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Unidas Podemos negocia con el PSOE los presupuestos militaristas a cambio de reforma fiscal y tibias medidas sociales

Unidas Podemos presiona a su socio de Gobierno para que lleve adelante una reforma fiscal, la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza a cambio de aprobar los Presupuestos Generales para 2023. Sin embargo, elude el hecho de que son presupuestos militaristas e imperialistas con un crecimiento del gasto militar del 20% en plena emergencia social. Todo para cumplir los compromisos de Sánchez ante la OTAN de alcanzar nada menos que el 2% del PIB para 2029.

Juan Carlos Arias

Martes 27 de septiembre
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El presidente Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero. EFE

El contexto para el debate de los nuevos presupuestos es la crisis energética y el shock de precios, acompañado por la elevación acelerada de los tipos de interés que azotan la economía europea. Con previsiones de recesión para Alemania, Italia y Francia y una profunda ralentización, en el mejor de los casos, para la economía española, pero con muchas papeletas para que también descarrile a finales de año o principios del próximo. En este marco, la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales con una apariencia de “enorme esfuerzo social” para 2023 y que traten de enderezar el rumbo económico, se ha convertido en un factor de supervivencia para el Gobierno de Sánchez. El debate marcará también el rumbo de cara a las próximas contiendas electorales que se abren en mayo y culminan en diciembre de 2023. Esto, unido a la presión de Unidas Podemos, ha llevado a un acercamiento en los últimos días para alcanzar un acuerdo respecto a los Presupuestos Generales para 2023 entre los socios de gobierno.

Porque el Gobierno necesita con urgencia aprobar unos Presupuestos Generales para 2023 que le permitan afrontar el próximo año electoral con una batería de medidas para contener la profunda crisis social, ante el tsunami de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania que ya se avecina sobre el conjunto de las clases populares. Sobre todo, si como todo apunta, la guerra de Ucrania se prolonga e intensifica.

Para tomar medidas sociales de calado, que fueran eficaces para atender las necesidades sociales de una crisis energética y económica colosal como la que estamos viviendo, el gobierno tendría que implementar acciones que afectaran realmente a las grandes fortunas y las empresas del IBEX35. Pero eso no está ni estará dispuesto a hacerlo. Un Gobierno encabezado por un partido social liberal progresista como el PSOE, que constituye un pilar fundamental del Régimen del 78, nunca cuestionará seriamente los beneficios de los ricos.

Por su parte, muchos analistas están aventurando ya que el próximo invierno será muy duro en toda Europa y con enormes dificultades políticas. Y avanzan que el descontento social y las protestas sociales por los precios de los alimentos básicos y los recursos energéticos que continuarán desbocados e incluso con posible escasez, podrían provocar manifestaciones de protesta y huelgas elevando gravemente el clima de descontento social generalizado. Algo que, a nivel global, ya ha tenido ecos desde finales del verano en países como Reino Unido o Sri Lanka, por ejemplo.

PSOE y Unidas Podemos acercan posiciones sobre los Presupuestos

Esta situación está facilitando que durante las últimas semanas se esté produciendo un acercamiento del PSOE de Sánchez hacia posiciones más cercanas a las exigencias de Unidas Podemos. Sobre todo, en materia de fiscalidad y de incremento de algunas partidas de gasto social, aunque con tremendas limitaciones puesto que no pasan de ser reformas superficiales. Limitaciones que pueden contrastarte, por ejemplo, con el enorme gasto militar previsto dentro de los Presupuestos para 2023, con una subida del 20% y ante lo que Unidas Podemos mira para otro lado. Gastos que, en vez de destinarse a fines sociales, son propios de un presupuesto militarista con recursos destinados al fomento de políticas imperialistas hacia otros pueblos. Que podrán destinarse a la defensa de los intereses del Estado español y sus empresas en la lucha por los recursos naturales y en favor de la expansión de la OTAN.

