CORONAVIRUS

Se amplía el estado de alarma: incertidumbre para el pueblo y certezas para el capital

La sesión extraordinaria de este miércoles en el Congreso ha servido para que se certificara la ampliación del estado de alarma hasta el 9 de mayo y se avanzara en el plan de “reconstrucción” del Régimen.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Miércoles 22 de abril de 2020 | 18:14

Nueva sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados a petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La segunda sesión extraordinaria en la cámara baja en periodo de estado de alarma tenía como ejes la ampliación del mismo y la comunicación por parte del Ejecutivo de las negociaciones con Bruselas.

Además de estos ejes principales la sesión ha estado salpicada, por la polémica decisión del Ministerio de Salud sobre el desconfinamiento de los menores. Una decisión que nuevamente, como en muchas otras ocasiones, ha tenido idas y venidas sin que la sesión parlamentaria haya servido para descifrar el contenido final.

Para la tercera ampliación del estado de alarma, que sitúa como nueva fecha (por el momento) el próximo 9 de mayo, el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha contado con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y PNV. Desde el PP y Ciudadanos se han mostrado críticos a pesar del apoyo a esta nueva prórroga, acusando al gobierno de “chapuzas”. Vox, JxCat y CUP por su parte, han votado en contra.

PSOE y PP llegaban a la cita de hoy con las aguas más calmadas tras el principio de acuerdo alcanzado durante el inicio de esta semana. El Partido Popular contaba con la concesión por parte de Sánchez de constituir la llamada “mesa de reconstrucción” como una comisión parlamentaria, y no como algo ajeno al Congreso. Una decisión que como partido de la oposición y por el propio mecanismo de funcionamiento de una comisión interna, le otorga más margen de maniobra que una mesa de negociación encabezada por el Ejecutivo.

Más allá de la forma que entre los dos grandes partidos del Régimen puedan elaborar para la constitución de una mesa o comisión, el objetivo de ambos es poner los pilares de la “reconstrucción”, que para ambas formaciones pasa por salvaguardar los intereses de los grandes capitalistas y hacer pagar la crisis al pueblo trabajador.

Sus socios de gobierno, Unidas Podemos, de la mano de su portavoz Echenique, ha asegurado que el “muro social” que está levantando este gobierno es “excepcional” y ha vuelto a poner en valor las medidas que se están negociando en Bruselas. Una Europa, la del capital, que ha mostrado su cara más reaccionaria (como ya hiciera en otras muchas ocasiones dramáticas, como con la crisis de los refugiados dejándolos morir en el Mediterráneo), es, al parecer, la salvación para Unidas Podemos.

Es decir, el intento del Ejecutivo de conseguir un paquete de ayuda multimillonaria a deuda perpetúa que se incluya en los presupuestos de la Unión Europa. Un paquete de ayudas que implicaría el pago de unos intereses mucho más elevados de lo normal por la fórmula propuesta (deuda perpetua). Un pago que nuevamente debería ser devuelto por el Estado en los próximos 7 años.

También Néstor Rego, del BNG; Íñigo Errejón, de Más País, y Joan Baldoví, de Compromís, votaron a favor de la prórroga.

Por su parte ERC se abstuvo en la votación asegurando, por mediación de su portavoz Gabriel Rufián que es “la abstención más cercana a un voto negativo hecha nunca”. Para el portavoz de los republicanos la vuelta a la senda de la cooperación con el Ejecutivo pasa por reanudar la mesa bilateral entre Moncloa y la Generalitat, que entre otros aspectos trate la devolución de competencias para tratar la pandemia. Algo que el ejecutivo pospuso hacia delante sin fecha.

También la CUP ha votado en contra de la prórroga del estado de alarma, y lo ha hecho denunciado la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición.

Mireia Vehí, durante su intervención ha criticado la hipocresía del PP al ser ahora el máximo valedor de “los aplausos” en honor a los sanitarios, cuando han sido, junto al PSOE, los artífices de los procesos de privatización de la sanidad pública.

Ha exigido al gobierno de coalición la modificación de la ley para poder hacer uso de los servicios privados, como en sanidad y vivienda, sin contraposición económica, porque como ha advertido “tras la crisis llegará la factura [...] mientras Blackstone (un banco de inversión norteamericano ligado a los activos inmobiliarios) no para de tener beneficios”.

La intervención de la diputada de la CUP, se ha centrado en exigir el fin de las políticas de austeridad, el uso de la sanidad privada y las viviendas en manos de fondos buitre sin contraprestación económica, la creación de una banca pública y poner la economía al servicio de las necesidades sociales de la mayoría.

Desconfinamiento de menores, otra ida y venida del Gobierno

¿Uso de los recursos de la sanidad privada? Hasta la patronal se quejó porque podían hacer más negocio del poco uso que le solicitaba el Ejecutivo ¿Uso de edificios en manos de fondos buitre? Ni están ni se esperan. ¿Test rápidos? Tarde y defectuosos. ¿Respiradores? No, mejor tanques. ¿Las mascarillas son obligatorias? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Nadie sabe. Y la última, ¿podrán salir los menores a la calle? Pues tampoco se sabe.

Según fuentes oficiales, el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales está trabajando en un protocolo para que los menores puedan salir a la calle a partir del 27 de abril, aunque aún no se saben las condiciones.

Lo que sí parece seguro, es que no será según las primeras afirmaciones de Moncloa, que señalaban que solo podrían salir para acompañar a “sus padres o tutores legales al banco o al supermercado”. Esto rápidamente quedó atrás para asegurar que los menores podrían “pasear” y ahora se especula que podrían hacerlo hasta en grupos de 3 y a un kilómetro de sus casas.

En lo único que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, con el beneplácito de la patronal y la derecha y la ayuda de las burocracias sindicales de CCOO y UGT, no han dudado, han sido en las políticas destinadas a salvaguardar los intereses capitalistas: flexibilización de los ERTEs, tanto para realizarlos como para extenderlos, ayudas millonarias al sector empresarial, exenciones de pagos tributarios o la reforma laboral encubierta para ajustar el confinamiento obligatorio durante dos semanas a los intereses de la patronal a través de una creación de bolsa de horas de trabajo a libre disposición del empresario.

Y todo a coste 0, pagado con el dinero de todos. El mismo que en la crisis financiera del 2008 sirvió para rescatar a los bancos. Frente a estas medidas que buscan ante todo preservar las ganancias de los grandes capitalistas por delante de nuestras vidas, hay que levantar otro plan de choque que ponga en el epicentro a los millones de trabajadoras y trabajadores que estamos sufriendo el impacto y poniendo los muertos. Por ello exigimos:

● Prohibición de los despidos y los ERTEs, licencia pagada a todos los trabajadores de sectores no esenciales, financiadas mediante impuestos especiales a los beneficios empresariales y a las grandes fortunas, además de una moratoria de alquileres, hipotecas y suministros básicos.
● Suspensión del pago de alquileres, hipotecas y suministros básicos.
● Puesta bajo control de sus trabajadores hospitales y empresas que tengan que seguir funcionando para atender la crisis. Plenos poderes para organizar turnos, medidas de seguridad y nuevas contrataciones. Plenos derechos laborales y sindicales.
● Intervención de todos los recursos de la sanidad privada y empresas necesarios para la crisis, sin compensación económica.






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