SUPLEMENTO

Vivienda, comisiones de vecinos y lucha urbana en el Portugal revolucionario

Carlos Muro

Vivienda, comisiones de vecinos y lucha urbana en el Portugal revolucionario

Carlos Muro

La potencialidad del movimiento vecinal, las ocupaciones de viviendas y las comisiones autoorganizadas, en medio del proceso revolucionario.

La revolución portuguesa del 25 de abril de 1974 al 25 de noviembre de 1975 fue una advertencia para los capitalistas en toda Europa. Las burguesías de Alemania occidental, Reino Unido y EEUU se apresuraron a facilitar todos los recursos disponibles para frenar un proceso revolucionario que cuestionaba la propiedad en uno de los países de la Europa capitalista.

La protagonista indiscutible de la revolución portuguesa fue la clase trabajadora, que mostró su gran potencial y su enorme creatividad. El crecimiento económico favoreció el aumento y la diversificación de esta clase, que por primera vez superó a la población rural. El fortalecimiento social fue acompañado de nuevas experiencias de organización, frente a los propietarios y a las instituciones de la dictadura, como fueron las comisiones de trabajadores y las comisiones de vecinos. Organismos que representaron, de forma embrionaria, alternativas de poder a los establecidos. Según cuenta Phil Mailer llegaron a crearse en torno a 4000 comisiones de este tipo.

Movimiento vecinal y clase obrera con el inicio de la revolución

El movimiento obrero representaba la avanzadilla del conjunto de movimientos de ruptura con el viejo régimen. El movimiento vecinal fue la expresión obrera y popular en los barrios del germen de un doble poder que se disputaba el futuro de Portugal.

Las vecindades de los principales centros urbanos comenzaron a llevar adelante la ruptura con el régimen. Esta dinámica llevó a cuestionar la propiedad privada, las relaciones capitalistas y a plantear formas de organización democráticas basadas en las asambleas, eligiendo a una comisión con derecho a revocabilidad en cualquier momento en los principales barrios obreros y centros industriales.

Sólo tres días después del 25 de abril, los moradores de Boavista en Lisboa ocupaban casas vacías. El 29 de abril, más de 100 familias que vivían en barrios de chabolas ocuparon un complejo de viviendas públicas en las afueras de Lisboa. En las siguientes dos semanas más de 2000 casas fueron ocupadas en todo el país. [1]

El 30 de abril, los residentes de una zona de viviendas municipales en Oporto se reunieron en asamblea general y eligieron una comisión de “moradores” (vecinos y vecinas). El día 31 de abril marcharon todos juntos para celebrar el 1 de mayo, presentando al gobierno una lista de demandas para la eliminación de los controles represivos y la mejora de las condiciones físicas de los barrios. Hicieron un llamamiento a los residentes de otros proyectos de vivienda para que se organizaran, y muchos de ellos no tardaron en hacerlo.

En Lisboa, en torno a mayo, 300 residentes -representando a 230 familias-, que vivían en “barracas” desde hacía 50 años, se reunieron en asamblea. Elaboraron una lista de demandas tan básicas como “calles, agua y un nuevo barrio”, eligiendo una comisión representativa. También llamaron a otros barrios de barracas para que hicieran lo mismo. Tan solo en los primeros diez días de la revolución, en la capital se ocuparon entre 1500 y 2000 casas sociales, lo que da una pequeña muestra de lo que este movimiento representó.

Ese enorme fenómeno expresaba, nada más y nada menos, que la brutal necesidad de miles de familias obreras de tener una vivienda o poder alquilar un piso con precios asequibles. En Lisboa, Oporto y Setúbal –en las tres ciudades en las que nos centramos- se darán parecidas necesidades sociales, así como de organización y experiencia. Son ciudades que hasta 1974 habría crecido exponencialmente sus poblaciones. En Lisboa se llegaría a los 830.000 habitantes en 1970, en Oporto para el mismo año a las 325.000 y en Setúbal 65.000 en 1974. Casi el 30% de todas las familias portuguesas carecían de una vivienda mínimamente decente en 1974.

La situación a finales de 1974 era que, con 20000 viviendas en la ciudad, había unas 3.600 familias que necesitaban ser realojadas; había unas 450 casas viejas vacías y 3.500 casas nuevas a punto de ser terminadas; y unas 2.000 familias de clase obrera y de la pequeña burguesía que estaban pagando entre el 25 y el 40% de sus ingresos por alquileres que llegaban hasta el salario mínimo. También eran insuficientes las infraestructuras básicas (carreteras, alcantarillado, etc…) [2]

Surgen las comisiones… Organización, reivindicaciones y acciones

El movimiento vecinal tuvo pocas experiencias antes del 25 de abril en relación con organizar comisiones, a diferencia del movimiento obrero. Con la caída de la dictadura, comandada en ese momento por Caetano, los primeros en lanzarse en forma de “comités organizadores” fueron los barrios pobres.

