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La Izquierda Diario
5 de diciembre de 2021 Twitter Faceboock

CONTRAPUNTO
Los fondos europeos y el capitalismo verde del gobierno “progresista”
Pablo Castilla | Contracorrent Barcelona - estudiante de Filosofía, Economía y Política en la UPF

En el artículo abordaremos el plan del gobierno del Estado Español para gestionar los fondos NextGenerationEU, desnudando que hay detrás del relato “progresista” y viendo que no es verde todo lo que reluce.

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La llegada de los Fondos Europeos para la recuperación ha sido mostrada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos como uno de sus mayores logros. Una suerte de Green New deal europeo donde la transición ecológica y la digitalización son el emblema. Miles de millones a invertir en una salida de la crisis, la pregunta es para quién.

En el artículo abordaremos el plan del gobierno del Estado Español para gestionar los fondos NextGenerationEU, desnudando que hay detrás del relato “progresista” y viendo que no es verde todo lo que reluce.

El estallido de la pandemia tuvo desde su inicio un gran impacto en la economía mundial y el viejo continente no se quedó al margen. El PIB de Unión Europea y la eurozona cayeron un 6,4% y un 6,8% respectivamente en 2020 según datos del Eurostat, superando incluso las cifras del 2009 como peor año de la anterior crisis financiera.

Lejos de ser una excepción, las cuatro principales economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y el Estado Español) siguieron la tendencia general en el primer año de pandemia. El PIB alemán se desplomó un 5%, siendo el peor dato desde hacía 11 años. La economía francesa también se resintió y cayó un 8,3%, un récord desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso del Estado España, sufrió una caída del 11% – la mayor desde la Guerra Civil – superando el 8,8% de Italia.

En este contexto se empieza a plantear desde la Unión Europea la necesidad de un plan de recuperación que se concretará finalmente como el NextGenerationEU. El Fondo de Recuperación NGEU está dotado con 750.000 de millones de euros, de los cuales hasta 360.00 millones podrían corresponder a préstamos y los 390.000 millones restantes a transferencias no reembolsables, cantidades a desembolsar hasta 2026.

Entre los elementos que componen dicho plan, destaca el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) con 672.500 millones de euros, constituido por un 54% de préstamos y un 46% de transferencias no rembolsables. Su objetivo según la UE es el de “apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE”. [1]

El Estado Español será uno de los grandes beneficiados de los fondos, llegando a recibir un total de 140.000 millones. Hasta el año 2023 recibirá un total de 72.000 millones de euros que no deberán ser devueltos, a diferencia del monto restante que podrá ser solicitado hasta 2026 y que sí debería ser retornado.

Mucho dinero, muchos nombres y muchos proyectos detrás de los Fondos Europeos, pero las dos grandes preguntas siguen sin estar realmente claras: ¿a quién irán destinados tantos millones? Y no menos importante ¿quién tendrá que pagar y cómo tantas ayudas? Eso es lo que vamos a tratar de aclarar para el caso del Estado Español.

El rescate verde al IBEX del gobierno “más progresista de la historia”

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el proyecto del gobierno del PSOE y Unidas Podemos para el uso de los fondos NGEU durante los próximos años. Entre sus objetivos oficiales se encuentran “la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género”. [2]

El punto ecológico aparece como una de las principales estrellas del proyecto. Las partidas destinadas a una “movilidad sostenible, segura y conectada” son de las más cuantiosas, sumando un total aproximado de 13.203 millones euros. Entre las principales apuestas de esta inversión se encuentra el desarrollo del hidrógeno verde y el vehículo eléctrico. En este marco se plantea también la “Transición energética justa e inclusiva”, otro de los grandes pilares de este proyecto donde las energías renovables y el hidrógeno verde son grandes protagonistas.

