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Teletrabajo, explotación y educación: ¿quién habla de los casos vulnerables?

El debate en torno al teletrabajo está en pie desde el inicio de la pandemia. En qué medida debía hacerse del hogar un puesto de trabajo o forzar a empresas y administraciones a adaptar los espacios de trabajo, era una disyuntiva que ya se discutía en los primeros confinamientos.

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Miércoles 2 de febrero
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Desde 2020 ya contemplamos en este diario el retroceso de condiciones laborales que esto podía suponer. De destacar es la entrevista que hicimos a la historiadora Raquel Varela en el Contrapunto de noviembre del 2020. Ella nos señalaba como es:

una desgracia que está sucediendo a la clase trabajadora. La casa es el último espacio de la esfera privada, una vez que no hay prácticamente esfera pública hoy en día –algo que caracteriza al período neoliberal–. Pero el último reducto de una cierta paz fuera del metabolismo social del capitalismo era la esfera privada, aunque fuera una paz un poco alienada, porque la mayoría se quedan muertos enfrente de la televisión. Pero ahora, hasta ese último reducto ha acabado.

Sin embargo, esto no se reduce a una mera invasión laboral de un espacio privado, pues, como señala Varela, éste ya estaba tangencialmente invadido por distintos medios de consumo y sobre explotación personal (por no hablar de los cuidados, etc.). También destacaba el aislamiento al que se sometería a los trabajadores, los cuales perderían el único vínculo que tenían entre sí para organizar y luchar por sus derechos:

La única cosa saludable, en la mayoría de los lugares de trabajo, es la resistencia colectiva a las malas relaciones laborales. Entonces, lo que tiene de protector el trabajo –considerando que para la mayoría de las personas el trabajo no es creativo, no es autónomo, no es interesante ni cooperante–, lo único que subraya el rol protector del trabajo son los otros, la dimensión colectiva de los espacios de cooperación y resistencia, aunque sea en la forma inicial de un chiste, de un abrazo, o en la forma de una huelga organizada, que ahí ya es resistencia.

A principios de este año, todavía en periodo navideño y sufriendo la sexta ola, la vuelta a las aulas, en institutos y escuelas, era un problema que se debatía entre la vuelta a la semipresencialidad (incluso a la modalidad telemática) o, como ha sido, un retorno inseguro. Contra esta gestión de las distintas comunidades y bajo beneplácito del Gobierno «progresista», los docentes y trabajadores de la educación que componemos la Sección de Educación de IzquierdaDiario.es expusimos seis aspectos clave para defender la educación pública y un retorno seguro a las aulas.

Desde entonces, hemos recibido la opinión de trabajadores del sector. Todas ellas de apoyo, y desde aquí damos las gracias e invitamos colaborar con nosotros de forma más directa. También, en algunos comentarios, nos señalaban que echaban de menos una mención al teletrabajo en los casos vulnerables, o una mayor concreción en las medidas anti-covid.

A pesar de que el artículo respondía a unas actuaciones generales, entre los que se recogía que hacía falta mayor presupuesto para que «se dote de los recursos necesarios a los centros públicos, tanto para material sanitario como para crear espacios seguros», lo cual incluía mascarillas, guantes, surtidores de gel hidroalcohólico, instalaciones que limpien el aire de los espacios cerrados (en el artículo mencionamos los extractores de aire), etc.; a pesar de esto, creemos que, sin duda, debemos hacer una mención especial a los trabajadores vulnerables que exigen medidas concretas y a corto plazo.

El caso de les trabajadores vulnerables

Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras, denunciaba a apenas un año del inicio de la pandemia que había, al menos, 60.000 trabajadores vulnerables. En un estudio de 2021, Comisiones Obreras advertía que, de los trabajadores con algún tipo de dolencia frente al covid, un tercio eran de alto riesgo y la mitad eran trabajadores de riesgo excluyente (es decir, que dentro de una horquilla amplia debían ser eximidos de presencialidad en el trabajo según el caso). En caso de no poder ser habilitados los espacios o de que su trabajo exigiese su presencia y éste no pudiera ser seguro, estos trabajadores tenían derecho a una modalidad telemática o, en el peor caso, tramitada su baja por incapacidad.

El olvido de la administración hacia este colectivo ha sido constante desde que llegara el coronavirus. CGT denunció en estas últimas semanas que los comités necesarios para la gestión de la crisis sanitaria en los centros educativos han sido retrasados constantemente, del mismo modo que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales lleva años ignorando las demandas de los trabajadores, dos décadas según su comunicado. Para que nos hagamos una idea, sólo en Andalucía, de más de 7.000 solicitudes por parte de trabajadores vulnerables, sólo 149 fueron respondidas con una adaptación laboral. Muchos trabajadores de educación llevaron a cabo solicitudes para que se tomaran medidas para su caso, y esta institución ha eludido toda responsabilidad, traspapelando y entorpeciendo las gestiones hasta que estos desistían de ser amparados por la ley.

De igual modo, la tendencia a «gripalizar» el virus, la manipulación de datos (la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no contabiliza los positivos de los test de antígenos) o reducir los aislamientos a cinco días para forzar la vuelta al trabajo, no conceder permisos para cuidar familiares dependientes… estas políticas, si ya afectan a los trabajadores en su totalidad, más especialmente a los vulnerables. Vulnerables son pocos, pero en vulnerabilidad estamos todos ante una gestión de la pandemia que sólo se encauza para engrosar las huchas de los más ricos y usarse como arma arrojadiza por las fuerzas políticas.

