico, con el fin de justificarla ante la población. Sin embargo, la labor fundamental de la Guardia Nacional ha sido la represión de caravanas migrantes y movimientos sociales, en tanto que ha crecido su presencia territorial, fortaleciendo a este aparato del Estado y su imagen ante el pueblo trabajador. Muestra de ello son los repetidos operativos contra los migrantes desde 2020, así como frente a los normalistas de Ayotzinapa y el magisterio de Michoacán en los primeros meses de este año. Su accionar ante el crimen organizado es materia de discusión y polémica.

La estrategia gubernamental ante los cárteles

Distintos periodistas e investigadores han sostenido que la mencionada estrategia de “abrazos, no balazos”, más que un convencimiento en que puedan minarse las bases de los cárteles con política social, ampara más bien una política que busca evitar el enfrentamiento directo con los cárteles del narcotráfico, y una especie de “pacto no firmado”, para evitar un escenario como el que se vivió en los sexenios previos. Jorge Zepeda Paterson, por ejemplo, dice que “el presidente habría llegado a la conclusión de que frente a la imposibilidad real de encarar el problema resultaba mejor ganar tiempo. Una estrategia públicamente inconfesable, políticamente incorrecta, pero, a su juicio, realista” [1]. En este escenario, el accionar de la Guardia Nacional, además de garantizar la militarización, estaría orientado a recuperar control territorial en los 248 distritos en las que se dividió el país para fines de seguridad, sin que eso implique una búsqueda de confrontación directa con los cárteles, sino más bien mostrar más presencia. Esto ha ido acompañado de una mayor “inteligencia financiera”, para afectar, en caso de que fuera necesario, las operaciones económicas de determinados cárteles.

Sin embargo, esta línea no habría logrado sus objetivos, y estamos ante una espiral de violencia provocada por la expansión y la confrontación entre distintos cárteles, lo cual ha tenido miles de expresiones, violentas y bárbaras, en los últimos dos años. Una de las más sonadas ocurrió en Culiacán en octubre de 2019, cuando un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y conocido integrante del Cártel de Sinaloa, fue respondido violentamente con una verdadera toma de los accesos a la capital del estado que puso de manifiesto el poderío armado de aquel, y obligó al gobierno a un pacto que permitió la liberación del capo. Lo mismo podemos decir del atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ocurrido en junio de 2020 a plena luz del día en una zona acomodada de la ciudad; integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación efectuaron un ataque basado en una gran logística y armas de alto poder. Sus detractores —muchos de los cuales pertenecen o se identifican con los partidos de la oposición derechista— le critican al presidente que tras la línea de “abrazos no balazos” estaría una decisión de no actuar contra los cárteles que mostraría como débil al Estado. Sectores del propio imperialismo —como el ex fiscal de Estados Unidos, Barry Carr— sostienen que el gobierno ha perdido soberanía ante los cárteles y que su estrategia ya es “coexistir con los cárteles”.

Todos ellos le exigen una línea de combate frontal al narcotráfico; esto es, un retorno a la política que llevaron adelante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. De esta manera, el rol de la Guardia Nacional —además de implicar la militarización y la represión contra los movimientos sociales que ha propiciado el gobierno de la 4T—, en lugar de limitarse a lo que parece una contención del narcotráfico, debería ser ofensiva respecto a los carteles. Esto es también lo que parece estar reclamando la propia administración de Joe Biden, como desarrollamos más abajo.

Expansión y fragmentación: la realidad actual del narcotráfico

En el aumento de la violencia generalizada debe considerarse, como hemos dicho, la profundización de la militarización a través del accionar de la Guardia Nacional, que constituye la verdadera realpolitik de la Cuarta Transformación. Las violaciones a los derechos humanos están ampliamente documentadas, y la presencia de las distintas corporaciones en las calles (sea la policía, las Fuerzas Armadas o un cuerpo militarizado como es la GN) tiene consecuencias nefastas para la población, desde el amedrentamiento hasta la represión.

