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NO ES NO

Pérez Esquivel y el Serpaj denuncian la avanzada represiva y megaminera en Chubut

En una carta dirigida al gobernador Arcioni y a los legisladores de Chubut denuncian métodos que remiten a la dictadura y avances sobre el ambiente y las formas de vida sin consulta a las comunidades.

Valeria Foglia

@valeriafgl | Editora de Ecología y ambiente

Jueves 26 de noviembre de 2020 | 14:08

Con preocupación por el “constante desconocimiento” que se hace sobre la negativa del pueblo de Chubut al avance de la megaminería y el respeto por sus derechos fundamentales, el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y el Serpaj que preside les hicieron llegar sendas cartas al gobernador Mariano Arcioni y a los legisladores provinciales.

En la misiva, que también firman las coordinadoras nacionales del Serpaj Ana Almada, Elizabeth Quintero y Cecilia Valergas, denuncian los hechos represivos del martes Chubut: reprimen y detienen a manifestantes contra la megaminería], cuando un vehículo de la Policía de Chubut, con efectivos sin identificación, cerró el paso e hizo bajar del automóvil a tres manifestantes contra la minería contaminante que regresaban desde Rawson tras la jornada de paro y movilización a la Legislatura. Los golpearon y detuvieron en una comisaría durante horas. “Esa práctica nos remite a los tiempos de la dictadura”, escriben.

Este martes pasado en el Parlamento chubutense se presentaron dos proyectos de ley: la zonificación minera que promueve Arcioni a tono con el Plan Estratégico Minero lanzado por el Gobierno de Alberto Fernández y la Iniciativa Popular (IP) surgida de las asambleas de comunidades y que ya cuenta con más de treinta mil firmas para prohibir la megaminería en todas sus formas.

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Ambos proyectos fueron derivados a comisiones, pero solo la IP tiene licencia social. En su texto al gobernador, el organismo que preside Pérez Esquivel rechaza los planes de zonificación minera, destaca el derecho a un ambiente sano y la importancia de que los pueblos decidan cuál será su modo de vida en aquel que habitan. En este sentido, amparados en la Opinión Consultiva 23/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos instan a poner en práctica mecanismos de participación popular en torno a los planes en la provincia.

“La toma de la decisión de zonificar el área de la meseta para la explotación de yacimientos mineros a gran escala produciría la afectación a las nacientes de los ríos que proveen del agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura”, manifiestan en su carta, en la que además advierten sobre la contaminación del agua, la tierra, el aire y el paisaje, así como la destrucción de biodiversidad y la identidad cultural de los pueblos. “Chubut tiene un solo río”, aseguran, “el río Chubut, que cruza […] desde la cordillera al mar, y no existe la minería sin afectación al recurso hídrico”.

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La Iniciativa Popular, que ya reunió decenas de miles de firmas y convocó movilizaciones en toda la provincia, expresa un rechazo categórico a esta forma de extractivismo, prohibida desde el año 2003 con la sanción de la ley 5001. El Serpaj denuncia que el Gobierno de Arcioni y su ministro de Seguridad Federido Massoni han militarizado sobre todo el este provincial y dispuesto un protocolo que habilita a las fuerzas represivas a usar armas de fuego contra los manifestantes.

En ese marco el Serpaj también reclama que el Gobierno de Chubut dé respuestas sobre la desaparición de Narciso Pino, sobrino de Hortensia Huicha, activista contra el proyecto megaminero Navidad, a comienzos de noviembre. A la vez, la referente de la lucha ambiental denuncia desde 2011 la desaparición de su hijo Reimundo Pino, sobre cuyo paradero ninguna autoridad ha dado respuesta.

La luz verde que llega desde la Casa Rosada parece haber envalentonado al gobernador y a legisladores que sirven a los intereses de las multinacionales mineras. Sin embargo, al calor de las enormes movilizaciones por el “No es no” a la megaminería también surgen apoyos de variados sectores, como los trabajadores de la salud, becarios de ciencia y técnica de Chubut, investigadores de la UTN, organismos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el propio Serpaj. La semana pasada en Mendoza y Buenos Aires también se sumaron a decir que el agua vale más que sus ganancias.

Leé la carta completa

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