¿Y qué hace Unidas Podemos? Deja pasar el aumento del gasto militar, pero a cambio se limitan a plantear que se aumente la fiscalidad del impuesto de sociedades a un raquítico 15% efectivo, cuando las rentas del trabajo pagan muy por encima, más del 20%, y las empresas del IBEX 35 vienen de un récord de beneficios históricos obtenidos en 2021, por encima de los 60.000 millones.

La nueva fiscalidad prevista, con un paquete que ha anunciado la ministra de Hacienda María Jesús Montero, adolece además de otras enormes limitaciones. Los impuestos que se plantean por los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas o los bancos se proponen solo con carácter temporal y con una recaudación fiscal muy limitada, ajustándose a los límites de la UE. En un contexto de emergencia social tan grave, en cambio, lo que habría que plantear es la incautación directa de los enormes beneficios de las empresas del IBEX 35, así como la expropiación de las eléctricas y la nacionalización de la banca. Algo totalmente descartado por el PSOE e incluso por Unidas Podemos.

Por otro lado, la modificación prevista, todavía no aprobada, de la ley mordaza no suprime sustancialmente ninguno de los ataques a las libertades públicas de manifestación y reunión. Como vienen denunciando diferentes organizaciones, todo apunta que será otro sapo que se tragarán desde Unidas Podemos. Dejando como estaba la arbitrariedad policial respecto a posibles detenciones y su tratamiento en comisaría, entre otras lindezas.

Por último, la ley de vivienda prevista no contempla cuestiones esenciales sobre la creación de un parque público de viviendas o la limitación a precios y beneficios de los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda. Es decir, se sigue sosteniendo que la vivienda más que un bien social es un bien de inversión y riqueza para la especulación. Sin que Unidas Podemos haya sido capaz hasta hoy de arrancarle al PSOE una ley mínimamente garantista sobre un derecho tan básico como la vivienda.

Estas mínimas reformas, que Sánchez hasta hace muy poco no quería ni contemplar en materia de fiscalidad o de derechos sociales, no obstante, se han vuelto esenciales para desbloquear los Presupuestos Generales de 2023. Estas parecen ser las exigencias de Unidas Podemos en este sentido. Algo que podrá maquillar los Presupuestos Generales de 2023 con mayores partidas destinadas al gasto social, mientras por otro lado se avala el gigantesco aumento de los gastos militares.

Cuentan a su favor con la mayor flexibilidad de parte de Bruselas (que no durará siempre). Esto ha permitido que el techo de gasto recientemente aprobado se haya elevado hasta los 198.221 millones de euros, cifra que supera en un 1,1% los 196.142 millones de euros del año pasado. Sin embargo, un crecimiento de tan solo el 1,1% resulta muy escaso partiendo de una subida de precios histórica del 10,5% en el mes de agosto. Es decir, que las previsiones presupuestarias reales están implicando recortes en el gasto, en un año de emergencia social que se prevé sin precedentes, puesto que la cifra de lo que el Estado podrá gastar antes de los costes financieros de la deuda estarán por debajo, en términos de gasto real, sobre los aprobados el año anterior.

El debate de los presupuestos no solo es importante para el PSOE. Para Unidas Podemos y, sobre todo, para Yolanda Díaz y su proyecto político “Sumar”, es clave tratar arrancar a Sánchez algunas medidas para poder atribuirse esas mejoras sociales como un éxito propio. Buscan así justificar su permanencia dentro del Gobierno de coalición.

Sin embargo, no podemos depositar ninguna confianza en que el Gobierno de coalición, en caso de alcanzar un acuerdo respecto a los Presupuestos Generales, lleve adelante una política presupuestaria que beneficie realmente a la clase trabajadora y a las clases populares. Algunas módicas medidas sociales, a cambio de presupuestos militaristas y guerreristas, son un sapo que no hay que aceptar. Por eso resulta vital organizarse y dar la pelea con movilizaciones en la calle. Luchar contra los Presupuestos militaristas que nos preparan y plantear un programa anticapitalista y de emergencia social para que la crisis la paguen los capitalistas.


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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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