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La Izquierda Diario
26 de noviembre de 2021 Twitter Faceboock

EXPOLIO
Esperpento y corrupción: así ocultó Esperanza Aguirre un cuadro de Goya
Víctor Stanzyk | Madrid

Varias familias entrelazadas de aristócratas terratenientes se reparten los puestos de gobierno en Madrid, ocultando al fisco un cuadro de Goya, valorado en millones. ¿De maravedíes? No, de euros. Aunque no lo parezca no es 1788, es el nuevo caso de corrupción que se le ha destapado a Esperanza Aguirre.

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Si no eran suficientes los múltiples casos de corrupción que perpetró y ocultó durante su gobierno, Esperanza Aguirre junto a su marido, Fernando Ramírez de Haro están protagonizando su propio fraude fiscal. En este caso, todo gira en torno a un cuadro de Goya: un excelente retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, marqués de Villanueva del Duero, hecho durante el momento más maduro del pintor aragonés.

Los pormenores del caso son dignos de una película de Berlanga, si no fuera porque la existencia de una casta noble y terrateniente, no digamos de un rey, en un país autodenominado democrático carece de gracia. Es así sobre todo si pensamos en que su riqueza no surge de un mero título, sino de tierras explotadas con mano inmigrante y sus propiedades y empresas sostenidas por trabajadores precarizados (recordemos al Duque de Alba buscando “Becarios gratis” para cuidarle el jardín), así como de las tretas y chanchullos para evadir el fisco.

Ha sido este último caso el que ha destapado el cuñado de Aguirre, que ha apuntado que el conde de Bornos se ha apropiado tanto de patrimonio familiar como cultural para revenderlo evadiendo los impuestos pertinentes. El caso sería irrelevante si sólo fuera una disputa entre nobles por el patrimonio familiar, pero lo cierto es que supone un ejemplo paradigmático de las vinculaciones tan estrechas que hay entre cargos políticos, una rancia pero inextinguible aristocracia y las empresas.

La casa de Bornos es una de las principales familias terratenientes y aristocráticas de España. Hablamos de un patrimonio de miles de millones que el suegro de Aguirre comenzó a donar a los que serían sus herederos. ¿Por qué donar? Porque la Comunidad de Madrid, para entonces gobernada por su nuera, había promulgado una ley por la cual si se hacía una donación oficial a familiares directos, el tributo de donaciones se rebajaba un 99%. De forma más gráfica: sólo se pagaba un 0.3% del valor de la propiedad donada, muy poco en comparación con el impuesto de sucesiones, que estaba rebajado un 95%.

La mala suerte quiso que muriera antes de poder “donar” los inmuebles artísticos: 59 obras de arte, retratos de sus antepasados, etc. Entre las que había un singular cuadro atribuido familiarmente a Goya. El matrimonio Bornos-Aguirre autentificó el cuadro y, con la excusa de que las deudas hostigaban los negocios de su marido, convenció al resto de la familia de vender ese patrimonio.

En 2015 recibieron la suma de 5.115.600 euros por el Banco Santander, según aparece, por haber vendido un cuadro familiar. Para entonces, Esperanza Aguirre quitaba hierro al asunto, asegurando que "El ingreso corresponde a la venta de un bien patrimonial de mi marido, que decidió vender para pagar parcialmente un crédito que tenía su sociedad, Savial, con el Banco Santander […] El importe se dedicó a amortizar ese crédito. Como muchos empresarios, mi marido tuvo que vender sus bienes para salvar su empresa".

El hecho es que el 8 de Abril de este año, su cuñado, Íñigo Ramírez de Haro presentó una querella contra su hermano alegando que el cuadro vendido era el Goya.

Este cuadro había sido tasado por la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s, quien recomendó vender dentro de España para evitar una devaluación del cuadro al ser incluido como obra de interés cultural o, en el peor de los casos, que no saliera de la frontera como protección del Patrimonio histórico y cultural. Para ello, Aguirre debía verificar el cuadro y a la vez que no estuviera contenido en la lista de bienes de interés cultural.

El cuadro fue evaluado por el Museo del Prado, quien no lo compró en una extraña maraña burocrática: para comprarlo debía pasar por el Patronato, el cual estaba formado, además de por empresarios y autoridades del museo, por la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. De igual manera, es obligación de la Comunidad de Madrid establecer la identificación y protección debida para los bienes de interés cultural, y Aguirre tapó el caso.

Finalmente, el cuadro fue vendido al Santander a través del empresario, que ya hubiera financiado ilegalmente al PP de Aguirre, Juan Villar Mir. Ni que decir que el cuadro sigue sin estar contenido como bien de interés cultural, por lo que fue vendido por un precio excedido respecto de la posible tasación de Patrimonio y está exento de las necesarias medidas de protección y restauración para conservar este tipo de bienes.

El cuñado de Aguirre alegó que este patrimonio familiar no había sido declarado como donación y es parte de una herencia. Esto perjudicaba, por un lado, al resto de herederos, porque este patrimonio debía repartirse a partes iguales. Sin embargo, lejos de esta disputa palaciega, lo interesante es que la tributación de esos bienes debía ser a través del impuesto de sucesiones.

Fernando Ramírez de Haro y Aguirre, para escapar a esta obligación para con el resto de la familia y el Estado, presentaron como defensa una supuesta “donación verbal” hecha por su suegro el 2006 en el que le daba en propiedad de los cuadros. Esto lo hacen con una escritura notarial fechada en 2012, dos años después de la muerte del donante, su suegro.

Ni que decir tiene que una escritura notarial post-mortem carece de peso legal. Por otra, si se hubiese donado en 2006, los impuestos (por mínimos que sean) no se habrían pagado, habiendo un fraude que, sumado a los intereses, puede ser cuantioso. Esta treta del matrimonio Aguirre parece más una elección de ilegalidad que una forma de salir del paso. No obstante, la diferencia es sustancial: de pagar 1,2 millones por el impuesto de sucesiones, han pagado apenas 26.000 euros amparándose en que era un donativo.

En total, han sido denunciados por estafa, blanqueo, apropiación indebida, delito contra Patrimonio histórico, falsedad documental y fraude fiscal. Todavía estamos lejos de ver en qué acaba esta disputa. Lo cierto es que, hasta ahora, el Estado ha perdido un pellizco millonario a las arcas y al menos un cuadro de interés cultural.

Como decíamos, este caso demuestra la absoluta interacción que las instituciones y los grandes capitales (en este caso una familia aristocrática) mantienen, no sólo en pos del fraude, sino para la destrucción y compra-venta de patrimonio cultural. Digno de denuncia es la privatización del patrimonio que debiera ser público por parte de empresarios y familias adineradas, tanto como lo es la existencia de nobleza que emplean el tráfico de influencia para situarse en posiciones de poder, gestionar y sangrar los bienes públicos con la legitimidad de las instituciones y las leyes, todo en pos de su beneficio al tiempo que lo hacen en perjuicio de las clases populares, humildes y trabajadoras.

 
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