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Una rueda de prensa para denunciar la persecución al movimiento libertario

Varios colectivos se reunieron en una conferencia de prensa el viernes para denunciar la persecución y criminalización del movimiento libertario en Catalunya, que ha culminado con la prisión preventiva de uno de los nueve detenidos y fianzas de hasta 5.000 euros para los demás.

Marta Clar

Sábado 31 de octubre de 2015
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Las nueve detenciones a jóvenes anarquistas que se realizaron en las diferentes ciudades catalanas no han sido casualidades, sino la continuación de un continuo proceso de criminalización y persecución política a un colectivo crítico con el régimen, así lo expresó el portavoz del Colectivo de apoyo a Joaquín, uno de los detenidos, en la rueda de prensa.

"Esta carga policial tiene un fuerte contenido ideológico y de hundimiento del movimiento libertario y en el fondo de todos los movimientos populares que pueden estar detrás de las formas de lucha y desobediencia que se hacen desde las calles, los barrios y el pueblo".

En el mismo tono intervinieron representantes del grupo Embat, de la Asamblea del barrio de Sants, del Ateneo Libertário de Sants y el abogado de siete de los detenidos. Desde la mesa se denunció la militarización del espacio público que ya se ha vuelto común con las continuas redadas y el excesivo despliegue policial al que recurren los Mossos de Escuadra en este tipo de operaciones represivas.

También se llamó a la solidaridad y a continuar con la lucha, así como a la realización de movilizaciones de apoyo y denuncia, dejando al descubierto que se trata de un dispositivo de persecución al activismo social en general.

"Lo que se quiere perseguir es todo lo que significan los movimientos sociales, (...) somos la gente que estamos luchando contra los deshaucios, somos la gente que estamos luchando contra el cierre de las empresas, la gente que estamos luchando contra los despidos, la gente que estamos luchando contra la precariedad, somos la gente que estamos luchando por la dignidad de las personas".

Por su parte, el abogado de siete de los detenidos denunció que se había sobrepasado una línea roja al aplicar mecanimos excepcionales del derecho penal en situaciones que no lo son. Además explicó que la llamada Operación Pandora pretende involucrar a varias personas y colectivos en una supuesta red de terrorismo anarquista sin atribuirles hechos concretos. Es más, durante el registro en los domicilios y locales la policia tan solo requisó material de difusión como pueden ser revistas, libros o periódicos, y algunas pancartas o esprais.

Es decir, que sin pruebas de ningún tipo y por el hecho de ser activistas sociales y anarquistas, el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, ha decretado prisión preventiva para uno de los detenidos sin posibilidad de fianza. Además de la libertad bajo fianza de 5000 euros para cinco de los y las acusadas, otra de 4000 y una libertad sin fianza.

Mientras, las fuerzas represivas del Estado que incluyen a la policía en coordinación y alianza con jueces y abogados invierten grandes dosis de energía diaria en exculpar y asegurar la libertad de los grandes estafadores y criminales en el Estado español, como es el caso de los indultos concedidos a los cuatro Mossos de Escuadra acusados de detenciones ilegales y torturas.

No hay duda de que este caso forma parte de un proceso de criminalización que se enmarca en la continua persecución y represión a la juventud que lucha. De hecho, ya son más de 60 las personas anarquistas detenidas desde el 2012 sin pruebas. Un número que aumenta si le sumamos todos y todas las jóvenes que han sido represaliados por haber participado en manifestaciones, huelgas o piquetes, que han acabado siendo víctimas de montajes policiales o detenciones arbitrarias. Son los casos de Alfon, Sergi o los cinco anarquistas de la conocida "Operación Piñata“.

No hay otra forma de entender este tipo de actuaciones sino es relacionándolas con la necesidad de salvaguardar los intereses de un régimen político cada día más desprestigiado y golpeado por innumerables casos de corrupción, en el marco de una profunda crisis económica que extiende la pobreza y la precariedad entre amplios sectores de la clase y trabajadora y la juventud. A falta de un enemigo visible e identificado, el recurso fácil del supuesto terrorismo anarquista se convierte en el discurso necesario para legitimar la persecución a toda disidencia.


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