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¿Seguridad o censura? El Gobierno pone en marcha el “Foro contra la desinformación”

La creación del Foro a cargo del ministro Bolaños, que será presidido por el director de Seguridad Nacional, prevé acciones contra las amenazas que supone la “desinformación” para el interés nacional. Un verdadero atentado a la libertad de prensa y los más elementales derechos democráticos que es necesario denunciar y resistir.

Carlos Rubio

Martes 21 de junio
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El ministro de la Presidencia Félix Bolaños anunció la creación del Foro Contra la Desinformación, el cual será dirigido por el general Ballesteros, director de la Seguridad Nacional y contará en la vicepresidencia con un miembro de la Secretaría de Estado de Comunicación. Este proyecto ya vio el visto bueno el pasado 31 de mayo en el Consejo de Ministros y ya ha sido publicado en el BOE. En él se especifica que estará formado por seis personas procedentes de puestos de la Administración y otras diez del ámbito académico, de asociaciones y del sector privado.

En dicho foro se contará con la participación de miembros designados por los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, del Interior y de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El objetivo de este organismo será nada menos que el de promover iniciativas para "aumentar el conocimiento y la sensibilización de la sociedad acerca de los riesgos y amenazas generados por las campañas de desinformación susceptibles de comprometer la Seguridad Nacional".

El proyecto es la última incorporación del Gobierno PSOE-UP a su política de “seguridad” informativa. Sobre la ley de Seguridad Nacional de 2016, el gobierno ya creó en 2020 la Comisión Permanente para la Desinformación, con el objetivo de “incrementar la integridad electoral”, “garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos” y “la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democrático”.

Lo presentan como un mecanismo para garantizar la “información objetiva”, pero la medida es un instrumento para juzgar, censurar y restringir el acceso a la libre información y supone un ataque en toda la regla a las más elementales libertades democráticas.

Esta política de censura no sólo es impulsada por el Gobierno español. La cuestión lleva siendo prioritaria en la agenda política tanto doméstica como internacional. El ex ministro y actual máximo representante de la Política de Seguridad y Asuntos Exteriores en la Unión Europea, el socialista Josep Borrell, ya anunció hace unos meses una serie de medidas que la organización tomó con el comienzo de la guerra en Ucrania, con el objetivo de censurar medios calificados de “prorrusos”. Las políticas de sanciones contra “las malas informaciones contaminadas por la mentira” comenzaron a aplicarse a mediados de marzo contra medios como Russia Today o Sputnik, alegando que se tratan de medios a favor del gobierno ruso, aunque dichas medidas podrían ser aplicada contra cualquier otro tipo de medio en contra de los intereses de la UE o de los países pertenecientes. Empresas como Google o Twitter, también se han sumado a la oleada de censura de páginas web y cuentas de usuarios por tener supuestamente vínculos con el gobierno ruso.

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Hay sectores de la población, incluso que se referencian en la izquierda, que ven con buenos ojos la censura de medios camuflada de defensa de la información objetiva, como un modo de combatir el auge de la extrema derecha, el odio y la reacción mediática. Pero nada está más lejos de la realidad. Dichas medidas tienen siempre como objetivo la defensa del orden y el relato hegemónico de quien las emite. Esto es, defender la ideología y el régimen político-económico capitalista. Es por ello que todas estas medidas en nombre de la “defensa de la libertad” y de los “valores democráticos” no son más que mecanismos de censura y represión contra todo lo que cuestione el orden existente.

En estos momentos, vale recordar las duras pero no menos certeras palabras de León Trotsky cuando sostiene que “tanto la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis, invariablemente dirigida contra el proletariado, así como cualquier impuesto que se imponga recae sobre los hombros de la clase obrera. La democracia burguesa es útil para el proletariado sólo en cuanto le abre el camino al desarrollo de la lucha de clases. Consecuentemente, cualquier ‘dirigente’ de la clase obrera que arma al gobierno burgués con medios especiales para controlar a la opinión pública en general y a la prensa en particular, es, precisamente, un traidor. En último análisis, la agudización de la lucha de clases obligará a las burguesías de cualquier tipo a llegar a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán entonces leyes especiales, toda clase de medidas restrictivas, y toda clase de censuras ‘democráticas’ contra la clase obrera. Quien todavía no haya comprendido esto, debe salirse de las filas de la clase obrera.” (Libertad de prensa y la clase obrera, 21 de agosto de 1938).


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