Libertades Democráticas

Sánchez avanza con los indultos, pero quedan fuera 3000 encausados catalanes

Este martes Sánchez ha anunciado los indultos a los dirigentes catalanes. Pero esto no revierte la grave vulneración de libertades democráticas y la persecución del Estado hacia el movimiento independentista: miles de personas con causas pendientes y un futuro incierto.

Martes 22 de junio

Este martes, después del consejo de ministros, el presidente español Pedro Sánchez ha comparecido para anunciar los indultos parciales a los 9 dirigentes catalanes que se encuentran en prisión. Con este anuncio espera poder dar pasos en la restauración de la estabilidad autonómica, cerrando la gran crisis catalana. En la misma dirección apunta los partidos de la dirección del procés, que apuestan por el regreso a la vía autonómica.

“Esta medida de gracia tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia en la sociedad catalana y española. Tomamos la decisión porque es la mejor para Catalunya y España. La sociedad española quiere una Catalunya europea y con un alto grado de autogobierno”, ha explicado Sánchez.

Y también ha dicho que "Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. De hecho, estas personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática". Y ha dejado claro, también, que los indultos tienen como condición la inhabilitación para ejercer cargos públicos, así como el que no se cometa ningún delito en los próximos años. Caso contrario, podrían ser revocados.

Con esta medida, muy cuestionada por la oposición de derecha, Sánchez se juega a consolidar su legislatura hasta el final del mandato, con el apoyo de los partidos catalanas, así como encarar una "restauración" autonómica pactada con estos. Sin embargo, estos indultos parciales no resuelven la grave vulneración de derechos hacia el movimiento independentista, cuando más de 3.000 personas mantienen causas abiertas y otros dirigentes se encuentran en el exilio.

Desobediencia, prevaricación, malversación y falsedad documental son algunos de los delitos que se les imputan. Muchos de los encausados eran cargos públicos durante el 1-O, por lo que las causas tienen la misma motivación que la condena a prisión de quienes ahora serán indultados. ¿Por qué entonces no se establece anulación de todas las causas?

La verdad es que estas causas permanecen como una forma de intimidación hacia el movimiento catalán, una espada pendiente sobre la cabeza de muchos, para que no se les ocurra volver a intentar un referéndum o algo similar.

También siguen siendo perseguidos quienes se autoexiliaron, como Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, actualmente en Bélgica, ni la Marta Vilalta de ERC, y la diputada de la CUP, Anna Gabriel, en Suiza. Es necesario anular todas las causas penales y las euroordenes.

Pero, tal como informa el diario Público, no se trata solo de los cargos públicos, o docentes que participaron de las votaciones del 1-O, también están encausados cientos de activistas independentistas por participar de manifestaciones, como por ejemplo los días que siguieron a la sentencia del procés, en octubre de 2019. A muchos de estos, se les imputa delitos como desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, o, en algunos casos, incluso sedición, rebelión y terrorismo. También han sido encausados centenares de personas por participar de las convocatorias del Tsunami Democràtic, o las protestas de los universitarios en el centro de Barcelona.

Otro caso resonado es el del joven Marcel Vivet, quien ha sido condenado a cinco años de prisión por una manifestación contra el sindicato policial de Jusapol. Una pena impuesta con el rol cómplice de la Generalitat que ha ejercido como acusación particular en el juicio.

Esta sentencia sale a la luz pocas semanas después del juicio a trece estudiantes para defender la rebaja de tasas. Allá, los Mossos d’Esquadra llegaron a reconocer que disponen de un archivo y un banco de imágenes de protestas estudiantiles, una verdadera “lista negra” que constituye una práctica totalmente ilegal.

Es decir, que no se trata solo de causas de la judicatura españolista, sino también causas provocadas por las detenciones de los Mossos y donde la Generalitat tiene responsabilidad.

Ante este tendal de encausados y procesados, solo cabe desarrollar una masiva movilización por la libertad de todos los detenidos y el cese de todas las causas abiertas contra el independentismo.






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