En términos generales, este movimiento urbano albergó diferentes clases y grupos sociales, tenía un carácter multiclasista, pero con gran predominantes asalariada. Para Downs:

Este movimiento era mucho más grande de lo que podría haberse organizado a través del lugar de trabajo solamente, e incluía a hombres y mujeres desempleados, jóvenes, empleados y trabajadores de fábricas pequeñas y grandes, profesionales y dueños de pequeñas tiendas (…) Sin embargo, la composición concreta del movimiento urbano multiclase variaba de un lugar a otro. En Oporto y Lisboa se componía básicamente de pobres, incluyendo especialmente trabajadores cualificados y no cualificados mal pagados, empleados, vendedores ambulantes y pequeños propietarios. Sólo en Setúbal se incluyó un gran número de trabajadores de las industrias modernas y de los servicios y de los empleados profesionales de la nueva pequeña burguesía. [3]
El comité organizador era quien convocaba a una asamblea de todo el barrio para discutir la lista de reivindicaciones y reclamaciones para las autoridades: los problemas del barrio, vivienda, infraestructuras, regulaciones gubernamentales represivas o problemas en relación con las ocupaciones de viviendas. Y, por otra parte, se elegía las comisiones -que normalmente elegía al “comité organizador” más nuevos miembros-. Normalmente el mandato era de un año y algunos miembros eran sustituidos por distintas causas como: renuncia individual, sustitución directa por la población o que el tiempo del cargo había terminado.

A diferencia de los ayuntamientos, en las comisiones de los barrios podían votar las personas mayores de 16 o 18 años y solían reunirse cada siete o cada quince días. En las comisiones podía haber varios grupos de trabajo y un comité de coordinación que se reunía una vez más cada semana con nueve grupos de trabajo: vivienda, infancia y vejez, cultura y deporte, salud y ayuda, control de precios, recaudación de fondos, asociacionismo, urbanismo y relaciones públicas. En función de los barrios y de sus necesidades, las reivindicaciones podían ser variadas, pero el conjunto de demandas refleja una realidad, que la mayoría eran demandas procedentes de sectores asalariados. Demandas como vivienda para todos, alquileres más baratos, infraestructuras físicas deficientes como alcantarillas o electricidad, reparaciones de las calles y equipamientos y servicios básicos tales como escuelas, guarderías, transporte público, eliminación de basuras, cabinas telefónicas, centros sociales, farmacias o clínicas con servicios gratuitos para todos.

Ahora bien, la primera necesidad fue la de disponer de una vivienda. Multitud de personas se lanzaban a la ocupación de viviendas, que consideraban legítima debido a que consideraban la vivienda un derecho básico para toda la población. En los primeros meses se ocuparán las viviendas de carácter municipal y, a partir de 1975, se radicalizan las acciones con ocupaciones de viviendas privadas. La ocupación de vivienda fue un enorme fenómeno, organizado por grupos de vecinos y vecinas, comisiones de ocupación o por las comisiones de moradores. Se estima que, como mínimo, el 30% de las familias vivían en viviendas precarias, el 40% no disponía de agua ni cloacas, el 60% de las viviendas tenían mínimo 40 años o en Setúbal existían 1152 chabolas.

Entonces, en un primer momento sólo las viviendas “públicas” del gobierno fueron ocupadas, por lo que pequeños y grandes propietarios de pisos comenzaron a sentirse inseguros. Esta inseguridad se vio incrementada por unas pocas ocupaciones dispersas de antiguas casas privadas durante el verano de 1974. El Gobierno publicó el 12 de septiembre el Decreto-ley 445/74 que permitía al propietario 120 días para alquilar su vivienda. Cumplido este plazo si la vivienda no se alquilaba se informaba y se alquilaba a nombre del propietario. La ley que no atentaba con el negocio rentístico que suponía vender o alquiler a precios altos las viviendas, supuso que muchos propietarios no hicieran caso alguno. Agotado los plazos legales, muchos vecinos (que habían organizado comités de vigilancia) hicieron ellos mismos efectivo la ocupación, y a partir del 18 de febrero comenzó una segunda gran ola de ocupaciones, pero esta vez el objetivo era la vivienda privada. Se estima que unos 2.500 apartamentos fueron ocupados en Lisboa en los días siguientes. El gobierno se vio obligado a legalizar las ocupaciones, pero luego estableció excepciones que hicieron que el 80% o más de las ocupaciones fueran ilegales. Esta ley fue inmediatamente apodada el “Decreto contra las ocupaciones”. El cambio de coyuntura se dio a afínales de 1975 con el golpe de estado y la recuperación por la burguesía de la situación en las fábricas, en el ejército y barrios.

