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Reforma laboral y “plan de choque” contra la crisis, dos medidas para proteger los beneficios empresariales

La reforma laboral del Gobierno “más progresista de la historia” entrará en pleno vigor este miércoles. En un contexto de guerra, carestía y empobrecimiento generalizado de las clases populares, será una herramienta esencial para que los empresarios puedan descargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Sumado al “Plan de choque” del Gobierno contra la crisis, que servirá para socializar pérdidas y privatizar los beneficios, salvaguardardando las ganancias empresariales, que es el objetivo prioritario hoy por hoy del Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos.

Juan Carlos Arias

Martes 29 de marzo
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La reforma laboral negociada con las burocracias sindicales de CCOO y UGT y la patronal (CEOE y CEPYME) el pasado diciembre, que en ningún caso supuso la derogación total de la dura reforma laboral de Rajoy -ni siquiera en sus aspectos más lesivos-, echa a andar desde este miércoles 30 de marzo con todas sus dimensiones y consecuencias. Lo hace sin modificar en absoluto las condiciones establecidas para cuestiones tan fundamentales como las enormes facilidades para los despidos a la carta (desde razones económicas sin necesidad de pérdidas, hasta productivas y tecnológicas o meramente organizativas), o la fuerte reducción de las indemnizaciones por despido improcedente (de 45 días a 33), ni los descuelgues unilaterales de los convenios se han corregido con la reforma del Gobierno progresista. Toda una batería legislativa diseñada por el Gobierno de Rajoy, junto a la UE, que daba una vuelta de tuerca al recorte de derechos laborales de Zapatero, para llevar a cabo con todas las garantías posibles la política de fuerte devaluación salarial y precarización necesaria tras la crisis de 2008, para que la crisis financiera por la burbuja inmobiliaria la pagasen las clases populares y la clase trabajadora.

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Con la nueva reforma únicamente se ha revertido la posibilidad de mantener la ultraactividad de los convenios, aunque el empresario siempre puede descolgarse unilateralmente acogiéndose a circunstancias económicas, productivas, tecnológicas u organizativas. Además, la reforma preserva para las subcontratas el pago del salario del convenio, pero no el resto de condiciones laborales (jornada, categorías profesionales, etc.). Lo mismo sucede con la primacía del convenio del sector frente al convenio de empresa, igualmente limitada por la posibilidad de los descuelgues en cuyo caso no se aplica ningún convenio sino directamente el Estatuto de los Trabajadores, con derechos mínimos para todas las condiciones laborales.

La nueva reforma ni siquiera garantiza el final de la precariedad

Tras el período de tres meses transcurridos desde la firma del acuerdo que fue establecido como período de transición para que se adaptaran las empresas a las nuevas modalidades contractuales que se han recogido en la nueva reforma laboral, se deberá implementar a partir de ahora toda la casuística de las nuevas modalidades de contratación establecidas.

Pese a las promesas de finalizar con el abuso de la temporalidad y la precarización laboral, la reforma se ha limitado a suprimir varios tipos de contratos temporales (contrato por obra y servicio y los de interinidad) y solo dificultar ligeramente las posibilidades del empresario para perpetuar la precariedad. Pero sin suprimir de raíz la posibilidad de la contratación temporal y, en consecuencia, los niveles de precarización que han llegado a superar el 90% de toda la nueva contratación en estos últimos años.

Todavía siguen en manos del patrón otras vías de flexibilidad laboral para ajustar la contratación a sus necesidades de temporalidad, cuando no simplemente de sometimiento y disciplinamiento de los trabajadores ante la amenaza del despido y, por lo tanto, la nula protección de sus derechos laborales.

Con la nueva reforma el empresario seguirá contando con suficiente modalidad de contratos temporales a la carta, aunque con menor posibilidad de ampliarlos en el tiempo. Simplemente le bastará con despedir y volver a contratar a otro trabajador, o el mismo siempre que haya un corte contractual suficientemente amplio. Así, se podrá servir de la modalidad de los contratos por circunstancias de la producción -que pueden alargarse durante 18 meses en un período de 24- para momentos imprevistos de incremento de la producción, que le servirán perfectamente para seguir disponiendo de los trabajadores temporales que pueda necesitar. O incluso se le permite la contratación durante 90 días en el año, casualmente los tres meses que suelen contratar empresas comerciales como El Corte Inglés o la Hostelería, para momentos de demanda extraordinaria. Obviamente, sin fijar limitaciones a su continuidad a lo largo de los años para el mismo trabajador. De este modo, se siguen reproduciendo condiciones laborales de absoluta precariedad, con indemnizaciones de miseria en caso de despido (doce días de salario bruto por año, un día por mes).