Junto a ello, sin duda, como un factor fundamental en el incremento de la violencia, hay que considerar la dinámica que adquirió el negocio del narcotráfico en México en los últimos años. Hoy tienen presencia en el país, cuando menos, 16 cárteles, los cuales se extienden desigualmente por las 32 entidades federativas. Esta expansión se ha consolidado durante el actual gobierno. El liderazgo lo comparten dos de ellos, presentes en 25 de los 32 estados. Por una parte, el histórico Cártel de Sinaloa que, lejos de desaparecer después de la extradición de Joaquín Chapo Guzmán, es liderado en sus distintas facciones por varios de los familiares de aquel y por Ismael Mayo Zambada —inverosímilmente nunca atrapado en más de 30 años—, cuya base de operaciones está concentrada en el llamado “Triángulo dorado” y los estados del norte del país, ubicados estratégicamente cerca de la frontera con Estados Unidos, aunque con presencia, directa o a través de alianzas inestables, en la mayoría de la república.

Por otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ascendió meteóricamente en los últimos años bajo la conducción de Nemesio Mencho Oseguera. Su estrategia para expandirse ha sido altamente agresiva, con alianzas y choques con otros cárteles y grupos del crimen organizado. El CJNG conquistó presencia en un mayor número de estados que el resto de sus competidores. Algunos analistas lo comparan con los Zetas, particularmente en lo que denominan un estilo paramilitarizado y la propaganda respecto a sus fuerzas, que se visten y desfilan como si fueran una fuerza militar regular y que desafían abiertamente el control estatal.

La pugna entre los cárteles se expresa de manera compleja e intrincada, debido a la cantidad de organizaciones, grupos y células existentes, así como por las alianzas que dejan lugar rápidamente a confrontaciones por el control de las plazas. De esa manera se desatan guerras entre los mismos y ante la presencia estatal, tal como se ha visto en la mayoría de los estados del país, como en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y en una larga lista. Uno de sus capítulos más recientes fueron las ejecuciones colectivas en San José de Gracia.

Es importante considerar que la actuación de los distintos cárteles —que persigue un claro interés económico y una búsqueda de ganancias, por medios no legales— no se limita al tráfico de drogas. Se ha orientado crecientemente hacia otros “negocios”: tales como el secuestro, la extorsión, el huachicoleo de los ductos, el cobro de “derechos” (como en el caso de los aguacateros de Michoacán) o la trata de personas. Como es sabido, han sido víctimas de todo esto muchos migrantes, secuestrados y asesinados por los distintos cárteles. Otra actividad donde los carteles han destacado es contra los agricultores de limón y aguacate o de los talamontes, en estados como Michoacán y Guerrero, los cuales amedrentan a la población y facilitan también la posterior penetración tanto del narco como de las empresas mineras trasnacionales para llevar a cabo sus megaproyectos.

La actuación del narcotráfico —en particular la de los dos cárteles más importantes— se ha internacionalizado crecientemente, extendiendo sus lazos hacia países de Europa, Asia y África, en tanto que se han convertido en los principales proveedores de la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo que se consume en Estados Unidos. En particular ha destacado la producción y el tráfico de drogas sintéticas, como el ya mencionado fentanilo —que deja márgenes de ganancia muy superiores a las otras drogas—, el cual se elabora a partir de los precursores que llegarían desde China. De esta manera los cárteles se disputan el control de las rutas hacia México y desde nuestro país hacia Estados Unidos, lo cual está tras la importancia estratégica que tienen, no sólo los aeropuertos, sino los principales puertos del país, como por ejemplo en los estados de Michoacán, Colima o Veracruz.

Una investigación reciente de la revista Contralínea, destaca el carácter de redes empresariales criminales que compartirían los dos principales cárteles de México, lo cual combina ser una red o federación con una estructura altamente jerarquizada, ramificada en una multiplicidad de actividades criminales y distintos países y continentes. Su aspecto empresarial estaría dado por “su objetivo final: el dominio comercial en una o varias economías criminales. En todos los casos su fuente de poder es la acumulación de capital económico alrededor de esos mercados, que utilizan para ejercer cantidades crecientes de poder social y político sobre sus áreas de influencia” [2]. Como decíamos antes, es importante considerar el accionar de los cárteles del narcotráfico a la luz de su búsqueda de ganancias, en actividades que no son sólo ilegales, sino que son la mayor expresión de la descomposición y degradación social del capitalismo mexicano, como son la trata de personas o la extorsión, por mencionar dos de ellas. En este dossier, nuestros lectores encontrarán un artículo donde desarrollamos varios aspectos referentes a esta cuestión.