Otra de las reivindicaciones fue la limitación de los precios de los alquileres. No solo los sectores más pobres de la clase trabajadora tenían problemas de vivienda sino también los estratos por encima de ella también, teniendo que pagar entre el 25% y el 40% o más de sus ingresos para el alquiler. El debate en las comisiones surgió de inmediato, entre quienes planteaban poner un límite máximo al alquiler o los que proponían que el alquiler debía ser solo una fracción de los ingresos. Downs comenta que la primera propuesta solo se limitaba “al 10% o 15% de la población que tiene una vivienda mucho más cara que la media y, normalmente, más que los ingresos medios” y la segunda propuesta “involucra potencialmente a los habitantes de las chabolas tanto como a los trabajadores o profesionales mejor pagados, pero plantea problemas de control y organización de un nivel superior.

En Setúbal, los residentes de tres nuevos barrios se reunieron a finales de mayo de 1974 y definieron su posición diciendo que "el alquiler debería ser el 10% de los ingresos familiares", pero “debido a la falta de condiciones para llevar a cabo esta propuesta... aprobamos el pago de 500 por habitación y 300 por habitación si se encuentra en el sótano, como primer paso”.

La necesidad de la articulación estratégica entre las comisiones de vecinos y de los trabajadores

El proceso de urbanización y el fortalecimiento social de la clase obrera generó un doble proceso. Al mismo tiempo que los movimientos urbanos se convertían en los protagonistas, surgieron nuevos sectores productivos (como servicios, comercio u hostelería) en estrecha relación con las poblaciones. Permitiendo, en cierto sentido, no solo que el movimiento obrero tuviera posiciones clave, sino sectores que dada su posición permitían ganar o articular nuevos aliados en la población (que en su mayor parte eran asalariados).

Podemos destacar las acciones y reivindicaciones, conjuntas entre los vecinos (sobre todo de clases obrera) y el movimiento obrero. La necesidad de infraestructura, por ejemplo, dio lugar a acciones como la ocupación de empresas del sector industrial farmacéutico por las comisiones de trabajadores y la puesta en venta de medicamentos para la comunidad con su colaboración. La necesidad de alimentos baratos, debido al aumento de la inflación por la crisis, dio lugar a la venta de productos agrícolas por las mismas comisiones de vecinos.

La venta directa de productos agrícolas, conocida como el “ligazo cidade-campo”, fue un intento de vender directamente los productos de las cooperativas a los consumidores saltándose a los intermediarios (que subían los precios). En este sentido también podemos citar como la plantilla de Pao Açucar publicó a la vista de los vecinos la contabilidad de la empresa y los márgenes de beneficios que el empresario se llevaba al subir los precios injustamente. Se daba el caso que una multitud de vecinas se manifestaban (como en Labradio, distrito de Setúbal) delante de los comerciantes exigiendo limitar los precios, organizándose comités de control de precios para vigilarlos.

Hay otros ejemplos interesantes como el de los trabajadores del Hotel Francfort de Lisboa que lo ocuparon y se transformó en un centro cultural público disponible para todos los vecinos y vecinas. El motel Do Muxito (de dudoso origen) fue ocupado por la población y transformado en un centro de descanso y reposo para los ancianos. Multitud de edificios abandonados o de empresarios fueron directamente o bien ocupados por sus trabajadores y trabajadoras o por la propia población. La intersección entre ambos movimientos se dio de forma natural, en primer lugar, porque cientos de trabajadores y trabajadoras eran vecinos y vecinos y viceversa. Las experiencias en las empresas se trasladaban al barrio, y viceversa.

Institucionalización y burocratización de las comisiones

Los 6 gobiernos provisionales que se formaron tras la caída de la dictadura avalaron y desarrollaron el proyecto de SAAL (Servicio Ambulatorio de Apoyo Local) desde su aprobación a finales de julio de 1974, que trataba de “apoyar las iniciativas locales de la población pobre” y “cooperar en la transformación de los barrios y fomentar las asociaciones y cooperativas de vecinos”. Cuando en verdad de lo que trataba ser el SAAL, compuesto por burócratas varios (arquitectos y estudiantes universitarios, muchos de ellos ligados al Partido Comunista), es ser una institución del gobierno en el interior de los movimientos vecinales, es decir un “enlace” de control de los ayuntamientos y el gobierno (que hasta ahora nadie había votado) para limitar las reivindicaciones del movimiento vecinal y sus comisiones. Sin que ningún grupo de la izquierda lo cuestionara.

