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La Izquierda Diario
14 de junio de 2021 Twitter Faceboock

VIVIENDA
Vicálvaro: los desahucios no cesan, la pelea por pararlos tampoco
Víctor Stanzyk | Madrid

El desahucio de Olga esta mañana en Vicálvaro no es el único en el mismo barrio madrileño. El 29 de marzo a las 10h en la calle Arroyo Juncal 20 está programado el desahucio de #ZairaSeQueda, sus 4 hijos y su marido, así como una concentración para frenarlo.

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Los desahucios proliferan por todo el Estado, pero en Madrid despuntan especialmente, donde ha habido al menos 500 oficialmente reconocidos (sin contar todos aquellos que se producen bajo eufemismo u bajo otra categoría con el fin de ocultar lo que en verdad son). Hoy nos despertamos con un nuevo caso.

La Prosil Acquisition S.A. (Luxemburgo) a través de su mano en España, HipoGes Iberia, adquirió viviendas de protección a precio de costo con el fin de revenderlas y ponerlas en alquiler a precios exorbitados. Los beneficios se imponen sobre la vida de quienes habiten esas viviendas, su vulnerabilidad y necesidad de un techo.

Una de estas personas afectadas, tal y como hemos podido saber por un comunicado esta mañana, ha sido Olga, una vecina de Vicálvaro, a quien un juzgado de violencia de género otorgó la casa para ella y sus hijos. El traspaso de deudas de su vivienda fue firmado por el propio Mariano Rajoy, concediendo su propiedad a HipoGes.

El fondo buitre exigió entonces el pago 161.000 euros para permanecer en la vivienda, una cifra a todas luces excesiva. Olga trató de negociar con la compañía inversora pero su respuesta ha sido negativa y esperan subastar la vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria, desahuciando a toda la familia, la cual lleva en el barrio más de 12 años.

Este no es el único caso. En el mismo barrio madrileño está programado el desahucio de Zaira, sus 4 hijos y su marido, así como una concentración para frenarlo el 29 de marzo a las 10h en la calle Arroyo Juncal 20.

Por su parte, y siguiendo la tendencia arriba descrita, la administración y el gobierno no han movido ni un dedo para impedir este atropello y sospechamos que su actuación será, en cambio, mandar a la policía a ejecutar la sentencia, algo a lo que nos tienen tristemente acostumbrados, demostrando una vez más que están a favor de las empresas frente a las familias trabajadores de los barrios populares.

En el país que, según Pablo Iglesias, se habían parado los desahucios gracias a su gobierno de coalición, el año pasado hubo más de 29.000 desahucios. El breve descenso que hubo al inicio del año con el Estado de alarma fue seguido de una nueva subida, de más de 7.000 desahucios en el tercer trimestre del año pasado y no impidieron un despunte de las procesos por impago de préstamo hipotecario, que ascendieron un 18%. La PAH denunció que, pese al leve descenso, resulta insuficiente sobre todo cuando la tendencia sigue en aumento.

Las esperanzas puestas en una prohibición definitiva de los desahucios desde las instituciones son banas. Los recovecos legales empleados por bancos y los fondos buitres, que se hacen cada vez más con activos a precio de coste con los que especular, son sólo la punta del iceberg. La actitud abiertamente contraria del PSOE a regular los precios y titularidades de la vivienda y la claudicación de UP a su socio bajo la excusa de responsabilidad y de pocos diputados impedirán cualquier tipo de paralización absoluta de los desahucios.

Lo hemos visto con la ley de los alquileres de Ábalos, que convirtió las prometidas ayudas al alquiler en incentivos y ganancias para los propietarios. Lo hemos visto en la fracasada negociación de una ley de vivienda que el PSOE: esta iba a verse limitada a aclarar ciertas condiciones civiles, referidas a la legitimidad del uso de la vivienda, reformulando sólo de forma muy leve las condiciones para el desahucio, pero en absoluto prohibiéndolo.

Esto ocurre al tiempo que hay más de 850.000 viviendas vacías en el Estado, al tiempo que suben los alquileres y el precio de la vivienda de forma estratosférica a la vez que bajan los salarios, aumentan los despidos y la precariedad laboral hasta límites insólitos (recordemos el más de 40% de paro juvenil y las pésimas condiciones laborales, contratos basuras y sobre explotación que sufrimos, además, acentuada por la pandemia).

La imposibilidad de independencia de los jóvenes y de sostener los gastos de la casa para los trabajadores de los sectores más pauperizados hace que la falta de actuación del gobierno “progresista” para resolver el problema de la vivienda sea más que inaceptable. Es casi un delito social.

Las plataformas Stop Desahucios y Resistiremos Vicálvaro han llamado a la movilización ante el inminente riesgo de desahucio y denuncia la completa pasividad del Estado. Es este un llamamiento que pone encima de la mesa la cruda verdad: que los desahucios no los para ni la policía ni un gobierno cómplice que protege los beneficios de las empresas. Sólo la solidaridad, la organización y la lucha en las calles puede frenar e imponer la prohibición de los desahucios.

 
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