La relación del estado con el narcotráfico implica distintas aristas. Muchos hablan en términos de infiltración. Pero la realidad es que se trata de una verdadera colusión y asociación delincuencial entre distintos niveles del estado y las instituciones con los distintos cárteles. Si una de las más escandalosas expresiones de ello fue la relación entre el ex-zar de la seguridad pública, Genaro García Luna, y el Cártel de Sinaloa, sólo una mirada ingenua (o interesada) pretendería que eso se acabó en 2018 o bien que se encuentra sólo en las instancias más inferiores de las fuerzas policiales y las autoridades locales. Lejos de ello, como lo demuestra la experiencia histórica, ha escalado a los más altos niveles del estado capitalista, y el narcotráfico incide directamente en el nombramiento de funcionarios políticos y policiales.

De igual manera, tampoco es privativo de tal o cual partido. El conjunto de las fuerzas políticas que representan los intereses empresariales, están en mayor o menor medida comprometidos en esto. Ricardo Ravelo, periodista de investigación, en su más reciente libro Narcopolíticos evidencia la corrupción que existe en las altas esferas gubernamentales pertenecientes a todos los partidos; como no podía ser de otra manera, fue amenazado con acciones judiciales por el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, perteneciente, en ese caso, a Movimiento Ciudadano. Junto a la enorme cantidad de funcionarios provenientes del PAN o al PRI, no son pocos los gobernadores y alcaldes pertenecientes a Morena señalados en distintos estados del país que gobierna el oficialismo.

El accionar y la expansión de los cárteles no se puede explicar sin esta relación estrecha con la llamada clase política y los distintos niveles del estado y de las fuerzas armadas. A las partes involucradas esto le funcionó particularmente bien en momentos en los cuales existía un cártel hegemónico —como en los años 80, con la llamada Federación creada por el padrino Miguel Ángel Felix Gallardo, que implicó una relación privilegiada con distintas agencias de Estados Unidos, que se hizo público con el escándalo Irán-Contras —, en tanto que, en otros momentos, fue un instrumento para inclinar la balanza hacia uno de los contendientes, como se vió en los tiempos de Genaro García Luna y su asociación con el Cártel de Sinaloa. A la vez, en momentos de fragmentación y dura competencia, la elección estatal —sea a nivel central, regional o incluso local— de proteger a tal o cual corporación y garantizarles la plaza, genera una reacción y confrontaciones de altos niveles de violencia, como se vió en los sexenios previos y como ocurre en la actualidad en múltiples estados, donde las consecuencias de la confrontación entre los cárteles y con las fuerzas armadas las sufren la población.

En la actualidad, hay quienes señalan que los esfuerzos estatales estarían mayormente concentrados contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual favorecería a su principal contendiente. En tanto que quienes defienden la estrategia oficial aducen que esto responde a una supuesta mayor agresividad de aquél.

El hecho es que los vínculos entre las instituciones, partidos al servicio de los empresarios y fuerzas militares con el narcotráfico es un indicador de que estamos ante una característica constitutiva del capitalismo mexicano que, al calor de la opresión imperialista y de la aceptación de las políticas prohibicionistas de Washington, ha desplegado una profunda degradación y descomposición en todos los órdenes de la llamada vida pública.

Estados Unidos, y el reclamo a la política de seguridad de AMLO

En este contexto, la administración estadounidense ha exigido un accionar más decidido frente a los cárteles del narcotráfico, por parte del gobierno mexicano. El Departamento de Estado, en su reciente reporte internacional sobre la estrategia de control de drogas (INCSR) 2022, sostuvo que México tiene poca capacidad para perseguir el lavado de dinero, que no están reguladas las sustancias químicas que se utilizan para la producción de narcóticos, y que los cárteles mexicanos están jugando un rol cada vez más trasnacionalizado como lugar de producción y tránsito hacia Estados Unidos, y en relación con los precursores de origen chino.

El gobierno Biden tomó la decisión de señalar abiertamente la influencia de las organizaciones del narcotráfico sobre altos funcionarios del gobierno mexicano. Este gesto agresivo sin duda, se combinó con llamar a “continuar trabajando juntos para intensificar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones de la delincuencia transnacional y sus redes, así como aumentar los enjuiciamientos de líderes y facilitadores criminales y fortalecer los esfuerzos para incautar activos ilícitos”. Es importante considerar que estos señalamientos fueron precedidos por el juicio a Genaro García Luna y por la detención del General Cienfuegos, quien finalmente fue liberado a partir de la protesta diplomática del gobierno de AMLO.

