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La Izquierda Diario
21 de septiembre de 2021 Twitter Faceboock

CRISIS SANITARIA
El Gobierno catalán mantiene restricciones pero no refuerza la sanidad pública desmantelada
Àngels Vilaseca | Barcelona / Trabajadora de Servicios Sociales

Mientras el Departamento de Salud prevé prorrogar las restricciones actuales, no toma ninguna medida para reforzar una sanidad pública completamente desmantelada y sin personal sanitario suficiente tanto en la Atención Primaria como en los hospitales.

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Aunque se los anuncios hablan de una bajada lenta del riesgo de rebrote y de la velocidad de propagación del virus, la tasa de contagios sigue siendo muy elevada y la presión en los Centros de atención Primaria y en los hospitales no para de crecer.

Ante esto, ¿cuál es la respuesta del Gobierno catalán? Desde el Departamento de Salud quieren proponer al PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) una prórroga de las medidas restrictivas actuales de mínimo 15 días más. Y a pesar de que por ahora no se plantea la posibilidad del confinamiento domiciliario, esta es una medida que no se descarta del todo.

Es decir, restricciones y más restricciones, acusando siempre a la población de "irresponsable" y a expensas de su pobreza como está pasando con los trabajadores y trabajadoras de la hostelería, de la cultura o con los pequeños comerciantes, entre otros ¿Y qué ofrece el Gobierno a cambio?: una Sanidad Pública destrozada donde la falta de profesionales sanitarios es más que evidente

Los Centros de Atención Primaria (CAP) ya llevan tiempos colapsados, de hecho es por eso que hace unas semanas sus equipos médicos convocaron huelgas. El plan de refuerzo que prometió el Gobierno de la Generalitat para la atención primaria es ridículo, prevé un aumento de tan solo 3.811 profesionales hasta el 2022, de los cuales 306 serían médicos y 220 enfermeras. Una cantidad totalmente insuficiente, teniendo en cuenta que desde los recortes del 2008 se perdieron como mínimo más de 900 facultativos. Por otro lado, todavía siguen habiendo CAPs cerrados.

¿Pero por qué contratar más profesionales en la atención primaria si es mejor privatizarla? Por un lado, las mutuas se están frotando las manos con todos los nuevos pacientes que se están pasando a la privada. Por el otro, no olvidamos el contrato de 17 millones de euros que el Gobierno de la Generalitat adjudicó a la empresa Ferrovial (una constructora de la Ibex 35) para hacer el rastreo de contactos de Covid, una tarea que tendría que dirigir la atención primaria.

Y la situación de los hospitales no es mejor. Para paliar el déficit, desde el Departamento de Salud se quiere volver a reactivar la contratación de estudiantes de último curso de medicina y de enfermería, así como de personal médico ya jubilado. No obstante, ya nos podemos imaginar en qué condiciones se llevará a cabo, y que tal y como pasó con los profesionales que contrataron a la primera oleada, estos sean despedidos poco después.

Pero esta situación de precariedad ya existía de antes, por ejemplo, en el caso de enfermería, según datos de comienzos del 2020, el 15,7% de los puestos de trabajo en el Instituto Catalán de Salud los ocupan trabajadoras con contrato temporal. Aparte, tenemos que recordar que con los recortes se perdieron más de 2.400 profesionales sanitarios.

Todo esto sin contar todos los profesionales que están de baja y no se suplen. Y para el Gobierno de la Generalitat, ¿cuál es la mejor manera de solucionar este problema? Pues, negando el derecho de baja de profesionales sanitarios que hayan tenido contactos estrechos con una persona positiva de covid-19. Parece increíble, pero es muy cierto, y según el nuevo protocolo de la Generalitat, ya no podrán aislarse de manera preventiva durante diez días, sino que se tienen que someter a diferentes PCR, el primer día, el cuarto y el décimo; mientras, en la mayoría de los casos, continuarán a su puesto de trabajo. Con esta medida no solo se atenta contra su salud, si no que también es un factor de riesgo para una mayor propagación del virus.

Por otro lado, la carencia de personal sanitario puede empeorar todavía más en un futuro. Tal y como afirmaba el secretario general del sindicado Médicos de Cataluña en una entrevista en la Xarxa, “Durante los próximos 15 años hay la previsión de que se jubilen unos 12.000 facultativos en activo, sin que, de momento, se esté planificando como se hará el relevo generacional necesario”. En la misma entrevista afirmaba que “el sistema sanitario está escacharrado y solo se aguanta por el compromiso de los profesionales”.

Mientras tanto desde las direcciones de los hospitales se quejan de que no encuentran personal para efectuar nuevas contrataciones. ¿Y de qué se extrañan? ¿Quién querría trabajar con las condiciones de precariedad que están asumiendo a la actualidad? Tal y como afirmaban en el comunicado “#Conxorxis, por qué falta personal al sistema sanitario?” de la plataforma Sanitarias en lucha, “Los sueldos están congelados desde hace años, se hacen contratos precarios que obligan a no disfrutar de las vacaciones, se hacen 12 y 14 horas seguidas en un día, trabajando en el día siguiente sin que pasen las 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Los suplentes no tienen ningún derecho... Las enfermeras tienen que trabajar en salas covid con ratios escandalosas de hasta 15 pacientes, las TCAI como siempre tienen que llevar una sala entera ellas solas (24 enfermos)”.

Tal y como exponen en el mismo comunicado, una de las medidas que se podría tomar para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras podría ser rebajar los sueldos de los cargos directivos de los hospitales. Solo para poner un ejemplo, el director del Hospital Clínic tiene un sueldo de 110.769 euros, prácticamente el mismo que el de la consejera de salud. Y la gerente del ParcSalut Mar cobra unos 127.857 euros. Así mismo, también exponen que solo el personal directivo del Departamento de Salud representa el 21% del total de retribuciones previstas para el 2020.

Una muestra más de las consecuencias de un modelo de privatización encubierta que viene de lejos, ya de antes de que se aplicaran los recortes sanitarios, y que es heredero tanto de las políticas neoliberales de las legislaturas de CIU como del Tripartito y los gobiernos posteriores.

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Ante esto se vuelve imprescindible expropiar en su totalidad y de manera efectiva todos los recursos de la Sanidad Privada, sin ningún tipo de indemnización económica. Y poder crear una red 100% pública que esté bajo control de comités de trabajadoras y trabajadores de la sanidad y usuarios, con el asesoramiento de expertos, para garantizar que no se escatimarán recursos y una total transparencia de cuál es el uso que se hace de los mismos. Porque es insultante que, en plena pandemia, la prioridad sea mantener el negocio de la Sanidad Privada. Recordamos que el entonces presidente Quim Torra ofreció 43.000 euros, por paciente de Covid derivado a las UCIs privadas.

La Covid-19 está destapando las consecuencias más cruentas de estas políticas neoliberales y las paradojas de este sistema. Mientras faltan profesionales sanitarios y la sanidad pública está colapsada y desbordada para poder afrontar la pandemia, las patronales de la Sanidad privada están sacando rédito de esta crisis sanitaria. Pero el Gobierno de JxCat y de ERC, igual que lo hace el Gobierno central o el de las otras comunidades autónomas, seguirá culpando a la población del aumento de contagios para esconder no solo una gestión nefasta de la pandemia, sino lo que es un auténtico crimen social que ya ha dejado miles de muertes.

 
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