En cierta manera se establecía una relación política entre la burocracia, los ayuntamientos y los gobiernos provisionales para evitar que las comisiones de vecinas adoptasen funciones políticas y de administración de las ciudades, una forma embrionaria de democracia directa como fueron los soviets. Para Raquel Varela mientras las comisiones de vecinos eran órganos locales de decisión que nacieron casi inmediatamente como una estructura local de toma de decisiones, los ayuntamientos servían “más como fuente de personal y financiación para los principales partidos”. [4]

Los principales partidos que luchaban para desviar el proceso revolucionario e imponer una “democracia burguesa” de tipo “occidental” se lanzaron a ocupar cargos e instituciones “mediante un movimiento de sustitución de la densa red de autoridades políticas y administrativas municipales y de distrito (alcaldes, gobernadores civiles, dirigentes de las corporaciones, etc.)”. Según Almeida [5], el Partido Socialista de Portugal tenía 33 presidencias y vicepresidencias de la Comisiones Administrativas (CA) de los ayuntamientos (38,8%), el Partido Popular Democrático, desde 1976 Partido Socialdemócrata, con 27 cargo (31,8%) o el Partido Comunista de Portugal con 22 cargos (25,9%). En última instancia, como dice Varela, los ayuntamientos -que estaban en decadencia y en quiebra política tras la caída de la dictadura- sirvieron para el PS y el PC de fuente de financiación y cargos tratando desde esa posición controlar y moderar las acciones y reclamaciones de las y los vecinos.

Los nuevos ayuntamientos “democráticos” eran controlados por la Junta de Salvación Nacional y por ende por los militares, otros por elección de un comité de partidos de la oposición en los barrios, y en otros casos, esos mismos comités de los partidos decidían los miembros de los ayuntamientos. En el 38,5% de los casos los Consejos de Administración de los ayuntamientos duraron entre 2 años y 3 meses y 2 años y 7 meses y nunca fueron reemplazadas y ningún de los ayuntamientos tuvo elecciones hasta 1976, es decir una vez derrotado el proceso revolucionario.

Es decir, los partidos contrarrevolucionarios utilizaban los ayuntamientos como “fortines”. Al mismo tiempo que utilizaban el SAAL y su burocracia política como “caballo de Troya” en los barrios (frente a la enorme necesidad y carestía que existía) para desactivar el potencial revolucionario. Por el contrario, los ayuntamientos no fueron asaltados por las comisiones de trabajadores y de vecinos convirtiéndose en verdaderos “fortines revolucionarios” que unificasen a todas las comisiones de la ciudad adoptando cada vez más funciones administrativas y políticas de la ciudad que ayudasen a organizar el “asalto final” para tomar poder central.

A diferencia de la revolución rusa, donde se desarrollaron soviets con funciones políticas, administrativas y autodefensa de las ciudades, empresas y barrios, en Portugal eran pequeños embriones de lo que se podría haber desarrollado. John Reed relata de forma magnífica como en Rusia surgen estos organismos democráticos, en un país económicamente retrasado y con la escasa clase obrera de aquel momento, nada que ver con el desarrollo económico de Portugal tras la segunda guerra mundial y donde la clase obrera representaba la mayoría de la población en casi todos los barrios de las ciudades:

Junto al Soviet de la gran ciudad, existían también los Rayon, o Soviets de distrito. Estaban compuestos de diputados electos para el soviet de la ciudad por cada distrito y administraban su zona de la ciudad. Naturalmente, en algunos distritos no había fábricas y, por tanto, tampoco representación de esos distritos, ni en el Soviet de la ciudad ni en el Soviet de distrito. Pero el sistema soviético es extraordinariamente flexible, y, si los cocineros y los camareros, o los basureros, o los porteros, o los conductores de ese distrito se organizaban y solicitaban representación, se les concedían delegados.

