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Militarismo “progre”: el Gobierno del PSOE y UP aprueban los presupuestos con mayor gasto militar de los últimos 40 años

El Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Presupuestos Generales que llevará al Parlamento. Se da el espaldarazo definitivo a la política militarista, con un crecimiento del gasto militar del 20% en 2023, un primer paso hacia el objetivo de doblar el presupuesto militar antes de 2029. Al mismo tiempo, consolida la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, al establecer una subida para las y los empleados públicos muy por debajo de la inflación. Así y todo, Unidas Podemos tiene la desfachatez de presentarlos como si fueran los presupuestos más progresistas de la historia.

Juan Carlos Arias

Martes 4 de octubre
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El Gobierno aprueba los Presupuestos tras un acuerdo de última hora entre PSOE y Podemos. / EFE

Tras algunos tiras y aflojes a los que ya nos tienen acostumbrados, más fruto de la necesaria representación mediática que de diferencias reales -ya que UP nunca tira demasiado de la cuerda y siempre acaba cediendo-, al final hubo “fumata blanca” y se aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 en la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes.

De hecho, parecía que las cuentas públicas no quedarían aprobadas finalmente este martes y que podrían correr peligro sin antes dar salida por fin a algunos de los compromisos que UP le venía exigiendo a Pedro Sánchez a cambio. En asuntos tan destacados como una la ley de la vivienda o la derogación de la ley mordaza. Todo un espejismo y algo que no ha sucedido y de nuevo ha visualizado la impotencia política neorreformista de UP. Cuando, paradójicamente, nos encontramos en un claro momento de debilidad del Gobierno golpeado por las encuestas y ante la necesidad de sacar unos presupuestos que impulsen sus posibilidades electorales el próximo año, lo que podría haber facilitado claramente arrancarle algunos compromisos adquiridos hace bastante tiempo en materias tan sensibles socialmente.

El propio portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, tras la aprobación del proyecto de presupuestos ha declarado con enorme resignación: “hemos intentado pactar un desbloqueo de la ley de vivienda y el socio mayoritario no ha querido”. Y respecto a la ley mordaza señaló: “no hay acuerdo porque el PSOE no ha querido”. Para terminar, diciendo que van a pelear ambas leyes “de todas formas”. La cuestión es si lo podrán hacer cuando en condiciones inmejorables en la negociación presupuestaria se han visto incapaces de lograrlo.

Un nuevo sapo que traga UP, como durante toda la legislatura, en la que ha ido aparcando la mayoría de su programa de compromisos legislativos en materia de protección social y derechos laborales que supuestamente iba a lograr imponer al PSOE Sánchez, tras su entrada al Gobierno de coalición. Ni pararon los desahucios, ni derogaron la reforma laboral, ni la ley mordaza. Ni siquiera logaron una reforma fiscal digna de tal nombre que tapone las enormes desgravaciones y agujeros fiscales que hacen que las grandes fortunas y las empresas del IBEX 35 prácticamente no paguen impuestos directos, algo vital si se quiere atender a la emergencia social existente tras dos crisis consecutivas y ahora la crisis energética y la guerra de Ucrania

Pero el mayor sapo que deberán tragarse en sede parlamentaria tanto los miembros de UP, como el resto de los socios que sostienen al Gobierno en el Congreso si acaban aprobando los Presupuestos presentados, será aprobar las partidas presupuestarias de los gastos militares que experimentarán un crecimiento cercano al 20% durante 2023, pasando de los 13.310 millones de 2022, a 15.810 millones que con el incremento de los 2.500 millones se alcanzarán el próximo año.

Un crecimiento histórico, que con toda probabilidad se superará con creces, tal y como suele suceder ejercicio tras ejercicio presupuestario. Sin ir más lejos este año con los 1.000 millones de euros extra que se aprobaron vía créditos presupuestarios extraordinarios. Y con otro montón de partidas presupuestarias que aparecen escondidas en otras cuentas difíciles de detectar y que acaban engrosando el presupuesto militar, y que se utilizan para dotar de más medios e infraestructuras al aparato militar del Estado español y, como consecuencia de ello, para implementar las políticas imperialistas opresivas sobre los países semicoloniales y fortalecer los intereses militaristas de la OTAN.

Atajando las críticas, en otro tuit completamente patético, Echenique ha dicho “no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE, porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y Abascal afilando los cuchillos. Pero quiero decir claramente que nos han ocultado el aumento unilateral en el gasto en defensa y que es una vergüenza.” ¡Nos han ocultado! Y lo dice sin sonrojarse.

