El Tribunal Supremo venezolano anunció este sábado que renuncia a asumir las funciones del Parlamento, después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera a la corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional.

En un comunicado, el Tribunal Supremo informa de que "suprime" algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias del Parlamento, como así también la que eliminaba la inmunidad a los diputados.

La nueva decisión del Tribunal Supremo que anula la sentencia del último miércoles llegó luego de un día cargado de tensión en el que la oposición de derecha venezolana apeló a la presión de los gobiernos de la región y organismos internacionales como la OEA, la ONU y el Mercosur en una mayor linea injerencista contra el giro bonapartista del gobierno de Maduro, que llegaría a incluir la aplicación de la carta democrática de la OEA y la expulsión de Venezuela de ese organismo, como lo mostró la reunión del opositor Henrique Capriles con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

A la presión internacional se sumó la crisis generada por las declaraciones de la Fiscal General de Venezuela, considerada afín al gobierno y en su cargo desde el año 2007, que expresó su preocupación por la definición del TSJ y dijo que se estaba rompiendo el "orden constitucional", en un argumento muy cercano al planteado por la oposición.

Maduro terminó de tomar la decisión de pedir al TSJ que revea su sentencia en la madrugada de este sábado tras una reunión con el Consejo de la Defensa, al que no asistió el jefe de la Asamblea Nacional ni la Fiscal General.

Los integrantes del Consejo de Defensa acordaron "exhortar" al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las dos sentencias que despojaron al Parlamento (Asamblea Nacional, AN) de sus funciones.

"Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", decía el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente, Tareck El Aissami.

Esos mismos artículos son los que en la mañana de este sábado fueron suprimidos por el Tribunal Supremo de Justicia, dando así marcha atrás en la resolución sobre las funciones de la Asamblea Nacional y la inmunidad parlamentaria.

La definición del TSJ luego del llamado de Maduro a que lo revise expresa un retroceso parcial en la escalada bonapartista del gobierno con la decisión tomada el miércoles pasado que anulaba en los hechos al parlamento y que mostró haber sobrepasado la relación de fuerzas real entre el gobierno y la oposición, que generó una tensión extrema. Las medidas del TSJ también dejaron expuestas las grietas al interior del chavismo.

Mientras que el gobierno de Maduro profundiza sus rasgos bonapartistas ante su creciente impopularidad, y se apoya fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, la oposición proimperialista y patronal de la MUD, que dio un golpe en abril de 2002, hace demagogia con la "democracia" pero llama abiertamente a los militares a intervenir para dar una solución la crisis.

Ante la crisis del chavismo la derecha se postula como la única alternativa. Pero no constituye ninguna salida para las amplias masas obreras y populares que son las que soportan penurias inauditas producto de la catástrofe económica en la que se encuentra el país. Un eventual gobierno de la derecha significará mayores ataques y sometimiento al imperialismo, y mayor represión para imponer sus planes.
Es necesario pelear por un plan obrero de emergencia y por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde la mayoría de la población, compuesta por los trabajadores y los sectores populares, decida sobre los grandes problemas estructurales del país, como la nacionalización del petróleo bajo control obrero contra los planes privatistas y la lucha contra la injerencia imperialista.

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