Un proyecto que, lejos del discurso de “transición ecológica”, tiene una letra pequeña mucho menos ecofriendly. Por un lado, porque la fabricación de transportes eléctricos y sus baterías a partir de cobalto, litio y manganeso requiere un alto consumo de energía, además de incrementar la explotación extractivista de estos minerales, en su mayoría en países semicoloniales donde operan las multinacionales europeas.

Por otro lado, el desarrollo de energías renovables bajo control de las mismas empresas energéticas responsables del actual modelo, que se seguirá realizando tomando sus cuentas de beneficios como única guía, no va a suponer otra cosa que la devastación del territorio para la construir mega parques eólicos o fotovoltaicos. Algo a lo que ya nos tienen acostumbrados.

Revestido de letra “progresista”, el plan del gobierno no es más que capitalismo verde puro y duro que no cuestiona en lo más mínimo el control privado de sectores estratégicos como el energético. De hecho, establece un marco ideal para que las grandes empresas españolas, las que llevan meses sobrecargando el precio de la luz, entren a sacar provecho reforzando así un sistema donde los recursos están al servicio de la minoría que los posee y no de la mayoría social.

Las grandes multinacionales españolas ya han salido a competir entre sí para ver quién se hace con la mejor parte de la lluvia de millones [3]. Todo apunta a que serán empresas como Iberdrola, Endesa, Repsol o Naturgy las beneficiarias de las ayudas y las mejor situadas – desde el punto de vista del capitalismo verde del gobierno “progresista” – para llevar a cabo esta supuesta “transición ecológica” que no es tal. Es decir, compañías que se encuentran entre las más contaminantes del Estado Español serán las mismas que se espera lideren la transición hacia una economía verde. El gobierno más de izquierdas de la historia – nótese la ironía – es el que pretende destinar ayudas millonarias y reforzar el control del sector energético por parte de las empresas que en los últimos meses no han parado de aumentar el precio de la luz.

Como bien denuncian desde Ecologistas en Acción, el plan es apostar por “nuevas burbujas especulativas” [4], lo cual no es ninguna salida a la crisis climática. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España no es más que el Plan de Rescate Verde a los Grandes Capitalistas Españoles.

Desde las constructoras hasta las telecomunicaciones ¡rescate para todos!

No obstante, el programa de rescate al capitalismo español ideado por PSOE y Unidas Podemos no se detiene en el sector energético. Industria, pesca, digitalización y 5G se sitúan con posibilidades de sacar redito del nuevo plan.

La digitalización es el otro gran protagonista de los planes del gobierno, recibiendo gran parte y superando incluso el porcentaje mínimo establecido por Bruselas. Ahora bien, la economía digital no es una opción con un mínimo impacto ambiental como nos quieren hacer creer. José Bellver, miembro de FUHEM Ecosocial, señala los “importantes requerimientos de energía y materiales para su fabricación y uso” [5] y los “residuos tóxicos “desde la cuna hasta la tumba” de su ciclo vital” vinculados a la economía digital. Igual que sucedía con las renovables y el plan verde, gigantes de las telecomunicaciones como Cellnex o Telefónica ya se están frotando las manos para ver cuánto logran pescar.

Si la digitalización y la transición ecológica eran dos de los grandes pilares, la rehabilitación de edificios y la transformación de la industria en clave verde tampoco sorprenden a nadie en un país donde el sector inmobiliario es un peso pesado de la economía y el automóvil una parte importante de la industria. Acciona, Ferrovial, ACS o Sacyr como grandes constructoras se preparan y ya han presentado sus proyectos para optar a los fondos, entre los cuales se encuentran algunos relacionados con la energía renovable a partir de residuos, la movilidad urbana, el reciclaje y la transformación de polígonos industriales. Así, pretenden seguir beneficiándose en forma de concesiones como han hecho hasta con las autopistas, la recogida de basura o la gestión de infraestructuras.