A esto habría que añadir la precarización que supone el contrato fijo discontinuo, que implica la perpetuación en el tiempo de un trabajo temporal, que pasa a ser el mecanismo por excelencia para transformar a los temporales en los fijos que necesite el empresario, pero con un trabajo no continuado. De esto se pueden servir las ETTS para las subcontratas, todo ello a costa de un salario muy inferior al normal y con la total disponibilidad del trabajador.

Y, por si fuera poco, a todo esto hay que añadir la persistencia del mecanismo de los ERTE, que ahora se hacen extensivos y generalizados para cualquier reajuste empresarial y que con la excusa de la guerra en Ucrania ya están volviendo a la orden del día. Este mecanismo de flexibilidad empresarial, justificado para “evitar los despidos”, es un verdadero chollo para los empresarios, que trasladan sus costes al erario público, mientras a los trabajadores les supone una reducción salarial en un mínimo del 30% y en muchos casos la reducción de las cotizaciones a la seguridad social al 100%. Es por ello que este procedimiento ha dado lugar a multitud de fraudes denunciados por la inspección de trabajo, con miles de multas a empresas por seguir utilizando parcial o totalmente la fuerza de trabajo que tenía bajo un ERTE.

“Plan de choque” contra la crisis: limosna social y más recursos para las empresas

El “plan de choque” de gasto público planteado por el Gobierno, cifrado en un coste de 16.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis por la guerra de Ucrania, es un auténtico parche que apenas destina 6.000 millones a la parte de ayudas directas al escudo social y a las rebajas del coste de la luz y los carburantes, entre los que también hay ayudas a las empresas del transporte y la pesca y la agricultura. A su vez, se destinarán 10.000 millones (62,5% de los fondos previstos) a créditos ICO, que irán directamente a los bolsillos de los empresarios para facilitar sus negocios.

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Es evidente que de nuevo como durante la covid el Gobierno basa su política económica y social en socializar las pérdidas empresariales y privatizar los beneficios. Pero mientras tanto, el Gobierno pretende en los dos próximos años subir el gasto en defensa entre 2.400 y 2.600 millones de euros. Con el objetivo final de alcanzar un gasto militar del 2% del PIB a corto plazo, lo que implica un gasto anual de más de 20.000 millones.

Con una escalada de los precios de los carburantes y de la energía que está siendo un auténtico tsunami en la línea de flotación para los niveles de vida esenciales del conjunto de amplias capas de la población, con precios que se están duplicando o incluso triplicando. Y, mientras la población en riesgo de pobreza o que está alcanzando niveles de umbrales de récord, de nuevo el Gobierno no impedirá los desahucios, ni los despidos, ni atenderá las profundas necesidades sociales. Tampoco atacará los enormes beneficios empresariales del sector eléctrico, con 200.000 millones de beneficios extraordinarios por la escalada de los precios. Ni mucho menos se plantea subir los impuestos a las grandes fortunas ni a las empresas del IBEX 35.

Mientras la deuda pública supera el 120%, no falta mucho para que la disciplina fiscal exigida desde Bruselas vuelva por la puerta grande y todo el gasto público que ahora se está aprobando se transforme en recortes, en sanidad, educación y servicios sociales.

Con toda seguridad el Gobierno buscará el apoyo de las burocracias sindicales de CCOO y UGT y la patronal para fijar un pacto de rentas que básicamente, según se ha adelantado ya, va a consistir en contener el crecimiento de los salarios, en el mejor de los casos un 3% para este año frente a un crecimiento del IPC que en el mejor de los casos pueden terminar en una media del 7%.

Supuestamente en años sucesivos se iría recuperando el poder adquisitivo perdido con algún mecanismo de cláusula de revisión salarial. Pero las y los trabajadores no podemos aceptar esta quimera, puesto que durante las sucesivas crisis de 2008 y 2020 con la pandemia han pasado por recortes salariales que siguen sin recuperarse, mientras los beneficios empresariales se han venido disparado con unos beneficios históricos en 2021 de las empresas del IBEX 35 que han alcanzado los 60.000 millones de euros. Los salarios, sin embargo, solo el año pasado perdieron no menos de 5 puntos y este año todo parece indicar que todo será aún peor ante la escalada histórica de precios que nos retrotrae a los años 80.

Ante esta situación es imprescindible levantar un programa de emergencia social independiente en favor de la clase trabajadora y las clases populares. Un programa contra las consecuencias de la crisis, pero también contra la oleada militarista que estamos viendo. Es más necesario que nunca retomar la movilización en la calle, superando a las burocracias sindicales de CCOO y UGT mediante el impulso de asambleas que establezcan un calendario unitario de movilizaciones de todas las organizaciones sindicales, políticas, vecinales y sociales para derrotar los planes del Gobierno y la patronal que pretende que la crisis la paguen las y los trabajadores y las clases populares.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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