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Violencia y “omisión” contra el pueblo: la política constante del Gobierno de Duque

La política del Gobierno de Duque frente a la situación económica y social es siempre la misma. La guerra y la violencia contra el pueblo es usualmente el método para sacar adelante proyectos neoliberales que empobrecen cada vez más a los colombianos. La “omisión” es también una manera de fortalecer a los grupos paramilitares que con violencia reprimen al pueblo.

Begonia D.

Corresponsal en Bogotá

Viernes 30 de julio | 10:53

Tres meses después del comienzo del Paro Nacional, el panorama en Colombia sigue siendo la respuesta represiva del gobierno. La violencia vista en las calles de ciudades como Bogotá y Cali se visibiliza de otras maneras en municipios como Ituango y Necoclí. Desplazamiento forzado y tráfico de personas producto de la “omisión” del Estado colombiano son las problemáticas que el pueblo también hoy sortea.

La situación de violencia en el municipio de Ituango en el departamento (provincia) de Antioquia viene presentándose desde la construcción de la represa desde noviembre de 2010, donde grupos paramilitares desplazan por la fuerza a la población con el propósito de avanzar en esta construcción. Al día de hoy la situación es tan grave que titula el diario El Espectador “El de Ituango es el desplazamiento más grande en la historia actual de Antioquia” y continúa relatando: “En total son 3.721 personas de 1.548 núcleos familiares las que están en esta situación. Además, son 28 veredas las que están afectadas por los grupos armados”, es importante tener en cuenta que esta cifra de desplazamiento sigue aumentando.

Además de lo anterior, la actual situación climática empeora la crisis que viven los desplazados pues no hay carreteras que permitan la salida de la población del municipio de Ituango, por lo que se encuentran entre el fuego cruzado debido a los enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC y el Clan del Golfo.

Se conoce que se ha conformado un Consejo de seguridad entre la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras entidades municipales, sin embargo, tanto en este caso como en otros conocidos en el marco del PN, ya se evidenció que más bien lo que prima es el interés en sacar adelante proyectos neoliberales como la represa de Ituango, al costo social que sea.

En el caso del municipio de Necocli ubicado en Antioquia, la situación de 10.000 migrantes latinoamericanos, asiáticos y africanos que buscan llegar a Estado Unidos se encuentra en manos de los llamados coyotes o traficantes que prometen el paso a Panamá. Las autoridades municipales han declarado calamidad pública por la falta de servicios como agua, alimentos y medicamentos. El diario el Tiempo afirma que “En lo corrido del año han transitado unas 33.000 personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal y Ghana, entre otros países, por este corredor”.

Si bien esta situación no es reciente, el gobierno nacional no ha tomado medidas que atienda las dificultades de estos migrantes pese a las misiones que han viajado al municipio. El director de Gestión del Riesgo de Necoclí, César Zúñiga, afirma al diario El Nuevo Siglo sobre la situación: “Hemos tocado todas las puertas, hemos enviado oficios a todas las instituciones, Migración Colombia, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y no hemos recibido respuesta”.

En el caso de Ituango se presentaron masacres previas a la construcción de la represa cuando Álvaro Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, la masacre el Aro en 1997 y la Granja en 1996 en la que fueron asesinadas 22 personas, 17 en el Aro y 5 en la Granja, ambos hechos perpetrados por grupos paramilitares que se consolidaron en el tiempo de gobierno de Uribe.

Asimismo, la situación que hoy vive el municipio de Necocli es producto de la “omisión” del Estado ante situaciones que fortalecen a los grupos narcoparamilitares, pues los migrantes son muchas veces víctimas de la trata de personas, práctica usual del narcotráfico o de la explotación de otras formas por parte de los narco-coyotes.

Colombia sigue en estado de alarma ante la represión estatal y las políticas del gobierno de Duque, aunque el pueblo luego del estallido social con el llamado Paro Nacional intenta seguir resistiendo. Las diferentes violencias encarnadas por el parlamentarismo que sostienen el gobierno en Colombia atacan al pueblo igual en el campo que en las ciudades. Por esto es necesario una salida contundente por parte de los trabajadores y el pueblo en la que caiga el gobierno con todo su aparato narcoparamilitar represor.






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