Como parte de este rescate al capitalismo español no podemos olvidar el carácter imperialista del mismo. Empresas como Iberdrola o Repsol en el sector energético o Telefónica son compañías que operan y expolian los recursos en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Incluso el sector de la pesca, saqueador de los recursos naturales en las costas de Mauritania y el Sáhara Occidental, ve reflejado en este plan un “apoyo a la financiación del Sector Pesquero”. [6]

Otro peso pesado de la economía española que sacará tajada es el turismo, el cual recibirá 3.400 millones del “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”. Asimismo, el bloque relacionado con las PYME contará con una inversión cercana a los 5.000 millones de euros.

Por último, la banca que fue rescatada en la anterior crisis se vería ahora como beneficiada indirecta. Los grandes bancos del IBEX como el BBVA, Santander o CaixaBank tienen todas las papeletas para sacar rédito de la oportunidad haciendo de prestamistas en un negocio seguro garantizado por el estado.

Más deuda para los estados, más ajustes para la clase trabajadora

Pero ¿de dónde sale tanto dinero? Una parte son fondos que no deberán ser devueltos (72.000 millones), mientras que la otra sale de donde siempre: emisión de deuda.

Los veintisiete países de la UE dieron vía a libre Bruselas para acudir a los mercados en busca de financiación. Así, se aumenta la deuda pública en un contexto donde las economías ya estaban enormemente endeudadas. Según datos de Eurostat para el año 2019, Francia tenía un 97,6% de deuda pública respecto su PIB, el Estado Español un 95,5% e Italia un 134,6%. Después del primer trimestre de 2021, el nivel de deuda ha crecido significativamente en todos ellos hasta situarse en un 118% respecto al PIB en Francia, 125,2% en el Estado Español y 160% en Italia.

En el caso del Estado Español, los datos de la deuda pública publicados por el Banco de España en junio situaban la cifra en 1.425.620 millones (1,4 billones). Sin embargo, desde Ecologistas en Acción (EA) señalan que no se incluye ahí aquello que le deben a las Administraciones públicas. De hecho, ni siquiera está garantizado que se cobre y para muestra de ello el rescate a la banca que todavía no han devuelto. La organización también apunta que no se incluyen las deudas en las que la Administración Pública actúa como garante, entre las que se encuentran AENA, ADIF, RENFE o los avales de los ICO. Según cálculos de EA, la deuda pública real podría situarse entorno a 2,3 y 2,4 billones de euros. [7]

Igual que en la anterior crisis, si los rescatados son los grandes capitalistas, los grandes castigados serán la clase trabajadora y los sectores populares. La emisión de deuda para sufragar las ayudas millonarias se traduce en aumento del endeudamiento público de los estados y, como toda deuda, habrá que pagarla algún día. Aunque de momento existe una relativa tregua del Pacto de Estabilidad que está retrasando las medidas más duras, la reactivación del acuerdo afectará especialmente a las economías sobreendeudadas como el Estado Español, llevándolo a brutales ajustes para hacer frente al vencimiento de los intereses y el pago de la deuda.

La letra pequeña de los fondos: reforma laboral, reforma de pensiones y ajuste

Ni siquiera los millones que llegan sin deuda son gratis, pues están sujetos a unas condiciones que tendremos que pagar. Sin duda, el visto bueno de la Unión Europea al plan de recuperación español requiere compromisos. El desembolso de los fondos se hará a medida que el gobierno vaya cumpliendo con los objetivos previstos, entre los cuales son más que sonados la reforma de pensiones y laboral.

Precisamente con respecto al mercado laboral, Bruselas destaca el hecho de que el plan proponga “varias reformas del mercado laboral, incluido un mecanismo de estabilización y flexibilidad que permitiría a las empresas hacer frente a los ajustes en caso de crisis económicas, basándose en el esquema de trabajo de jornada reducida existente” [8]. O sea, la Unión Europea da fe de que el gobierno “progresista” está comprometido con llevar a cabo una reforma laboral que apunta a un empeoramiento de las condiciones de trabajo.

