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Moreno Bonilla copia a Ayuso creando beneficios tributarios para los ricos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciado que eliminará el impuesto del patrimonio en el territorio andaluz junto con otras medidas como la supresión del canon del agua por un año o la deflación del IRPF. Estas medidas suponen un regalo fiscal para los millonarios.

Ana Adom

Lunes 19 de septiembre
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Según ha declarado Moreno, se trata de atraer a los empresarios andaluces que residen en el “paraíso fiscal” que es Madrid ya que esta comunidad bonifica el 100% del impuesto sobre el patrimonio. Esta supresión fue llevada a cabo en el año 2009 por el gobierno de la popular Esperanza Aguirre.

El gobierno de Ayuso por su parte ha eliminado todos los impuestos propios de la región y descendido medio punto el IRPF. Todas estas supresiones suponen a fin de cuentas que las grandes fortunas dejaran de pagar 5.000 millones de euros, cantidad que se elimina de poder ser destinada a servicios públicos afectando así a su degradación como refleja la preocupante situación de la educación y la sanidad en esta comunidad.

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Ahora, Moreno Bonilla pretende ampliar las rebajas fiscales eliminando el impuesto sobre el patrimonio, el canon del agua y deflactando el IRPF autonómico siguiendo la línea de las seis rebajas fiscales que ha realizado anteriormente.

Escudándose en un supuesto ahorro para las familias y los trabajadores la supresión del impuesto sobre el patrimonio solo afectará a aquellos contribuyentes con bienes muebles e inmuebles valorados en más de 700.000 euros, algo que representa a poco más del 0,2% de la población andaluza. En definitiva, esta medida estaría suponiendo un regalo de unos 5800 euros de media para los patrimonios más altos.

En un contexto de inflación que supone una gran perdida de poder adquisitivo para los trabajadores habrá que ver como afecta está rebaja de impuestos a los presupuestos del próximo año. Si es cierto lo que dice Moreno y para él Ayuso es “el espejo en que se refleja”, para la clase trabajadora andaluza esto se traduce en aumento de las desigualdades y el recorte aún mayor en sanidad, educación y servicios sociales.

Tanto el gobierno de la Junta de Andalucía como el gobierno central de PSOE-UP llevan toda la crisis tratando entre algodones a estas empresas que vienen obteniendo beneficios incalculables a costa del empobrecimiento de las familias. Tanto los bloque en torno al PP como al PSOE las han mimado desde que se constituyó el Régimen del 78 formando parte inquebrantable de un régimen que reporta grandes beneficios para unos pocos y en el que la unión entre los partidos del régimen y las grandes compañías energéticas, de las telecomunicaciones y la banca es un hecho.

Los datos del Impuesto de Patrimonio señalan también el nulo alcance que el propio impuesto tiene, siendo menos de la mitad de los más ricos los que lo pagan. Concretamente 4.003 millonarios de 8.195 lo pagaron en 2020: 250 de los 724 que declaran una fortuna superior a 30 millones y 3.753 de los 7.471 que declaran entre 6 y 30 millones. En total pagaron 405,36 millones de euros de un total de 1.001 que ha recaudado este impuesto en 2020.

Todo ello debido a que se benefician de una serie de mecanismos fiscales, así como de bonificaciones de las Comunidades Autónomas. El caso más escandaloso la Comunidad de Madrid liderada por el PP de Ayuso, que les perdono por esta vía de bonificaciones ni más ni menos que 992 millones de impuesto de patrimonio. Ahora Andalucía se suma a esta situación.

Por su parte, el Gobierno de PSOE, Podemos y el PCE sigue sin cuestionar la riqueza de las grandes fortunas, siendo continuista con las políticas que en una década no han hecho más que incrementar la desigualdad social con más pobreza por un lado, y más millonarios y más ricos por otro. Y al mismo tiempo que incrementan de manera obscena los presupuestos militares.

Aplicar de forma contundente impuestos a las grandes fortunas y a las sociedades, junto con otras medidas, como las necesarias para atajar la inflación (como algunas que proponemos desde la CRT), son necesarias para que la crisis la paguen los capitalistas y deben ser impuestas por la movilización, por un gran plan de lucha desde la izquierda política y sindical, organizado en cada centro de trabajo y barrio.


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