Pero la realidad es que el discurso oficial de Unidas Podemos para justificar la aprobación del desorbitado crecimiento del gasto militar en 2023, con la ministra comunista Yolanda Díaz a la cabeza, es que es un coste que no ha formado parte del techo de gasto consensuado con el PSOE de Pedro Sánchez, como si eso implicara que ese gasto no fuera a retraer recursos del resto de partidas, incluidas las de carácter social. En todo caso, contribuye de manera directa a incrementar los gastos públicos y por lo tanto la deuda pública, que posteriormente será causa de futuros recortes en pensiones, sanidad o educación. Una ceremonia de auténtico camuflaje político perpetrado por los que dicen que quieren hacer políticas “en favor de la gente”, pero terminan favoreciendo las políticas militaristas y militaristas del Gobierno de la OTAN, que es “su” gobierno.

Devaluación salarial y gasto social con partidas por debajo de la inflación

Por si el enorme aumento del gasto militar fuera poco, el Proyecto de Presupuestos consolida también una fuerte devaluación salarial para los empleados públicos. La partida destinada a tal fin condena a casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras a perder en torno a un 7% de poder adquisitivo este año, puesto que la subida salarial será de tan solo un 3,5% en total para 2022 -un 2% que ya se subió más un 1,5% en una paga a final de año-.

Frente a una inflación del 9% -pero que ha estado por encima del 10%-, aumentos del 15% en alimentos y más del 60% en el gas y la electricidad, las subidas salariales del Gobierno “progresista” son idénticas a las propuestas por la patronal. Y la burocracia sindical de CCOO y UGT lo aceptan diciendo a que es una subida “razonablemente realista”. Hay que ser canallas.

El Gobierno, y muy especialmente Yolanda Díaz, se han lanzado a vender los presupuestos como “el mayor gasto social de la historia”. Pero lo cierto es que en la mayoría de las partidas de gastos sociales esenciales ni siquiera se alcanza un crecimiento equivalente al de los precios. Por lo tanto, no es que crezca, es que ni siquiera se mantiene el nivel de gasto preexistente. Salvo en lo que hace a la partida del gasto militar, que supera con creces el coste de la elevación de los precios por la inflación al crecer un 20%, el mayor aumento en 40 años.

Por poner algunos ejemplos, se pretende destinar a Sanidad un 6,7% más de los recursos en relación a los Presupuestos del año pasado. Sin embargo, ese crecimiento se ubica claramente por debajo de los precios actuales y del nivel que los expertos esperan hacia finales de año (entorno al 8%), al que habría que añadir la inflación del año 2023. Al conjunto de la atención primaria se destinarán un total de 500 millones para infraestructuras, cuantía totalmente insuficiente dado el abandono absoluto en algunas comunidades como Madrid para mejorar las enormes deficiencias y deterioro del que partimos.

Si hablamos de la Educación nos encontramos con la misma situación: un crecimiento de un 6,6% en la partida, que también está claramente por debajo de los índices de inflación que ya se han experimentado este año y cuando el próximo se espera que sigan creciendo en cuantías significativas. Y qué decir con respeto a la mejora en el subsidio del desempleo con la vuelta al 60% de la base de cotización del cobro a partir de los seis meses, que supone apenas un incremento de unos 100 euros. O la subida del IPREM a 600 euros, una auténtica miseria para las ayudas sociales que muchas veces ni siquiera se pagan íntegramente, o los 100 euros para las madres de hijos de 0 a 3 años, sin establecer todavía límite de renta.

Respecto de las pensiones, se ha aprobado una subida del 8,5% para mantener su poder adquisitivo, aunque en realidad se confirmará el porcentaje de subida en noviembre cuando se conozca la media del IPC de 2022 que será lo que se incremente. Sin embargo, al subirse una media, los pensionistas perderán poder adquisitivo los meses que hayan estado por encima de la media, algo que este año ha sucedido en buena parte del año.

Toda esta “política social” no pasa de ser migajas para justificar un Presupuesto que esconde una subida histórica y muy por encima de la inflación del gasto militar, que ya viene creciendo desorbitadamente desde hace años.

¡Abajo los presupuestos militaristas, arriba los salarios!

Lejos de ser “los Presupuestos con mayor inversión social de la historia”, como titula la prensa “progresista”, el Proyecto acordado por el PSOE y UP son unos Presupuestos reaccionarios emponzoñados por el militarismo imperante en el Gobierno, que trata de justificar con la excusa de la guerra en Ucrania, pero que va mucho más lejos: apuntalar el estado imperialista español y las políticas expansivas de la OTAN. Y también son unos Presupuestos que van directamente contra los salarios, al provocar otra devaluación salarial que sufrirán millones de empleados públicos y que servirá de modelo a la patronal, que se niega a aceptar cláusulas de revisión salarial automáticas según el coste de la vida.

Por eso hay que movilizarse contra estos presupuestos e imponer a las burocracias sindicales de CCOO y UGT un plan de lucha para enfrentar el militarismo, la inflación y preservar el nivel de vida de la mayoría trabajadora. ¡Abajo los presupuestos militaristas, arriba los salarios!

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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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