Evidentemente sería absurdo que, en una situación donde la incidencia es de más de 3.000, aun sin estar en concreto mencionado en nuestro artículo, no considerásemos las particularidades de los trabajadores vulnerables. Es obvio que, si un trabajador muestra una situación imposible de compatibilizar laboralmente (por el coronavirus o cualquier problema de otro tipo, como el cuidado de un familiar), debe exigirse una modalidad de teletrabajo (si no un permiso retribuido), con un horario marcado, cuya adaptación debe correr a cargo de la empresa, o de la administración como es el caso de la educación pública, pues no se puede exigir a un trabajador que ponga él los medios para adaptar su hogar al puesto del trabajo.

Sin embargo, incluso esta medida es vista como un último recurso. Ellos reconocen la pérdida de calidad, las diferencias pedagógicas que se dan con la educación telemática, sobre todo en infantil (además de los problemas de conciliación que genera a los padres que tienen a sus hijos en casa y se ven obligados a ir al trabajo). Nadie quiere sacrificar la posibilidad de trabajar en los centros, siempre y cuando la presencia no suponga un riesgo. Antes que reivindicar el teletrabajo, hay que exigir que los centros educativos sean lugares seguros y tengan en cuenta las particularidades de los trabajadores y alumnos para habilitar los espacios, con dispositivos e instalaciones y material sanitario suficiente.

¿Es necesario pedir la modalidad telemática en educación?

Sin embargo, el auténtico debate no es éste, el cual, aunque subrepticiamente, está contemplado en nuestro programa. A pregunta es si, desde un programa revolucionario que conciba medidas contra la política de retorno inseguro a las aulas, debía exigirse el teletrabajo, en términos generales, como una reclamación.

En última instancia, el debate conduce a una disyuntiva entre exigir un mayor refuerzo en los centros, ofreciendo más recursos, bajando ratios y contratando profesores; o llevar a cabo una medida a corto plazo que repercutirá negativamente al largo. Esto último es así porque el teletrabajo no resuelve las contradicciones y carencias que hay en el mundo laboral, menos aún en la escuela pública.

Sería tanto como dejar de lado la responsabilidad del Gobierno y de las empresas en el deterioro constante de la educación y conformarnos con un paliativo individual. ¿Qué clase de postura política puede defenderse desde el aislamiento del hogar y cómo se conjuga esto con un programa para la mejora de la educación?

Profundizando en esta contradicción, seguramente, puede haber un malentendido si tomamos sólo como medidas necesarias aquellas que nos salven del coronavirus, sobre todo en la población vulnerable. De forma excepcional, para cada caso, son de urgencia.

No obstante, no es la misma actitud la que tiene quien pretende sobrevivir (incluso luchar) contra la pandemia y los gestores políticos y económicos. Tanto el Gobierno central como los gobiernos autonómicos, como el de Ayuso, no han ignorado los centros educativos, no han condenado a la gente a la enfermedad y la muerte por despiste. Ellos han comprendido que la pandemia era un momento único para recortar y aumentar los beneficios de los grandes empresarios (las medidas de Ayuso en sanidad son un ejemplo perfecto).

Sería un error, en tal caso, desligar la lucha por las condiciones laborales, por la calidad de los servicios, y abogar por una medida que allana el camino a los recortes, que impide toda articulación y organización laboral, sin pedir responsabilidad alguna al Gobierno, mientras éste aniquila la educación a costa de un derecho individual y que no resuelve la situación de raíz. Nuestra postura es contraria: no hagamos de esto una escapada individual y luchemos en los centros de trabajo, y ello pasa por no hacer del teletrabajo una colina a conquistar.

Es de necesidad ver que ambas propuestas muestran consecuencias contradictorias. ¿Qué sentido tiene exigir responsabilidades al gobierno para habilitar los espacios de trabajo y, al tiempo, exigir el trabajo telemático? ¿Para qué iba a reducirse la ratio de alumnos si, en fin, el docente no va a estar en contacto con los alumnos y puede, al menos óptimamente, hacerse cargo de su cupo asignado? Es por eso que, antes que la posibilidad de hacer el trabajo desde casa hay que exigir la adaptación de los centros, tanto en los aspectos educativos como sanitarios.

Hay que exigir más material sanitario, una adaptación de los espacios con extractores que limpien el aire y medidores de CO2, mascarillas y filtros gratuitos tanto para alumnos como para trabajadores y, sobre todo, una mejora general de las condiciones laborales. Hace falta una mayor contratación permanente y bajada de ratios para que el riesgo por aula sea reducido al mínimo (al tiempo que mejore la calidad de la educación). No obstante, estas medidas no pueden defenderse si el teletrabajo se implanta de forma general. Eso se aprovecharía para recortar más los servicios públicos y atacar más a los trabajadores aprovechando su ausencia y disgregación.

¿Esto es incompatible con un servicio público, personalizado y directo para los casos vulnerables? ¿Es incompatible con dar una solución a aquellos trabajadores cuyo trabajo presencial es insostenible médica y socialmente? En absoluto. Hay que exigir con fuerza que, nunca a cargo del propio trabajador o alumno, éste pueda proceder en su trabajo de forma telemática y en aislamiento. Pero incluso este requerimiento no puede defenderse si, previamente, los trabajadores no se han organizado en los centros y los gestionan de modo que el acceso al teletrabajo sea en condiciones dignas y de calidad, si no han luchado por unas mínima condiciones laborales que estén enfocadas a un reforzamiento de la educación pública y, sobre todo, a que ésta sea gestionada por ellos, que son quienes saben sus propia necesidades y condiciones de vulnerabilidad particulares.


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