Las elecciones de los delegados están basadas en la representación proporcional, lo que significa que los partidos políticos están representados en proporción exacta al número total de votantes de la ciudad. Y son los partidos políticos y los programas los que votan, no los candidatos. Los candidatos son designados por los comités centrales de los partidos políticos, que pueden reemplazarlos por otros miembros del partido. Asimismo, los delegados no son elegidos por un plazo de tiempo determinado, sino que pueden ser revocados en cualquier momento. [6]

En Portugal no se llegó al nivel alcanzado en Rusia, pero sí muestra el enorme potencial que se puede llegar a desarrollar en un país moderno, no solo en 1974 sino hoy en día más. Con el desarrollo capitalista el proceso de asalarización de la población se ha incrementado en las últimas décadas y se ha ido entrelazando con los barrios populares y las demandas urbanas. De esta manera esta interconexión ayuda al cuestionamiento de la propiedad privada capitalista, o explicado de otra manera, la urbanización capitalista trasladó en buena medida la cuestión de la tierra a las ciudades, y por tanto, provocó que al calor de la lucha los movimientos vecinales exigieran reivindicaciones, como tener derecho a una vivienda, alquileres más baratos e infraestructuras en los barrios. Esta dinámica de lucha por el derecho a unas condiciones de vida mínimas chocó inevitablemente con la propiedad privada del suelo.

Por ejemplo, el Comité de Lucha de Setúbal, órgano coordinador de la ciudad organizado por los habitantes de la ciudad, aprobó el 1 de septiembre de 1975:

1. Nacionalización y municipalización de los suelos urbanos con la socialización de las grandes y medias empresas de construcción civil. Estas nacionalizaciones se hacen sin cualquier indemnización.
2. Eliminación total de nuevas licencias para construcciones de lujo.
3. Elaboración inmediata de construcción social.
4. Socialización inmediata de las viviendas con las excepciones de las viviendas propias. [7]

En ningún caso, ni los ayuntamientos, ni los seis gobiernos provisionales, ni la asamblea constituyente discutió ni decretó una de las reivindicaciones más elementales para el proceso revolucionario, como era la expropiación del suelo urbano y rural y la elaboración de un proyecto estatal y comunitario bajo control de las comisiones para garantizar viviendas asequibles para la población así como garantizar las infraestructuras necesarias.

Es más, los gobiernos provisionales del que el PCP y el PSP eran parte, mantuvieron la ley de suelos de 1965 de la dictadura que favorecía a la gran propiedad durante su participación en los gobiernos. Es decir que no utilizaron el ejemplo de Setúbal para aprobar leyes que permitieran expropiar a las grandes constructoras y las viviendas privadas sino todo contrario. De lo que estaban tratando es de garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada capitalista para que años más tarde en la posrevolución los grandes magnates de la construcción hicieran negocio “garantizando” viviendo e infraestructura a “módico precio”.

Tras el golpe de Estado de noviembre de 1975 se produjo la desaceleración de las movilizaciones, comenzando un proceso de institucionalización de todos los organismos. Es decir, un proceso de ampliación, integración y subordinación al Estado burgués. Este será uno de los principales logros de las élites políticas y económicas de Portugal, consiguiendo ampliar las áreas de influencia del Estado y de esa manera dominar y controlar aquellos organismos gestados en la revolución, tanto las comisiones obreras como las vecinales. En el caso de las primeras, la institucionalización se da por la burocracia sindical de la Intersindical dirigida por el PCP (a la que luego se sumará el PSP), o bien por la vía de integración en los sindicatos o bien se transformaron en los comités de representación de los trabajadores en las empresas. En el caso de las comisiones vecinal acabaron o disolviéndose, o reconvertidas en meras asociaciones de vecinal o en cooperativas de residentes.

La revolución en Portugal mostró que es posible ver procesos revolucionarios en un país capitalista moderno “occidental”, y destaca la necesidad de una tarea consciente como la construcción de una dirección revolucionaria que saque lecciones de procesos tan ricos en experiencias.

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NOTAS AL PIE

[1Downs, C. “Comissoes de Moradores and urban struggles in revolutionary Portugal”. Urban praxis (1980), p. 1

[2Ibídem

[3ibidem, pág. 26

[4Muro, C. “La Revolución de los claveles es una de las más importantes del siglo XX”. https://www.laizquierdadiario.com/La-Revolucion-de-los-claveles-es-una-de-las-mas-importantes-del-siglo-XX-131712

[5Pires de Almeida, M. A. Poder popular y poder local: las comisiones administrativas de los consejos municipales en el período revolucionario, 1974-1976, p. 64.

[6Reed, John. Los Soviets en acción.

[7Varela, R. História do Povo, p. 264.
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Carlos Muro

@muro_87
Nació en la Zaragoza en 1987. Es estudiante de Historia en la UNIZAR. Escribe en Izquierda Diario y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.
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