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La Izquierda Diario
21 de octubre de 2021 Twitter Faceboock

Víctimas y familiares reclaman justicia
Entregan informe sobre violaciones a los DD. HH. durante el golpe de Estado en Bolivia
Juana Runa | Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes anunció que entregará el informe final sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sucedidos durante el golpe de Estado de octubre de 2019. Sin embargo el mismo será público recién en agosto. A más de un año y medio del golpe, familiares y víctimas de las masacres, heridos, detenidos y torturados continúan exigiendo justicia.

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El GIEI-Bolivia llegó al país a fines de noviembre del 2020. Es un grupo interdisciplinario acordado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 y tiene el objetivo de investigar las jornadas de resistencia popular al golpe de estado de octubre de ese año y la represión, masacres y torturas con las que respondió el gobierno de facto de Jannine Añéz.

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Luego de 8 meses de trabajo finalmente el GIEI anunció que hará la entrega de su informe este viernes 23 de julio. En medios de prensa difundieron que los representantes de esta instancia informaron que juntaron alrededor de 350 testimonios y que presentarán un “relato completo, veraz y equilibrado”.

En un primer momento se esperaba que el informe sea presentado en el mes de mayo. Sin embargo, se extendió el plazo por dos meses más debido a que el Gobierno y la CIDH habían considerado la necesidad de una prórroga con el fin de que se garantice el mayor recojo de información para que se establezca lo que “realmente sucedió”. Según fuentes oficiales el GIEI habría realizado un intenso trabajo en las ciudades de “La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro”.

Hay que señalar que por ejemplo el que lo sucedido en “Vila Vila” sea parte del recojo de información tiene que ver con las demandas de parte del bloque golpista. Se trata del lugar en el que supuestamente cooperativistas de esa zona habrían emboscado unos buses que desde Sucre se dirigían a La Paz y denunciaron que habían vejado a unas jóvenes estudiantes. Sin embargo, este supuesto hecho fue inmediatamente desmentido a través de un video en el que las supuestas jóvenes vejadas y desparecidas, desmintieron esa información indicando que se encontraban bien y que no les había pasado nada.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el Gobierno contará con 10 días hábiles, luego de recibir este 23 de julio el informe del GIEI, para revisarlo antes de hacer público su contenido. Según declaraciones de Lima, publicadas en La Razón, señaló que “en esos 10 días el Gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe” y que “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar” y estima que eso sería hasta aproximadamente el 5 de agosto. Así mismo Lima señaló que en algunas partes el informe tendrá carácter vinculante y en otras tendrá un carácter recomendatorio.

A vísperas de que se entregue el informe con las conclusiones sobre los hechos investigados y las recomendaciones para, lo que se espera, garantice justicia y resarcimiento para las víctimas, la oposición y los grandes medios -que fueron la voz del golpismo-, señalan que este informe tendría el objetivo de instalar la idea de que hubo un golpe de Estado. Es decir, como si fueran una idea o una narrativa las y los asesinados, detenidos, heridos y torturados por las fuerzas policiales y militares que tuvieron carta blanca para reprimir y masacrar.

Sin embargo, se hace cada vez más evidente que lejos de ser una “narrativa” el golpe de Estado es un hecho y dejó masacres y crímenes de lesa humanidad. Hay que decir que haciendo gala de un cinismo repugnante, uno de los que fuera artífice del golpe, como es el Secretario de la OEA, Luis Almagro, en una reciente reunión virtual del Consejo Permanente de la OEA pidió un minuto de silencio para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata. Pero más allá de este hecho que puede ser anecdótico, lo cierto es que se continúa revelando información que evidencia el rol decisivo que jugaron gobiernos de derecha de la región, además de Brasil y Estados Unidos, como fue el del ex presidente argentino, Mauricio Macri y del ex presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, con el envío de armas para la represión.

Ahora bien, lo que hace un espectro importante e influyente de la intelectualidad boliviana así como figuras representativas de las clases medias acomodadas y de partidos de la oposición es instalar la idea de que hablar de golpe de Estado es hacerle un favor al MAS y victimizarlo. Pero no hay que olvidar que el MAS con su cobardía y sistemática política de conciliación y negociación terminaron allanando el camino al golpe y con sus 2/3 en el Parlamento dándoles legalidad. Todo esto sin dejar de mencionar que en varias ocasiones varios de sus más importantes representantes y dirigentes, desde la ex senadora Eva Copa hasta el actual presidente Luis Arce, lo negaban.

En medio de todo esto, las víctimas de las masacres y torturas siguen bregando por justicia. Aunque el MAS con el caso golpe de Estado ha encarcelado algunos golpistas como Jeanine Áñez, dos de sus ex ministros y cuatro ex jefes militares, estas detenciones se dan en cuenta gotas.

A esto se suma que el MAS vuelve a repetir su política de injerencia, división y cooptación. De esta manera, mientras genera importantes expectativas en franjas de la población que ven algunas señales de que se está haciendo justicia, esto le permite avanzar en la cooptación de las asociaciones de víctimas.

Es en este marco, que hace unos días, la Directiva de las Víctimas de la Masacre de Senkata y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, a la cabeza de David Inca, han emitido un comunicado instando a los “partidos de derecha e izquierda” a que coadyuven para que las recomendaciones del GIEI-CIDH sean cumplidas.

Desde el ProDHCre (Organismo de Profesionales por los Derechos Humanos y Contra la Represión Estatal) también exigimos justicia y castigo. Sin embargo creemos que se hace cada vez más urgente y necesario impulsar la movilización y la más amplia solidaridad con las víctimas del golpe y sus familiares para que las demandas de justicia, juicio y castigo a los responsables, así como por la exigencia de reparación a las víctimas, no queden postergadas e incumplidas. Para ello es necesario que esta búsqueda y lucha por justicia sea con independencia tanto de la oposición que es la primera en buscar la impunidad de los responsables materiales y políticos de los crímenes de lesa humanidad pero también del MAS cuya "justicia" no sólo que avanza muy lentamente sino que, y cómo lo ha demostrado, está al servicio de sus afanes conciliadores y de sus negocios con los golpistas y no al servicio de los derechos e intereses de las clases populares y trabajadoras.

Este es el comunicado de la Directiva de las Víctimas de la Masacre de Senkata y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto ante la espera del informe del GIEI - CIDH

 
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