En un contexto de salida de una crisis en forma de capitalismo, el proyecto español de los fondos NGEU plantea la “puesta en marcha de convenios de transición justa en zonas de transición energética” que trate de minimizar “los impactos económicos y sociales” [9] por medio de convenios específicos. A juzgar por experiencias pasadas como el plan miner destinado a crear nuevas fuentes de empleo – que en ningún caso eran capaces de absorber la destrucción de puestos de trabajo por el fin de la actividad minera – en zonas afectadas por el cierre de minas, esta nueva fórmula contemplada hace pensar en algo similar para facilitar el cierre de fábricas y empresas bajo un argumento “verde”.

En lo referido a las pensiones, se titula como “sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo” lo que en realidad quiere decir tratar de alargar la edad de jubilación real a través de mecanismos que lo fomenten y penalicen la jubilación anticipada. Se sitúa en la línea manifestada por el ministro Escrivà de fomentar la contratación de planes de pensiones privados, debilitando al máximo el sistema público de pensiones para que aquellos asalariados (que puedan) contraten un plan privado que lo compense.

Entre los reformas sujetas a los fondos y la reactivación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE en 2023, los ajustes y recortes están asegurados gobierne quien gobierne. Trece años después el plan vuelve a ser el mismo: rescatar a los grandes capitalistas y hacérselo pagar a la clase trabajadora y los sectores populares.

Una salida a la crisis climática, económica y social para el pueblo trabajador

Nos han hecho creer que solo hay dos opciones: o capitalismo para siempre o fin del mundo con el capitalismo. Pero hay otra alternativa: si todos los recursos económicos, científicos y tecnológicos son puestos en manos de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, luchando por gobiernos de trabajadores.

Ante esta situación hace falta pelear por un programa radical frente una situación radical, pues el Plan de Recuperación no es una salida ni a la crisis climática ni a los problemas del pueblo trabajador.

Plantear una alternativa de este tipo es hoy más necesario que nunca, ya que el malestar generado por la crisis y el descontento derivado de la decepción con organizaciones como Podemos es un terreno disputa. La extrema derecha reaccionaria entre la que se encuentra Vox trata de sacar partido levantando un discurso que trata de enfrentar los más oprimidos y explotados entre sí, tratando de ocultar que en realidad ellos son los más fieles defensores de los explotadores y opresores.

Porque existe una alternativa al negacionismo de la extrema derecha y el capitalismo verde del gobierno “progresista”. Frente al oligopolio de las eléctricas contaminantes que aumentan los precios de la luz, luchemos por la expropiación del sector energético sin indemnización bajo gestión de los y las trabajadoras junto a comités de usuarios. Solamente así podremos reducir drásticamente las emisiones de gases contaminantes y desarrollar las energías renovables sin perjuicio de los territorios y poblaciones afectadas.

Contra la ampliación de los aeropuertos de El Prat y Barajas, apostar por reforzar el transporte público de forma totalmente gratuita y luchar por la nacionalización de toda la red y empresas de transporte bajo control obrero.

Ante el problema de la precariedad y el paro, luchemos por la reducción de la jornada laboral y el reparto de horas de trabajo sin reducciones del salario sin que esto ningún tipo de despido o precarización. Porque frente a los despidos y cierres de las empresas defendemos su expropiación sin indemnización para ser gestionada por los y las trabajadoras en perspectiva de una economía centralizada y planificada en base a las necesidades de la sociedad y no de una minoría.

Una programa verdaderamente anticapitalista defenderá hoy la liberalización de las patentes, en control obrero de las farmacéuticas y la apertura de las fronteras ante la inmigración provocada por el expolio imperialista y los efectos de la crisis climática. Decimos no las políticas que rescatan al IBEX 35, pues nos organizamos para conseguir impuestos extraordinarios a las grandes fortunas.