En este momento, según parece y de acuerdo a las declaraciones, la Casa Blanca estaría muy preocupada por el auge de la producción y tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, hacia Estados Unidos. La respuesta que espera Washington es una actividad más intensa del gobierno de López Obrador contra los cárteles que operan sobre Estados Unidos, y una “mayor colaboración”, que solo puede significar una mayor participación de las agencias antidrogas del vecino del norte en el país, algo que sigue presente bajo la actual administración. La presión estadounidense, aunque presentada de manera diplomática —como parte de su política injerencista— es evidente, y solo puede traer una aún mayor militarización del país y de la frontera norte.

Habrá que ver si AMLO se hace eco de la misma —lo cual supondría una confrontación más fuerte que genere inestabilidad y tenga costos políticos para el gobierno, considerando la sensibilidad social hacia la violencia en el país— o si se mantiene en el curso actual, concentrado en mantener presencia estatal en las zonas más candentes a través de la Guardia Nacional, cuyo accionar, como decíamos antes, donde es más “efectivo” es frente a la protesta social.

En las últimas semanas, vimos la detención de varios líderes; como fue el apresamiento y deportación a Estados Unidos del Huevo Treviño, capo del Cártel del Noroeste y sobrino del temible Z-40; así como el líder regional del CJNG en Colima. Estos podrían interpretarse como gestos orientados a calmar las ansias y exigencias estadounidenses. Y se da en el marco de nuevas acciones del crimen organizado, como fue el asesinato del alcalde de Aguililla, población de Michoacán cuya recuperación, por parte de las Fuerzas armadas, habían presentado como una expresión de la política gubernamental de mayor presencia territorial.

La situación actual genera gran inestabilidad. Y puede ser peligrosa para un gobierno que busca, justamente, preservar cierta estabilidad política, para llegar a las elecciones presidenciales del 2024 con los actuales niveles de popularidad, y evitar que la oposición de derecha capitalice esta situación bajo un discurso de mayor “seguridad”.

Aunque, como mencionamos previamente, existe un reclamo de la administración Biden, el hecho es que la estrategia de seguridad de la 4T está en los términos de la subordinación que exige Washington. Y se sustenta en una política prohibicionista ante la cuestión de las drogas y en el despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Durante los años previos, la llamada guerra contra el narcotráfico y la militarización que la sustentó trajo consecuencias nefastas para las mayorías trabajadoras en nuestro país: cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos y desplazados, en un saldo espeluznante. Ésta fue la expresión más aberrante de las consecuencias de la subordinación económica, política y en materia de seguridad a los Estados Unidos, así como de la descomposición y degradación resultado tanto de la histórica opresión imperialista sobre nuestro país —el cual que comparte 3,000 kilómetros de frontera con el coloso del norte— como de las políticas más recientes impuestas por la Casa Blanca. Evidentemente, una salida a la encerrona actual, cruzada por el accionar de los cárteles y la estrategia de seguridad del estado mexicano, pasa, necesariamente, por la ruptura con el imperialismo y a sus dictados. Desmilitarizar el país, legalizar las drogas y expropiar a los capitales del narcotráfico, serían medidas fundamentales en ese sentido. Esto está muy lejos de lo que pueden y quieren llevar adelante aquellos partidos que representan los intereses de los capitalistas y que, aun en sus versiones más progresistas, no pretenden enemistarse con Estados Unidos y sus políticas que, en México y la región, han tenido consecuencias nefastas.

Se trata entonces de impulsar una perspectiva anticapitalista y socialista —que comienza por medidas como las que planteamos más arriba—, realmente favorable a los intereses de las grandes mayorías, y que ponga un alto a la espiral de violencia y degradación social, resultado directo del capitalismo y la opresión imperialista.

Notas:
[1] El Pais, “Inseguridad pública: la estrategia inconfesable”, 9 de febrero de 2022

[2] Contralinea, Sinaloa y CJNG, redes empresariales criminales, 3 de marzo de 2022


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Pablo Oprinari

Sociólogo por la UNAM, coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles.

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