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Sin soluciones y con sanciones, Madrid 360 implementa sus nuevas medidas en la Ciudad

El pasado 1 de mayo, el gobierno del PP en el ayuntamiento de Madrid finalizaba la prórroga de la ZBE (Madrid Zona de Bajas Emisiones). Esto significa una nueva oleada de sanciones que castigarán a quienes no tengan acceso a nuevos automóviles y que no ofrecerá soluciones reales a los problemas de las emisiones.

Rub Menéndez

Martes 10 de mayo
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Nos encontramos ante un paquete de medidas insuficiente para la reducción de emisiones en una ciudad de grandes dimensiones como lo es Madrid, especialmente cuando el groso de las emisiones son producidas por grandes empresas, entre las que se encuentran el oligopolio eléctrico que no frena sus beneficios a costa no solo del bienestar ambiental sino también de los hogares más pobres, como los hogares de la Cañada Real.

Que las únicas medidas del ayuntamiento, en cierto modo la posición también de su anterior gobierno dirigido por Unidad Podemos, sean únicamente sanciones dirigidas contra quienes no puedan permitirse un nuevo automóvil, revela la naturaleza real de estas medidas, una manera de financiación para el ayuntamiento y el estado. Quienes no puedan acceder a esos nuevos automóviles o que no puedan renovar estos mismos, se verán obligados a utilizar un transporte público saturado y recortado.

Las sanciones se aplicarán a vehículos matriculados antes del año 2000 de gasolina y a quienes posean automóviles diésel anteriores al 2006. Así mismo irá aumentando progresivamente la prohibición de entrada de los vehículos turismos de clasificación A hasta el próximo diciembre de 2024.

La resolución final propone que para 2025 todo turismo de clase A, incluyendo aquellos de quienes residen en la propia ciudad de Madrid, no puedan entrar en circulación en todo el espacio de la ciudad, incluyendo la M-30 que sirve de acceso a todos los puntos al sur de la Comunidad de Madrid.

Evidentemente todos los vehículos que sirvan para el comercio de mercancías tales como furgonetas o camiones quedarías exentos de las restricciones, así como los automóviles que cumplan las normativas (normalmente siendo modelos más nuevos y/o costosos); de igual forma que podrán circular las motocicletas que sirvan para el comercio, de esta forma protegiendo a todas las empresas y los modelos de negocio con “riders”.

Los paquetes de medidas, de un proyecto de 10.5 millones de euros, estarán dirigidos por Borja Carabante, anterior miembro de Bankia, exviceconsejero de Transportes de Madrid y concejal de este mismo ayuntamiento, que consta con un arca patrimonial de miles de euros.

Las ayudas podrán solicitarse a partir del 13 de mayo, ofreciéndose diferentes ayudas dependiendo de la clase del vehículo llegando hasta los 6000 euros para los automóviles CERO cuyos precios son desorbitados para cualquier hogar medio con la actual crisis económica, la subida de los precios de luz, gas y gasolina y la carestía de la vida debida a la inflación, todo esto cuando aún ni siquiera son palpables las consecuencias económicas de la Guerra en Ucrania.

Ante esta serie de medidas que no harán más que castigar a la población bien obligando a gastar dinero que no tienen en un coche que no necesitan, bien castigando económicamente a quienes no puedan acceder a estos nuevos vehículos que tengan acceso a la ciudad o bien obligando a la población a tener que gastar aún más tiempo de su vida en un transporte público cada vez más ruinoso y, recordemos, más recortado en actividad (esto ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid redujo un 10% la circulación de metros en el Metro de Madrid).

Estas medidas que afectarán especialmente a quienes tengan menor poder adquisitivo y a quienes no se les ofrece una solución efectiva, no pueden quedar sin respuesta y con una postura de rendición ante el capitalismo verde, sino que se debe organizar una respuesta masiva y desde abajo. Los sindicatos, en especial el sindicalismo combativo, deben ponerse a la cabeza de la lucha por un transporte público de calidad y bajo control de las y los trabajadores, poniendo un freno a las grandes empresas que son responsables de la mayor parte de las emisiones de CO2 y que consiga una ciudad verde, pero no a costa del bienestar de las mayorías populares.


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