Un programa como este no se conquista en el Congreso, sino mediante la movilización y la lucha en cada centro de estudio y de trabajo. Por ello debemos enfrentar a las burocracias sindicales que hoy negocian con el gobierno las próximas contrarreformas y exigirles que preparen un plan de movilizaciones para frenar los ataques que están por venir.

Este plan sí es el inicio de una salida a la crisis climática y la respuesta a los problemas del conjunto de la sociedad, pero para conquistarlo necesitamos una izquierda que se prepare para vencer.

Por una izquierda que rompa el tablero

Frente a quienes sostienen que lo único que se puede esperar son gobiernos neoliberales o reformistas que gestionan la miseria con cara amable cuando se puede, defendemos la necesidad de construir una izquierda distinta que se proponga romper el tablero de juego y no gestionar la derrota, sino preparar la victoria.

Nos referimos a una izquierda absolutamente distinta y opuesta a la que representa Podemos, IU y el PCE. Quienes criticaban en su día el rescate a la banca hoy aplican la misma receta que tras el 2008; es la izquierda del "no se puede" y como no se puede entra a gestionar los intereses de las grandes fortunas, preparando reformas laborales y de pensiones.

Porque realmente lo único que se puede hacer sin el ánimo de enfrentar al capitalismo hasta el final es convertirse en un administrador amable de los negocios de la burguesía imperialista. Eso sí, tan amable tampoco es, ya que, si hay que enviar el ejército a Ceuta para defender las fronteras imperialistas, lo hace; si hace falta que la policía reprima en una manifestación contra un asesinato homófobo y escolte una manifestación neonazi, lo hace; si para ser parte del régimen hace falta subirle el presupuesto a la Casa Real y avalar con el silencio el encarcelamiento de un rapero por cantar contra la monarquía, entonces también lo hace.

Así, el gobierno “progresista” ha llegado a aplicar incluso parte de la agenda de la derecha e incluso de la extrema derecha, la cual de hecho demostró su compromiso con el capitalismo español aportando sus votos para que aprobaran los Fondos Europeos en el Congreso. Aunque a reformistas y derechistas les duela, tienen más en común de los que les gustaría reconocer.

Necesitamos también una izquierda distinta de la CUP que se reclama anticapitalista, pero acaba siempre al lado del gobierno de la Generalitat. Sigue manteniendo su a apoyo a ERC y JxCat que ahora renuncian al discurso de luchar por la autodeterminación – aunque nunca estuvieron realmente dispuestos pelearla– y lo hacen a cambio de un mejor reparto de los fondos para salvar a la burguesía catalana desde el Govern.

El proyecto de la ampliación del aeropuerto del Prat, cuyo fracaso final todavía está por ver, no es más que el símbolo del acuerdo entre ERC, JxCat, PSOE y UP para volver al autonomismo en contraprestación de unos millones que ahora ni siquiera está claro que lleguen.

En definitiva, se trata de levantar una izquierda anticapitalista, revolucionaria y con independencia de clase que apueste por desarrollar toda la fuerza de la clase trabajadora a través de la autoorganización en los centros de trabajo en alianza con el movimiento estudiantil organizado en los centros de estudio para conquistar una salida a esta crisis para la juventud, las mujeres, las migrantes y el conjunto de la clase trabajadora.

Construir una izquierda que no se diluya en los movimientos, sino que pelee por crear fracciones revolucionarias en lucha contra las burocracias sindicales traidoras y las distintas corrientes que, o bien renuncian a la política, o bien acaban desviando la fuerza bajo direcciones reformistas que preparan la derrota.

Por ello, levantemos una organización que se proponga empezar por enfrentar a los gobiernos de turno y termine con la conquista de un mundo donde todos los medios que producen la riqueza estén en manos de la clase trabajadora y los sectores populares, al servicio de satisfacer las necesidades sociales y restablecer un equilibrio con los límites del planeta.

 
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